martes, 30 de octubre de 2018

BRASIL: LEVANTAR LA PROHIBICIÓN DE PORTAR ARMAS


        En un editorial el diario El Comercio (“La amenaza que se aproxima”, 20.10.18) formula varias críticas a Jair Bolsonaro, electo presidente del Brasil, algunas de las cuales comparto. No obstante, hay un asunto en el que creo se equivocan radicalmente. Dice:

“Y ya como candidato a la presidencia, el legislador ha planteado algunas propuestas peligrosas, como la de liberar la venta de armas a los civiles. Una mecha peligrosa que podría encender aun más a un país que registra tasas asfixiantes de homicidios (en el 2017, los asesinatos llegaron a la escalofriante cifra de 175 al día).

        En efecto, en Brasil se cometen actualmente más de 60,000 homicidios al año, una cifra pavorosa. Pero vincular eso con la “venta de armas a los civiles” es un error garrafal. Precisamente el Brasil es un ejemplo claro de cómo la prohibición del porte de armas a los civiles no ha mejorado en absoluto la seguridad ciudadana ni los indicadores de violencia.
        En el 2003, al principio del primer gobierno de Lula da Silva se promulgó el Estatuto del Desarme, una ley federal que prohíbe a civiles portar armas de fuego “salvo en casos en los que haya necesidad comprobada, permitir ese porte bajo estrictas condiciones y dejar abierta la posibilidad de suspender ese permiso”. En la práctica la prohibición fue prácticamente total.
        Pero eso no ayudó a mejorar la seguridad ciudadana, ni a disminuir la violencia, ni a reducir los homicidios que han seguido aumentando en los 15 años que tiene en vigencia la prohibición. Desde hace varios años existe un proyecto de ley para modificar el Estatuto de 2003 que es de esperar sea aprobado ahora.
        Una situación similar se presenta en México, uno de los países más violentos de la región, donde el porte de armas está prácticamente prohibido. No obstante, en 2015 se calculaba que había 13 millones de armas ilegales. (El País, España, 13.1.15). Típicamente latinoamericano, leyes durísimas y una floreciente ilegalidad e informalidad.
        Naturalmente, no se trata de incitar a los civiles armarse para enfrentar a los delincuentes. La seguridad es una responsabilidad del Estado y no de los ciudadanos. El punto es que los ciudadanos deben tener la posibilidad de adquirir armas legalmente y con requisitos razonables establecidos por la ley, para deporte, caza, colección o defensa. Prohibir -o restringir excesivamente- el derecho de los ciudadanos a poseer armas no mejora la seguridad pero si propicia la ilegalidad y la corrupción
       

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