Un éxito del
gobierno
Fernando Rospigliosi
En gobierno ha tenido resultados
espectaculares en minería. Ha logrado paralizar en pocos meses a dos de las
minas más grandes del mundo, cosa que nadie había podido hacer. Antamina y
luego Las Bambas, tuvieron que detener sus operaciones por bloqueos efectuados
por grupos aliados y protegidos del gobierno.
En el caso de Las Bambas, según algunos
entendidos, ha dejado de producir aproximadamente un 25% de lo que podría haber
alcanzado el 2021 debido a las continuas interrupciones provocadas por
extorsionadores, según los ha definido acertadamente Jaime de Althaus.
Esos extorsionadores han sido alentados
y protegidos -al igual que los que incendiaron Apumayo y atacaron otras
operaciones mineras en Ayacucho-, por el gobierno, en particular por el
indescriptible ministro de Energía y Minas y, sobretodo, por la anti minera
Mirtha Vásquez, ubicada como Presidenta del Consejo de Ministros (PCM) por
Pedro Castillo y el poderosísimo lobby caviar. Y la complicidad –no hay que
dejar de mencionarlo- de importantes sectores empresariales que recibieron con
indisimulado entusiasmo a esa enemiga de la minería y la inversión privada en
la PCM.
Todo el coro caviar no solamente la
respaldó sino destacó sus supuestas virtudes para el cargo. En realidad, esa
señora carece por completo de cualidades políticas y capacidades de gestión que
la habiliten para los cargos que ha ocupado -¡increíblemente fue también
presidenta del Congreso impuesta por la coalición vizcarrista, apoyada por el
empresariado!-, salvo, por supuesto, ser una típica exponente de la mediocridad
izquierdista encumbrada y realzada por los medios de comunicación influidos por
los caviares.
El acta suscrita por Vásquez el 30 de
diciembre para reanudar las operaciones de Las Bambas es de antología. Además
de conceder varias demandas de los extorsionadores y hacer vagas promesas que
probablemente no se cumplirán y provocarán nuevos bloqueos, el gobierno se
compromete a defender a los violadores de la ley. El punto 6 dice que el Ministerio de Justicia defenderá a los culpables
de cometer delitos como el bloqueo de carreteras y el uso de la violencia, es
decir, “a los denunciados en el marco de los conflictos sociales con el
objetivo de lograr su archivamiento”.
Así el gobierno que es, según la
Constitución, el encargado de hacer cumplir la ley, se encargará de ayudar y
proteger a los que violan la ley.
Para reforzar tamaña barbaridad. El
punto 7 de esa acta señala que la PCM y los ministerios de Justicia e Interior
tratarán de “no impulsar las denuncias preventivas presentadas contra algunos
dirigentes sociales de las comunidades”, es decir, los extorsionadores.
El suma, el aparato del Estado puesto al
servicio de los delincuentes que han bloqueado carreteras y realizado actos
violentos, claramente tipificados en el Código Penal.
Las consecuencias son obvias: muchos
otros se verán alentados a realizar acciones similares, con la certeza que
quedarán impunes y obtendrán ganancias.
Las pérdidas de las empresas mineras han
sido muy altas y, en consecuencia, también las del erario nacional que ha
dejado de cobrar impuestos, los gobierno regionales y municipales que recibirán
menos canon y la economía nacional que recibe menos dólares en momentos en que
se ha producido la más grande salida de moneda extranjera de la historia.
En conclusión, un éxito espectacular de
Castillo, Vásquez y sus secuaces que pretenden liquidar la inversión minera y
hundir al país en el caos.
El Reporte 2/1/22
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