El caso del individuo que asesinó a 4 personas e hirió a muchas más en Independencia, y luego fue abatido por un policía que no estaba en servicio, con su arma personal, está dando lugar a un debate donde se están diciendo muchas cosas fuera de lugar.
En primer lugar, el criminal, Eduardo Romero, tenía dos armas, una pistola Bersa -con la licencia vencida- y otra Beretta, sin licencia, según informaciones periodísticas. Como suele ocurrir, ahora algunas personas ingenuas dicen que si se prohibiera la venta de armas a civiles, el asesino no hubiera podido adquirir la Bersa. Pero igual habría cometido sus crímenes pues había conseguido la Beretta ilegalmente. Es decir, prohibir la venta legal de armas no habría evitado el incidente.
En segundo lugar, la licencia le fue entregada por la administración anterior de Sucamec, la más restrictiva de la que se tenga memoria. Durante el gobierno de Ollanta Humala, la absurda política fue tratar de prohibir la adquisición legal de armas. El resultado fue hacer la vida difícil para los que son respetuosos de la ley y a la vez, promover la informalidad. Los delitos y los asesinatos aumentaron en ese período, lo cual es una prueba palpable que restringir el uso legal de armas no disminuye la delincuencia.
En tercer lugar, la actual administración de Sucamec negó la renovación de la licencia a Eduardo Romero. Él presentó un falso certificado de trabajo y, como se ha comprobado ahora, también un falso certificado médico. Esto último es significativo, porque demostraría que no pudo obtener uno auténtico. Es decir, si se dio el trabajo y pagó el costo de falsificar un documento, significaría que no pudo pasar la prueba sicologica. Eso sería una evidencia que esas pruebas no son inútiles, como sostienen algunos. Aunque es verdad que esos certificados no son como los que se pueden emitir en Suiza y no las practica un Sigmund Freud criollo, si tienen utilidad, como lo demuestra el caso de Romero que tuvo que recurrir al ardid de falsificar un certificado.
Y si alguien argumenta que antes si pasó la prueba, es posible que en esa ocasión no tuviera los problemas mentales de los que adolecía ahora. En todo caso, sin bien las pruebas sicológicas que se practican ahora no son perfectas ni mucho menos, habría que compararlas, por ejemplo, con las que se hacen en la Policía o el Ejército.
Porque, en cuarto lugar, simultáneamente han ocurrido otros hechos similares. El fin de semana pasado, la sub oficial de la policía Carolina Santos fue asesinada de un balazo por su novio el alferez PNP Enrique Chipa en Ilo, luego de una discusión. El domingo, en Cusco, dos soldados del Ejército borrachos dispararon varias veces cuando fueron intervenidos por la policía, de milagro nadie salió herido. Entonces ¿se debería prohibir el uso de armas a policías y militares?
En suma, lo ocurrido en Independencia no debería llevar a reacciones histéricas y desmesuradas. Prohibir o restringir más de lo que ya está la venta legal de armas -para deporte, caza o defensa- no mejorará la seguridad ciudadana sino probablemente la empeorará porque incentivará la informalidad en un país informal como el Perú.
El hecho que un policía de franco, con su arma personal -se supone que no puede llevar el arma de reglamento cuando no está de servicio- haya parado a un criminal muestra lo adecuado del dicho: "la manera de parar a un hombre malo con un arma es un hombre bueno con un arma".
No se trata, por cierto, de propugnar que los ciudadanos se armen para enfrentar a los delincuentes. De ninguna manera. La seguridad ciudadana es una tarea del Estado y no de los particulares, y al Estado debemos reclamar que cumpla con su función. Pero el Estado tampoco debe prohibir que los ciudadanos puedan adquirir armas legalmente. Esa es además, la mejor manera de tener un control de las armas.
En primer lugar, el criminal, Eduardo Romero, tenía dos armas, una pistola Bersa -con la licencia vencida- y otra Beretta, sin licencia, según informaciones periodísticas. Como suele ocurrir, ahora algunas personas ingenuas dicen que si se prohibiera la venta de armas a civiles, el asesino no hubiera podido adquirir la Bersa. Pero igual habría cometido sus crímenes pues había conseguido la Beretta ilegalmente. Es decir, prohibir la venta legal de armas no habría evitado el incidente.
En segundo lugar, la licencia le fue entregada por la administración anterior de Sucamec, la más restrictiva de la que se tenga memoria. Durante el gobierno de Ollanta Humala, la absurda política fue tratar de prohibir la adquisición legal de armas. El resultado fue hacer la vida difícil para los que son respetuosos de la ley y a la vez, promover la informalidad. Los delitos y los asesinatos aumentaron en ese período, lo cual es una prueba palpable que restringir el uso legal de armas no disminuye la delincuencia.
