sábado, 29 de enero de 2022

Falsificación histórica


Falsificación histórica

La película “Múnich en vísperas de una guerra”

Fernando Rospigliosi

 

        Una popular película en Netflix recién estrenada, concluye con una burda falsificación histórica, pretendiendo vender una idea nefasta, acorde con la corrección política actualmente dominante en Occidente: el apaciguamiento es la política adecuada para enfrentar a los tiranos totalitarios –o a los aspirantes a dictadores, o los fanáticos terroristas-.

        El film “Múnich en vísperas de una guerra”, recoge la verdad histórica cuando describe la situación en Alemania previa al acuerdo de Múnich. Adolfo Hitler se disponía a invadir Checoeslovaquia y el alto mando militar, consciente que eso llevaría a una guerra que su país perdería de todas maneras, estaba dispuesto a derrocar al tirano. Cuando Hitler ordenara la movilización, darían el golpe.

        Pero las cosas salieron de otra manera. El premier británico Neville Chamberlain indujo a Benito Mussolini (aliado de Hitler que tampoco quería la guerra) a impulsar un acuerdo para desmembrar Checoeslovaquia, complacer a Hitler y, supuestamente evitar el conflicto.

        Así, los jefes de gobierno de Gran Bretaña, Francia e Italia visitaron a Hitler, en Múnich y el 30 se setiembre de 1938 firmaron un vergonzoso acuerdo, sin la presencia de los checoeslovacos, mediante el cual entregaban los Sudetes, una parte del territorio de Checoeslovaquia con población alemana, a Hitler. De esa manera creyeron, estúpidamente, que podían apaciguar al monstruo.

        El ex alcalde de Birmingham, un educado y más bien cándido caballero inglés, volvió a su país y cuando bajó del avión exhibió un papel -una escena famosísima que la película no destaca suficientemente- con la firma de Hitler, afirmando que había conseguido así asegurar la paz para Europa y el mundo. Un papel que para el matón inescrupuloso que lo había suscrito no valía absolutamente nada.

        Pero el éxito de Hitler en Múnich –aunque él hubiera preferido arrasar con toda Checoeslovaquia de inmediato- tuvo también otra consecuencia: fracasó el plan de los militares para derrocarlo. Si no había guerra en ese momento, no había justificación para el golpe. Por el contrario, Hitler salió enormemente fortalecido por la torpe y vergonzosa decisión de Chamberlain y los franceses de ceder a sus ambiciones, lo cual le dio impulso para seguir adelante con sus siniestros planes que finalmente llevaron a la II Guerra Mundial.

        Hitler inmediatamente engulló los Sudetes y, como era de esperarse, poco después, el 15 de marzo de 1939, se apoderó del resto de Checoeslovaquia, ya indefensa militarmente y abandonada por la cobardía de los aliados.

        Una frase final en la película en mención, es una mentira grosera que pretende convencer al público de la virtud del apaciguamiento: “El acuerdo de Múnich les dio tiempo a Gran Bretaña y sus aliados para prepararse para la guerra y así derrotar a Alemania”.

        ¡La verdad histórica es exactamente la contraria! Ese tiempo le permitió a Hitler fortalecer la Wehrmacht, las fuerzas armadas alemanas, y además apoderarse de la industria checoeslovaca que tenía una de las principales fábricas de armas de Europa, la Skoda. Y pudo consolidar su poder en Alemania, que era cuestionado por conspiradores militares y civiles. (Entre los muchos estudios, ver por ejemplo uno reciente del historiador británico Tim Bouverie, “Apaciguar a Hitler: Chamberlain, Churchill y el camino a la guerra”, 2021).

        Por el Tratado de Versalles (1919), Alemania solo podía tener un ejército minúsculo –máximo 100,000 efectivos-, sin tanques ni carros blindados, no podía tener una fuerza aérea y solo una marina de guerra reducida, sin submarinos, ni acorazados, ni portaviones. También se disolvió el Estado Mayor, pieza fundamental de la máquina de guerra alemana desde principios del siglo XIX.

        Aunque los militares alemanes habían burlado algunas restricciones, su fuerza armada fue insignificante en términos cuantitativos hasta 1936, en que Hitler desconoció el Tratado de Versalles y empezó a rearmarse. Pero ese era un proceso que requería mucho tiempo. Tenían que diseñar y construir tanques, aviones y submarinos. Y, sobre todo, tenían que entrenar y equipar a millones de hombres.

