Reparando y apoyando a delincuentes

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Reparando y apoyando a delincuentes

 

        El Gobierno de Francisco Sagasti ha creado por resolución suprema (271- Minjus) una comisión para realizar “acciones a favor de los deudos de las personas fallecidas y de las personas que sufrieron lesiones de gravedad en las movilizaciones” de noviembre y diciembre.

        Esa comisión debe supervisar las “medidas referidas a la atención en materia de salud física y mental, para los deudos de las personas fallecidas, así como para las personas que sufrieron lesiones de gravedad y sus familiares directos” y también los beneficiarán con “medidas en materia de educación, trabajo, seguridad, entre otras”.

        Se refiere, por supuesto, a los familiares de los dos jóvenes delincuentes -uno sentenciado por hurto agravado y otro con antecedentes policiales por micro comercialización de drogas-, que lamentablemente fallecieron durante los violentos incidentes en Lima contra el Gobierno de Manuel Merino.

        Es inaudito e indignante que el Gobierno de Sagasti de por hecho que existe una responsabilidad del Estado -específicamente de la Policía Nacional- en esos sucesos que, para empezar, se efectuaron cuando estaba vigente el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno de Martín Vizcarra, que prohibía explícitamente toda concentración y manifestación. Es decir, los que participaron en esos sucesos estaban violando claramente la ley, no importa cuales fueran sus motivaciones o intenciones. ¿Puede el Estado establecer reparaciones y ayudas a los que violaron la ley?

        Peor aún, los que murieron o resultaron heridos, estuvieron en los lugares en que los manifestantes violentos atacaron a la policía, que los repelió con gases y perdigones de goma. Los policías no son locos o asesinos, no usaron armas no letales donde había personas que marchaban pacíficamente. Las utilizaron cuando se vieron agredidos por una turba salvaje que los atacaba con piedras, artefactos pirotécnicos y objetos contundentes. Muy probablemente se trataba de barras bravas, que en estos casos se movilizan cuando alguien las remunera.

        Ningún protestante pacífico participó, obviamente, en ese ataque a la policía ni se expuso al peligro de recibir una pedrada o un explosivo de los propios violentistas.

        Carece de sustento la leyenda que han fabricado en torno a los dos jóvenes delincuentes que desdichadamente murieron, presentándolos como “luchadores por la democracia”. ¿Alguien puede creer que estaban allí enfurecidos por la presencia de ministros conservadores, de los que seguramente no habían escuchado hablar en su vida? ¿Además de los antecedentes penales y policiales, tienen historiales de un vivo interés en la política democrática que los llevara a protestar y estar en lugares donde se atacaba a la policía?  ¿O estaban allí por otras razones?

        Aquellos que agredieron a la policía cometieron un delito claramente tipificado en la ley, específicamente en los artículos 366° y 367° del Código Penal, que tratan de la violencia contra la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Cuando “el hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas” se sanciona con una pena no menor de ocho ni mayor de doce años de prisión.

        No cabe duda que los que agredieron violentamente a la policía, como lo demuestran los videos y fotos de los incidentes, están incursos en esos delitos, son delincuentes.

        A ellos son los que va a reparar, apoyar y patrocinar el Gobierno de Sagasti.

        En el acto de toma de posesión, Sagasti invitó al Congreso a los familiares de los jóvenes delincuentes que desgraciadamente fallecieron en las manifestaciones violentas. Una clara señal de a quién respalda, protege y favorece su Gobierno.

        No invitó, naturalmente, a ningún familiar ni compañero de los más de quinientos policías que han muerto en cumplimiento de su deber por el coronavirus. Para ellos no hay reparaciones, elogios oficiales, romerías, ni muestra en el LUM.

        No cabe duda de cuál es la naturaleza y la perspectiva de este Gobierno.