CORRUPCIÓN EN SUCAMEC

 Fernando Rospigliosi

        El año pasado denuncié que funcionarios ineptos o corruptos de Sucamec habían otorgado irregularmente licencias de armas y tarjetas de propiedad para adquirir 126 rifles y pistolas a dos individuos que luego las habían declarado perdidas. Obviamente, esas armas fueron desviadas ilícitamente a la delincuencia.

A partir de allí, algunos funcionarios, en particular el coronel PNP (r) Ronald Rejas, Gerente de Armas de Sucamec, han desarrollado una intensa campaña de mentiras en los medios de comunicación, sosteniendo que ellos no son responsables, que fue en una gestión anterior que eso ocurrió y que la culpa la tiene la ley de armas que les obliga a entregar licencias y tarjetas de propiedad sin límite a todo aquel que las pida.

El caso que denuncié es el del chofer de combi Aljemiro Sobrado Meza que, autorizado de manera inexplicablemente veloz por Sucamec, se hizo de 34 carabinas .223 y 24 pistolas de 9 mm, y de Rudy Fernández Delgado que adquirió, con similar rapidez, 37 carabinas .223 y 31 pistolas de 9 mm. Ambos declararon poco después que todas las armas se les habían perdido.

Los funcionarios de Sucamec mienten cuando dicen que estos casos de escandalosa corrupción fueron en gestiones anteriores. El actual superintendente, general PNP (r) Teófilo Mariño fue nombrado el 22 de diciembre de 2022 y Rejas el 6 de enero de 2023 como Gerente de Armas, aunque también trabajaba en Sucamec en otra gerencia desde marzo de 2022. En su actual gestión, Rejas autorizó 24 tarjetas de propiedad a Aljemiro y 17 a Rudy.

Es decir, los actuales funcionarios son responsables directos del trasiego de armas a la delincuencia.

Esto se comprueba, además, por la campaña de falsedades que han desarrollado en los medios de comunicación. Nunca han admitido la responsabilidad de Sucamec –aunque sea de gestiones anteriores- en el tráfico de armas. Siempre han engañado tratando de ocultar la negligencia de Sucamec y culpando a la ley.

La falsedad de este argumento se demuestra fácilmente. Desde que estalló el escándalo, ya no han otorgado centenares de autorizaciones a Aljemiros, porque saben que están siendo observados. Es decir, con la misma ley, hoy día, ya no hay individuos que obtienen licencias para comprar 70 u 80 armas.

La actual ley fue aprobada en enero de 2015 y entró en vigencia al año siguiente. Pero el problema solo se produjo entre 2021 y 2023, durante los gobiernos de Francisco Sagasti, Pedro Castillo y al comienzo de Dina Boluarte.

En un breve lapso se importaron con autorización de Sucamec, unos 2000 rifles .223 (AR 15). De ellos, 1,919 fueron importados por tres empresas de dudosa reputación, autorizadas para funcionar por Sucamec. (Una trajo 780, otra 577, otra 562).

Era evidente que en el Perú no hay un mercado de cazadores y tiradores deportivos que compren cientos de esas carabinas en tan corto tiempo. Los ineptos o corruptos funcionarios de Sucamec se hicieron de la vista gorda y autorizaron esa más que sospechosa importación, sin chistar.

Y luego, generosamente, otorgaron cientos de licencias y tarjetas de propiedad para comprar armas idénticas a sujetos que evidentemente no tenían la capacidad económica ni justificación alguna para adquirirlas.

Ahora esto es un escándalo internacional porque parte de esas armas han sido contrabandeadas a Ecuador. Los Estados Unidos han suspendido la venta de armas y municiones al Perú. En el último operativo donde allanaron una de esas empresuchas de fachada, participaron oficiales del Homeland Security Investigation de los EEUU.

Y los sinvergüenzas de Sucamec, causantes de este problema, tratan de ocultar su responsabilidad culpando a la ley y agrediendo a quién los ha denunciado. Ayer 14 de marzo, la Sucamec emitió un comunicado atacándome directamente a mí, precisamente cuando yo intervenía en el Congreso, durante la interpelación al ministro del Interior, denunciando los hechos señalados más arriba y demandándole que reorganice la Sucamec y denuncie a los malos funcionarios.

Los funcionarios corruptos incluso han sorprendido a la presidente Dina Boluarte, que ha anunciado que propondrá cambios en la ley de armas, que es precisamente el argumento de esa red de corrupción, para desviar la atención y evadir su responsabilidad.

Es de esperar que el ministro del Interior actúe de inmediato, si realmente quiere combatir a la delincuencia y evitar el tráfico de armas. En los hechos se le conocerá.