        Prácticamente todos los países europeos –salvo Gran Bretaña- tenían servicio militar obligatorio. Por tanto, contaban con millones de reservistas entrenados que podían ser llamados a filas rápidamente e incorporarse a sus fuerzas armadas. Y contaban con el equipamiento bélico necesario para abastecer esas enormes fuerzas armadas.

        Por eso al único que favoreció el pacto de Múnich en setiembre de 1938 fue a Hitler, que sí necesitaba tiempo para mejorar la capacidad de la Wehrmacht.

        Todos los estudios históricos coinciden que Hitler no tenía ninguna posibilidad de derrotar a los aliados cuando ocupó la zona desmilitarizada de Renania en marzo de 1936. Por el Tratado de Versalles, esa región, fronteriza con Francia, no podía contar con tropas alemanas. Hitler irrumpió con una pequeña fuerza militar y Francia no reaccionó. Consciente de su debilidad, la orden del mando alemán era que si la tropas francesas se movilizaban, ellos deberían replegarse inmediatamente. Pero eso no ocurrió.

        Hitler se dio cuenta entonces que podía atemorizar a los aliados con golpes de mano. Y eso, a su vez, lo fortalecía internamente y le permitía consolidar su dominio sobre las fuerzas armadas.

        El 1 de setiembre de 1939 invadió Polonia, lo que desencadenó la guerra. El 10 de mayo de 1940, más de un año y medio después de Múnich, invadió Francia y la Wehrmacht derrotó en seis semanas a franceses y británicos a pesar que era inferior en número de soldados, y también tenía menos aviones, cañones y tanques que los aliados. (Ver el excelente libro del alemán Karl-Heinz Frieser, “El mito de la blitzkrieg. La campaña de 1940 en el oeste”).

        Y los tanques alemanes, la estrella de esa campaña, eran inferiores en blindaje y poder de fuego a los aliados. La gran diferencia es que estaban mejor comandados y su estrategia y tácticas eran superiores. (Winston Churchill reconocía en privado que los alemanes eran mejores combatientes que británicos y aliados, y que en proporción 1 a 1, ganaban los alemanes. Ver por ejemplo el libro del historiador británico Max Hastings, “Overlord. El día D y la batalla de Normandía. 1944”).

        Recién cuando invadieron la Unión Soviética, en 1941, y se enfrentaron al excelente tanque mediano T 34 (al que derrotaron al principio gracias a sus tripulaciones fogueadas en combate y mejor comandadas), los alemanes empezaron a fabricar nuevos blindados capaces de enfrentarlo. Los Tiger y Panther recién empezaron a producirse en 1942 y 1943 y en ocasiones algunos modelos fueron puestos en acción antes de haberse probado para corregir los defectos, como ocurrió en la batalla de Kursk, en julio de 1943, el más grande enfrentamiento de blindados de la historia, donde muchos de los nuevos tanques alemanes quedaron fueran de servicio por fallas mecánicas.

        Así pues, es absolutamente falso que Múnich y la política de apaciguamiento fueran favorables a los aliados y les permitieron mejorar su capacidad bélica. Por el contrario, todos los análisis posteriores concuerdan en que la fuerza militar alemana, por lo menos hasta 1938, era inferior a la de los aliados y que si hubiera habido firmeza de parte de Gran Bretaña y Francia, se habría podido detener a Hitler y evitar la catástrofe de la II Guerra Mundial.

        En suma, una nueva y peligrosa falsificación -estilo caviar- de la historia, que intenta presentar como una verdad justamente lo que es una reconocida falsedad, y convertir en héroe a quien fue, por su ingenuidad y pusilanimidad, uno de los grandes responsables de la mayor conflagración en la historia de la humanidad.

Por fortuna la clase política británica tuvo la sensatez de nombrar jefe de gobierno a alguien completamente diferente, Winston Churchill, precisamente el 10 de mayo de 1940, con lo cual dispusieron de un líder que pudo encabezar a su nación, resistir la ofensiva y alzarse con la victoria.

 

 

jueves, 27 de enero de 2022

I(3) + C + SL

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

I3 + C + SL

 

        La entrevista de Fernando del Rincón a Pedro Castillo confirmó lo que se sospechaba, que el individuo que ocupa la presidencia no daba entrevistas ni conferencias de prensa porque es absolutamente incapaz de responder coherentemente las interrogantes más elementales sobre su desempeño en el gobierno.

