Ha sido una muy buena decisión del Congreso aprobar por insistencia la ley que el gobierno comunista de Pedro Castillo se negó a promulgar. Esa norma reitera lo que ya estaba definido en la Constitución vigente, pero que con los típicos subterfugios falsarios, todas las izquierdas pretendían burlar para convocar una asamblea constituyente que instaure una dictadura chavista en el Perú.

No obstante, es muy temprano para cantar victoria como están haciendo algunos, creyendo que con la aprobación de esa norma el problema está resuelto, por la sencilla razón que los comunistas aupados en el gobierno no creen ni respetan ni la democracia ni la Constitución, solo fingen hacerlo hasta que tengan la fuerza necesaria para acabar con ellas.

La reacción de todos ellos ha sido clarísima. El siniestro comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde se expresan a nombre de todo el Gobierno, pretende desautorizar al Congreso por supuestamente haber actuado “a espaldas de la población”.

El Congreso es precisamente el representante de toda la población, porque allí, a diferencia del Poder Ejecutivo donde está encaramado un solo grupo político, están representadas las diversas tendencias que participaron en las elecciones.

Adicionalmente, como señalan todas las encuestas, la asamblea constituyente y el cambio de la Carta no son respaldados sino por una pequeña minoría.

El malévolo pronunciamiento de PCM dice también, con inigualable cinismo, que el Congreso ha vulnerado la democracia, la Constitución y el equilibrio de poderes, al aprobar por una amplísima mayoría una ley que solo reitera lo ya instituido y cierra el camino al intento dictatorial.

Es decir, están haciendo claramente explícitos los pretextos que argüirían cuando cierren el Congreso y establezcan una dictadura, si es que tienen la fuerza necesaria para hacerlo.

El individuo que ocupa Palacio dice, en la unánimemente criticada entrevista en un semanario, que el Congreso le ha cerrado “las puertas a la voluntad de la gente”. Otra falsedad, por supuesto. La “voluntad de la gente” de la que habla es solo la voluntad de los comunistas. Se trata, nuevamente, del intento de deslegitimar una decisión democrática, constitucional y legal para justificar luego, si tienen el poder para hacerlo, la destrucción de la democracia.

Se ha ganado solo una batalla, no hay que olvidarlo. 

Otrosí digo. Todo indica que el desastre ecológico producido por Repsol fue producto de la negligencia de la empresa. Adicionalmente, no actuó a tiempo para mitigar el impacto del derrame y no ha dicho la verdad en sus comunicaciones.

El Estado debería obligar a la empresa a remediar el daño causado y a pagar una multa muy fuerte, como sanción que sirva de ejemplo y que tenga un efecto disuasivo sobre todas las empresas, para que incluyan estrictos protocolos que eviten este tipo de incidentes.

Por último, ha sido nauseabundo el intento del Gobierno y algunos de sus secuaces parlamentarios de aprovechar la ocasión para sacar provecho político en lugar de dedicarse a trabajar soluciones eficaces.

Expreso