En tercer lugar, la actual administración de Sucamec negó la renovación de la licencia a Eduardo Romero. Él presentó un falso certificado de trabajo y, como se ha comprobado ahora, también un falso certificado médico. Esto último es significativo, porque demostraría que no pudo obtener uno auténtico. Es decir, si se dio el trabajo y pagó el costo de falsificar un documento, significaría que no pudo pasar la prueba sicologica. Eso sería una evidencia que esas pruebas no son inútiles, como sostienen algunos. Aunque es verdad que esos certificados no son como los que se pueden emitir en Suiza y no las practica un Sigmund Freud criollo, si tienen utilidad, como lo demuestra el caso de Romero que tuvo que recurrir al ardid de falsificar un certificado.
Y si alguien argumenta que antes si pasó la prueba, es posible que en esa ocasión no tuviera los problemas mentales de los que adolecía ahora. En todo caso, sin bien las pruebas sicológicas que se practican ahora no son perfectas ni mucho menos, habría que compararlas, por ejemplo, con las que se hacen en la Policía o el Ejército.
Porque, en cuarto lugar, simultáneamente han ocurrido otros hechos similares. El fin de semana pasado, la sub oficial de la policía Carolina Santos fue asesinada de un balazo por su novio el alferez PNP Enrique Chipa en Ilo, luego de una discusión. El domingo, en Cusco, dos soldados del Ejército borrachos dispararon varias veces cuando fueron intervenidos por la policía, de milagro nadie salió herido. Entonces ¿se debería prohibir el uso de armas a policías y militares?
En suma, lo ocurrido en Independencia no debería llevar a reacciones histéricas y desmesuradas. Prohibir o restringir más de lo que ya está la venta legal de armas -para deporte, caza o defensa- no mejorará la seguridad ciudadana sino probablemente la empeorará porque incentivará la informalidad en un país informal como el Perú.
El hecho que un policía de franco, con su arma personal -se supone que no puede llevar el arma de reglamento cuando no está de servicio- haya parado a un criminal muestra lo adecuado del dicho: "la manera de parar a un hombre malo con un arma es un hombre bueno con un arma".
No se trata, por cierto, de propugnar que los ciudadanos se armen para enfrentar a los delincuentes. De ninguna manera. La seguridad ciudadana es una tarea del Estado y no de los particulares, y al Estado debemos reclamar que cumpla con su función. Pero el Estado tampoco debe prohibir que los ciudadanos puedan adquirir armas legalmente. Esa es además, la mejor manera de tener un control de las armas.
El abatido fue asesinado por este policia de franco de civil con su arma de uso personal. Como hombre preparado debio aplicar el protocolo, primero advertir al abatido que deje el arma en el piso y que dijera soy policia y mostrar su placa, si este no obedecia disparar al aire como medio de persuacion, si a pesar de eso se vuelve contra el y lo apunta recien debio dispararlo, pero eso no paso muy cobardemente se parapeto y disparo por la espalda eso es cobardia. Por otro lado su vida de este policia no estaba en peligro, no tenia porque dispararle, el abatido por las muertes producidas ya se habia ganado su cartcel de 30 años, tranquilamente el policia podria irse a la carcel, nuestra legislacion prohibe que personal militar y policia realicen intervenciones estando de franco, solo el de servicio esta facultado para intervenir y usar el arma respetando el protocolo, el objetivo es capturar vivo al abatido si este se resiste y dispara a la policia uniformada entonces si puede ser abatido, si no dispara y el arma esta en su mano no se le puede disparar, se le acorrala y se le trata de reducir, si suelta el arma se le detiene y luego de un debido proceso el juez lo sentencia o lo manda a un centro psiquiatrico, previo examen de medico legista, acuerdece de el operativo Chavin de Huantar, segun version de un reen cuatro terroristas se rendieron y hoy los comandos estan procesados por asesinato extrajudicial. Mi comentario esta basado en cuestiones de puro derecho, sin apasionamientos. en democracia y estado de derecho se actua con respeto a la constitucion y tratados internacionales, esto no es chacra de nadie. Si cambian la ley de que policias y militares de civiles pueden sacar a la calle estando de franco y realizar intervenciones, entonces este policia asesino, estaria excento de responsabilidad, pero por violar el protocolo de intervencion tambien podria ir preso ya que la mujerte producidfa es un exceso de la fuerza publica. Saludos señor rospigliosi, el caso es suegeniris.
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