En cualquier gobierno democrático el presidente se comunica con los ciudadanos a través de los medios de comunicación que le plantean preguntas que transmiten las inquietudes de la gente. En este caso existe un dilema insoluble: Castillo no puede contestar las interrogantes más elementales y tampoco puede permanecer siempre en silencio, realizando de cuando en cuando demagógicas arengas de plazuela o balbuceando incoherencias cuando lee -con errores- discursos que le han preparado.

Del Rincón puso el dedo en la llaga cuando preguntó, por ejemplo, sobre los desastrosos nombramientos que ha hecho -y sigue haciendo- Castillo desde el primer día. No pudo contestar porque nombro ministros a sujetos vinculados a Sendero Luminoso como Iber Maraví o Guido Bellido, o al antiguo terrorista Héctor Béjar. Tampoco dijo porque salieron del gobierno.

El asunto es que nunca pudo justificar esas designaciones, jamás explicó a los ciudadanos porque los nombró y tampoco nunca aclaró porque los expectoraron. Esa es una constante en el desempeño de Castillo, no solo para los nombramientos y ceses, sino para absolutamente todas las acciones que ha realizado el gobierno. No es capaz de explicar por qué aumenta la deuda pública, por qué permiten que bloqueen carreteras y cierren minas, porque quieren declarar el estado de emergencia para -supuestamente- combatir la delincuencia (esa pregunta se la hizo un periodista peruano en una indescriptible conversación y lo que dijo fue un galimatías ininteligible), ni porque quiere cambiar la Constitución.

Su absoluta ignorancia se evidenció cuando, confrontado por Del Rincón sobre su intervención en un evento el cual coreaba “mar para Bolivia”, se negó a ratificar -o rectificar- ese disparate y sostuvo que “el pueblo decidiría”, su muletilla para tratar de justificar las incontables sandeces que emite todos los días. Ese sujeto no sabe que hay cosas sobre las que “el pueblo” no puede decidir, como la integridad territorial. Tampoco se podría poner a consideración del “pueblo” algo como las leyes de Núremberg que los nazis aprobaron en 1935 para perseguir a los judíos. Es incapaz de entender algo tan elemental, que toda persona que aspira al cargo político más modesto debe saber.

Mintió cuando se negó a responder las preguntas sobre Venezuela. En los hechos ha cambiado la política exterior peruana designando un embajador en Venezuela y recibiendo al de Nicolás Maduro. Pero fue tan cobarde que no lo admitió explícitamente.

No puede explicar nunca nada coherentemente por una combinación de las tres I aludidas en el título de este artículo: es un ignorante, inepto e incapaz. No se trata de insultos ni de adjetivaciones gratuitas sino de descripciones exactas de las características del individuo que ocupa Palacio.

Ignorante: Que ignora o desconoce algo. Que carece de cultura o conocimientos.

Inepto: No apto ni a propósito para algo. Necio o incapaz.

Incapaz: Que no tiene capacidad o aptitud para algo. Falto de talento.

        A lo cual hay que sumar la C de corrupción.  No solo ha nombrado a funcionarios involucrados en casos de corrupción sino que él mismo esta implicado directamente en varios hechos aparentemente delictivos, como la relación con Karelim López y el contrato millonario de una empresa constructora que asesoraba o los oscuros negocios de Petroperú. En estos casos se contradijo y no pudo aclarar ninguna de las imputaciones.

        En suma, comprobadamente ignorante, inepto e incapaz, presuntamente corrupto (tampoco hay que olvidar que llegó al gobierno como miembro de y financiado por un partido que la fiscalía define como organización criminal, los dinámicos del centro) y definitivamente relacionado con Sendero Luminoso como lo demuestran las investigaciones de la Dircote desde 2017, y los nombramientos de ministros y prefectos vinculados a ese grupo.

        No hay duda que la única alternativa para evitar el descalabro del Perú es vacar a ese individuo y a su gavilla.

      Lampadia, 27/1/22

lunes, 24 de enero de 2022

La inseguridad sin solución

 La inseguridad sin solución

Fernando Rospigliosi

 

        Mientras las distintas facciones izquierdistas disputan a dentelladas los despojos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, los robos y asesinatos aumentan sin pausa.

        Como se advirtió desde el principio, Perú Libre no tenía ninguna propuesta para la seguridad ciudadana ni equipo para afrontar los complejos problemas que requieren solución. Lo que está ocurriendo no debería sorprender a nadie.

        Tres ministros del Interior en los primeros meses de desgobierno es solamente una de las consecuencias de esa carencia de propuesta y equipo.

        La situación se agrava por la bronca de las varias facciones que pelean por los puestos en el Mininter y la PNP, y por utilizarlos en función de sus intereses particulares.

        Vladimir Cerrón y sus secuaces tienen fuertes vínculos con el jefe de la Policía y están preocupados por los resultados de las investigaciones a lo que la fiscalía ha definido como una organización criminal, los “dinámicos del centro”. La enorme influencia que detentan les permitió que los únicos cinco miembros de su gavilla sobre los que se concedió orden de captura pudieran fugar tranquilamente, a vista y paciencia de todo el mundo.

        Pedro Castillo ha colocado como prefectos a miembros de su organización, el Fenate, uno de los organismos generados de Sendero Luminoso (facción de Abimael Guzmán), que ahora realizarán labores de agitación política –es lo único que saben hacer-, pagados con los impuestos de todos los peruanos y protegidos por la autoridad que les ha otorgado el Mininter. Avelino Guillén se ha prestado sin chistar a este juego perverso justificando esos nombramientos con el pretexto de que no tienen sentencia

        Castillo también está interesado –junto a otros como Guillermo Bermejo y Guido Bellido-, en obstaculizar el trabajo y finalmente desactivar unidades como la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), que es la que ha realizado las investigaciones que los ha desenmascarado y, eventualmente, posibilitado su procesamiento.

        Los caviares quieren puestos en el Mininter para seguir prendidos de la ubre estatal y ahora, con Guillén, están regresando, otra vez.

        En esta barahúnda lo que menos les interesa a las facciones en disputa es la seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico y los remanentes terroristas del Vraem o la institucionalidad de la Policía.

        Para empeorar las cosas, el inepto Guillén ahora pretende involucrar a las FF.AA. en tareas de seguridad ciudadana: “Estamos de acuerdo de que las FF.AA. salgan a patrullar y vigilar lugares públicos, dependencias públicas” y también que la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales) salga a patrullar los conos de Lima. (“Expreso”, 15/1/22). Además, quiere restringir el uso de motocicletas y mototaxis.

        Es decir, las típicas medidas populista e ineficaces a las que recurren los incapaces cuando no entienden el problema ni tienen idea de cómo enfrentarlo.

        Por si fuera poco, el Congreso ha aprobado una moción para declarar el Estado de Emergencia en Lima supuestamente para luchar contra la inseguridad (80 contra 22 y 17 abstenciones). Restringir aún más las libertades ciudadanas sin ningún fundamento ni plan para combatir la delincuencia.

        En suma, van a seguir usando el Mininter y la PNP para sus siniestros intereses, liquidando la institucionalidad, mientras la delincuencia de todo tipo va a seguir campeando en el país.

El Reporte 16/1/22

       

Los valederos de Zoraida

Los valederos de Zoraida

Fernando Rospigliosi

 

        El comportamiento de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos no debería sorprender a nadie. Su absurda decisión de postergar la indispensable investigación a Pedro Castillo hasta el 2026 pretende protegerlo y evitar que se conozca la verdad sobre sus presuntos actos de corrupción, que han sido aireados por la prensa independiente y también por el procurador Daniel Soria.

        Zoraida Ávalos nunca debió ocupar ese cargo, no solamente porque carece de la competencia e idoneidad necesaria, sino porque su ingreso a la junta de fiscales supremos fue completamente irregular, producto de una maniobra corrupta, según fue denunciado en su momento por varios periodistas en reportajes de investigación. Ella fue luego elevada al máximo cargo en el Ministerio Público por una alianza mafiosa de caviares y Martín Vizcarra, con el respaldo de muchos medios de comunicación, situación que reseñé en un artículo publicado hace tres años. Es importante recapitular ahora esos antecedentes:

        “Caben pocas dudas de que la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos será una magistrada complaciente con el gobierno de Martín Vizcarra. Ella ha llegado a ese puesto gracias a la campaña que el gobierno y sus aliados desarrollaron contra Pedro Chávarry y tiene rabo de paja, lo que la hace vulnerable en caso que quiera salir del carril que le han trazado.

        Ávalos se convirtió en fiscal suprema en 2012 en una trama que Ricardo Uceda describió como una maniobra urdida en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir al cuestionado Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación. El CNM designó a Zoraida Ávalos y Nora Miraval, dos personas que no tenían los méritos necesarios y, en efecto, Ramos Heredia, con el voto de ellas se convirtió en fiscal de la Nación. Ramos no duró ni un año en el cargo. A fines de 2014 fue suspendido y luego destituido por el propio CNM por sus vínculos con la mafia de César Álvarez, entonces gobernador regional de Ancash.

        Vale la pena recordar lo que decía Ricardo Uceda en ese entonces sobre la corrupción en los organismos del sistema de justicia. “Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público pertenece al tipo de corrupción que no se encuentra necesariamente penado por la ley. (…) A Zoraida Ávalos, no fue fácil nombrarla Fiscal Suprema. En 2012, en el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces, el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87,50. Quedó primera en el cuadro final.” (“Cómo se nombra realmente a un Fiscal de la Nación”, La República, 21.1.14).

        El resultado de la jugarreta que tenía a Ávalos como una de sus protagonistas era, según Uceda, que “tendrá mayor influencia en el Ministerio Público un poder oculto cuyo cableado atraviesa el Poder Judicial, pasa por el despacho de algunos congresistas, y toma energía en un grupo inmobiliario investigado por extorsiones y lavado de activos.”

        El Comercio también publicó varios reportajes en el mismo sentido. En un artículo titulado “Fiscales que votaron por Ramos Heredia fueron favorecidas” (28.4.14), Rodrigo Cruz explica que “dos fiscales que participaron en el concurso que nombró a Zoraida Ávalos y Nora Miraval fiscales supremas denunciaron que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) actuó con un sesgo que tuvo como fin asegurar la elección de ambas magistradas.” Allí se detalla que “las mencionadas fiscales sacaron un puntaje muy por debajo del mínimo requerido”, sin embargo les subieron escandalosamente las notas sin justificación alguna.

        Esa es la nueva heroína anticorrupción que la coalición vizcarrista ha puesto al frente del Ministerio Público para supuestamente cambiarlo, limpiarlo y mejorarlo, a la que venían promoviendo públicamente desde hace meses y a la que ahora alaban sin mesura. Su cinismo parece no tener límites.” (“La patada que encumbró a Zoraida Ávalos”, El Comercio, 12/1/19).

        Así como protegió al Lagarto, hoy encubre a Castillo. La coalición que la encaramó, sobre todos los caviares, son los responsables de esta catástrofe en el sistema de justicia. Y lo hicieron, con su inigualable impudicia, en nombre de la lucha anticorrupción.

El Reporte 9/1/22

Un éxito del gobierno

 

Un éxito del gobierno

Fernando Rospigliosi

 

        En gobierno ha tenido resultados espectaculares en minería. Ha logrado paralizar en pocos meses a dos de las minas más grandes del mundo, cosa que nadie había podido hacer. Antamina y luego Las Bambas, tuvieron que detener sus operaciones por bloqueos efectuados por grupos aliados y protegidos del gobierno.

        En el caso de Las Bambas, según algunos entendidos, ha dejado de producir aproximadamente un 25% de lo que podría haber alcanzado el 2021 debido a las continuas interrupciones provocadas por extorsionadores, según los ha definido acertadamente Jaime de Althaus.

        Esos extorsionadores han sido alentados y protegidos -al igual que los que incendiaron Apumayo y atacaron otras operaciones mineras en Ayacucho-, por el gobierno, en particular por el indescriptible ministro de Energía y Minas y, sobretodo, por la anti minera Mirtha Vásquez, ubicada como Presidenta del Consejo de Ministros (PCM) por Pedro Castillo y el poderosísimo lobby caviar. Y la complicidad –no hay que dejar de mencionarlo- de importantes sectores empresariales que recibieron con indisimulado entusiasmo a esa enemiga de la minería y la inversión privada en la PCM.

        Todo el coro caviar no solamente la respaldó sino destacó sus supuestas virtudes para el cargo. En realidad, esa señora carece por completo de cualidades políticas y capacidades de gestión que la habiliten para los cargos que ha ocupado -¡increíblemente fue también presidenta del Congreso impuesta por la coalición vizcarrista, apoyada por el empresariado!-, salvo, por supuesto, ser una típica exponente de la mediocridad izquierdista encumbrada y realzada por los medios de comunicación influidos por los caviares.

        El acta suscrita por Vásquez el 30 de diciembre para reanudar las operaciones de Las Bambas es de antología. Además de conceder varias demandas de los extorsionadores y hacer vagas promesas que probablemente no se cumplirán y provocarán nuevos bloqueos, el gobierno se compromete a defender a los violadores de la ley. El punto 6 dice que el Ministerio de Justicia defenderá a los culpables de cometer delitos como el bloqueo de carreteras y el uso de la violencia, es decir, “a los denunciados en el marco de los conflictos sociales con el objetivo de lograr su archivamiento”.

        Así el gobierno que es, según la Constitución, el encargado de hacer cumplir la ley, se encargará de ayudar y proteger a los que violan la ley.

        Para reforzar tamaña barbaridad. El punto 7 de esa acta señala que la PCM y los ministerios de Justicia e Interior tratarán de “no impulsar las denuncias preventivas presentadas contra algunos dirigentes sociales de las comunidades”, es decir, los extorsionadores.

        El suma, el aparato del Estado puesto al servicio de los delincuentes que han bloqueado carreteras y realizado actos violentos, claramente tipificados en el Código Penal.

        Las consecuencias son obvias: muchos otros se verán alentados a realizar acciones similares, con la certeza que quedarán impunes y obtendrán ganancias.

        Las pérdidas de las empresas mineras han sido muy altas y, en consecuencia, también las del erario nacional que ha dejado de cobrar impuestos, los gobierno regionales y municipales que recibirán menos canon y la economía nacional que recibe menos dólares en momentos en que se ha producido la más grande salida de moneda extranjera de la historia.

        En conclusión, un éxito espectacular de Castillo, Vásquez y sus secuaces que pretenden liquidar la inversión minera y hundir al país en el caos.

       El Reporte 2/1/22

Estado de emergencia

 

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Estado de emergencia

 

        Ante la ola delictiva que preocupa a la sociedad, el inepto gobierno de Pedro Castillo pretende declarar el estado de emergencia, una medida no solo innecesaria sino peligrosísima en manos de una camarilla capitaneada por los herederos de Sendero Luminoso y el MRTA.

        El estado de emergencia (Artículo 137° de la Constitución) implica la suspensión de varias garantías constitucionales y se declara “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”, que, como es evidente, no es el caso, a pesar que la actividad delincuencial sigue creciendo.

Los derechos constitucionales que se suspenden son los “relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.”

       

        Podría tener sentido declarar el estado de emergencia, además de la condición de estar en una situación de catástrofe, si hubiera una estrategia para combatir la delincuencia y –naturalmente- si existiera un gobierno que cree en la democracia y la respeta.

Por ejemplo, si se suspende la inviolabilidad del domicilio, es decir, si la policía puede irrumpir en cualquier vivienda sin un mandato judicial, se necesitaría tener identificadas los refugios de los malhechores que se quiere intervenir. Y, se supone, que son muchos y que requieren una incursión rapidísima, porque de lo contrario lo normal es pedir a una autorización a un juez. Hay que tener en cuenta también que las fuerzas del orden pueden entrar a cualquier vivienda sin mandato judicial y sin estado de emergencia cuando existe “flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración”. Y la flagrancia se ha extendido, es decir, no implica el momento mismo en que se comete el delito.

En otras palabras, en el caso de la inviolabilidad del domicilio, no se requiere suspender esa garantía constitucional para combatir el delito, sobre todo si es obvio que no existe un plan para usar esa excepcionalidad de manera eficaz contra los criminales.

La libertad de reunión y de tránsito ya están restringidos por la emergencia sanitaria, entonces ¿qué propósito tiene limitarlos drásticamente? ¿Acaso los delincuentes se reúnen por decenas o centenares en las plazas? Y si así fuera ¿se necesitaría la suspensión de garantías para detenerlos o dispersarlos?

Lo más peligroso, por cierto, es el derecho a la libertad. El apartado f) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución también se suspende: “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.” Con esa disposición suspendida pueden arrestar a quien les dé la gana, sin que haya mandato judicial ni flagrante delito. ¿Es posible imaginar cómo usarán esa emergencia los procesados por terrorismo, los que consideran la democracia como una “pelotudez”, que hoy están encaramados en el gobierno?

Las verdaderas razones por las que el gobierno pretende declarar el estado de emergencia son: 1) no tienen idea de que hacer para enfrentar la ola delictiva, y suspendiendo las garantías fingen estar haciendo algo. 2) Usar esa excepcionalidad contra la oposición democrática. Naturalmente, no lo harán el primer día, sino esperarán el acostumbramiento de la gente a la emergencia y luego la empezarán a utilizar en función de sus siniestros objetivos políticos.

Lampadia 20/1/22

Estilo senderista de gobernar

 

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Estilo senderista de gobernar

 

        A estas alturas va quedando en evidencia que la acción de las instituciones estatales que supuestamente son contrapesos al poder del gobierno, son absolutamente insuficiente para controlar a un Ejecutivo que actúa con criterios senderistas, es decir, con absoluto desprecio por la opinión pública, manipulando inescrupulosamente a otros poderes del Estado cuando pueden hacerlo y sustentándose solamente en el poder que detentan.

        Un caso evidente es el de la Fiscalía de Nación, controlada desde principios de 2019 por la coalición vizcarrista y que, guiada por ONG y estudios de abogados caviares, ha actuado con celo persecutorio contra los adversarios políticos de ese consorcio y con suavidad y condescendencia con sus aliados.

        Así, Zoraida Ávalos con total desvergüenza decide postergar hasta el 2026 las investigaciones a Pedro Castillo, y la fiscalía visita –no allana- la guarida de Sarratea 44 días después de conocido el reportaje que revelaba las clandestinas reuniones que tenían lugar allí.

        Al secretario de Castillo, Bruno Pacheco, le devolvieron los US$ 20,000 que le encontraron en el baño de Palacio de Gobierno y sigue libre a pesar que todas las explicaciones que ha dado sobre ese dinero son inverosímiles.

        Pero, desgraciadamente, no solo se trata de la fiscalía. El Congreso tampoco está a la altura de lo que se requiere en circunstancias tan graves como las que vive el país.

        La premier Mirtha Vásquez ha protegido y respaldado públicamente a los vándalos que destruyeron instalaciones mineras y que bloquearon caminos obligando a paralizar a dos de las minas más grandes del mundo, y no ha sucedido absolutamente nada. Todo eso con la también activa participación del ministro de Energía y Minas. En cualquier otro gobierno habría sido obligada a renunciar o censurada inmediatamente por ese comportamiento. Aquí, ni siquiera la han llamado a dar explicaciones.

        O por las sucesivas mentiras que, con toda desfachatez, ha vertido sobre las visitas a la casa de Breña. Eso hubiera originado un terremoto político en un ambiente donde existiera un mínimo de respeto por la democracia.

        Pero eso no sucede ahora y si la obligan a abandonar el cargo será probablemente por las feroces disputas internas por los puestos en la gavilla que se ha apoderado del Estado y no por sus transgresiones.

        El ministro del Interior nombra como prefectos a notorios miembros del Fenate, uno de los organismos generados por Sendero Luminoso (facción de Abimael Guzmán) que ahora se dedicarán a hacer agitación pagados por el Estado y con la autoridad que le proporciona el ministerio que antes los investigaba. Y no pasa nada.

        Ningún gobierno democrático se hubiera atrevido a hacer esto. Pero el de Castillo lo hace sin inmutarse. Y todos los días van aprendiendo más. Saben que pueden manipular a la Policía Nacional y que no sucede nada. Se dan cuenta que pueden cambiar a la cúpula militar que resistió sus presiones ilegales, pagando un precio ínfimo por ello, la salida de un impresentable del Ministerio de Defensa que es reemplazado por otro similar.

        En suma, es el estilo autoritario, senderista, de gobernar, atropellado la ya débil institucionalidad siempre que pueden, con un desprecio absoluto por la opinión pública y avanzando en pos de sus objetivos políticos.

Lampadia 13/1/22

Riqueza, desigualdad, tecnología

 

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Riqueza, desigualdad, tecnología

 

        Un titular del diario español El País al comenzar el año muestra una información que tiene hondas repercusiones políticas: “Los más ricos del mundo aumentan un 30% su patrimonio en el último año” (2/1/22).

        Eso significa, de acuerdo a la misma fuente, que las 20 mayores fortunas del mundo vieron crecer su patrimonio conjunto en 500.000 millones de dólares.

        Ocho de los diez más ricos del mundo basan su fortuna en la tecnología, incluyendo a Elon Munsk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Larry Page y Sergey Brin (Google) y Mark Zuckerberg (Facebook).

        El problema no es que esos magnates –la mayoría norteamericanos- hayan aumentado sus fortunas, sino que simultáneamente “la clase media de Estados Unidos vio reducida su riqueza”, según la La gaceta de la iberósfera (3/1/22).

        En su último libro, “El corredor estrecho”, Daron Acemoglu y James Robinson señalan ese problema como una de las más importantes amenazas a la democracia y el libre mercado. Las cifras de la concentración de los ingresos que resumen esa situación son realmente preocupantes:

        Ese 1 por ciento de los estadounidenses recibía alrededor del 9 por ciento de los ingresos en la década de 1970. En 2015 esa cifra había ascendido al 22 por ciento. El aumento ha sido aún más sorprendente para el 0,1 por ciento, que fue de alrededor del 2,5 por ciento en la década de 1970 y casi un 11 por ciento del ingreso nacional en 2015.”

        A la luz de las últimas cifras resumidas al principio de este artículo, esa tendencia no deja de aumentar.

        A fines del siglo XIX y principios del XX hubo una situación similar en los EE.UU., señalan Acemoglu y Robinson, cuando “magnates ferroviarios como Cornelius Vanderbilt y Jay Gould, industriales como John D. Rockefeller y Andrew Carnegie, y financieros como John Pierpont Morgan, estos ´barones ladrones´ no sólo invirtieron de forma masiva e impulsaron la expansión económica, sino que amasaron fortunas sin precedentes y abusaron de manera habitual de su poder económico y político.”

La respuesta fue un aumento de la capacidad del Estado para regular estos monopolios, empezando por la Ley de Comercio Interestatal de 1887, el primer paso hacia una regulación nacional de la industria, seguida de la Ley Antimonopolio Sherman de 1890, la Ley Hepburn de 1906 y la Ley Antimonopolio Clayton de 1914. Los presidentes sucesivos, Theodore Roosevelt y William H. Taft (republicanos) y Woodrow Wilson (demócrata), utilizaron estas leyes para deshacer los monopolios.

Eso hasta ahora no ha sucedido en lo que va del siglo XXI.

Es necesario resolver este problema, porque está muchas veces en la base del éxito de políticas populistas, que utilizan engañosamente el crecimiento de la fortuna de los ricos y el estancamiento de los ingresos de la clase media para proponer –y, a veces, realizar- políticas que terminan arruinando el crecimiento y empobreciendo a todos, excepto a los populistas que se hacen del poder y amasan fortunas no producto del trabajo y la innovación, sino del uso corrupto del poder político.

En su excelente libro sobre el avance del populismo en el mundo, “El pueblo contra la democracia”, Yascha Mounk señala como en EE.UU. “de 1935 a 1960, el nivel de vida del estadounidense medio se duplicó. De 1960 a 1985, volvió a duplicarse de nuevo. Desde 1985 se ha mantenido básicamente plano: el hogar estadounidense medio no es más rico ahora que treinta años antes.” Ahora, dice Mounk, la mitad de los estadounidenses se quedan estancados sin que su situación mejore a lo largo de su vida, cosa que no ocurría antes.

Si eso sucede en EE.UU., en muchos otros lugares es peor. En el Perú, tres décadas de crecimiento –la de 2004 a 2014 espectacular-, se han visto bruscamente frenadas por gobiernos caviares con consecuencias políticas desastrosas.

En Chile acabamos de ver cómo, después de décadas de crecimiento y de mejora sustancial del nivel de vida de todos, la desigualdad ha sido un tema crucial en la campaña del populismo izquierdista para hacerse del poder y probablemente arruinar al país y empobrecer a todos.

Por último, otro problema de la realidad descrita aquí, es el que pronostica Eurasia Group: una de las amenazas más importantes del 2022 es lo que denomina el mundo tecnopolar “un puñado de empresas tecnológicas son ahora tan poderosas como los estados-nación: actores geopolíticos con una influencia sin precedentes sobre la información a la que tenemos acceso”. (Gzero, 4/1/22).

“Es el 2022. Su información personal será pirateada. Los algoritmos alimentados con datos sesgados tomarán decisiones destructivas que afectarán la forma en que miles de millones de personas viven, trabajan y aman. (…) Lo único que todas estas realidades tienen en común es que emanan del espacio digital, donde un puñado de grandes empresas tecnológicas, no gobiernos, son los principales actores y ejecutores.” (3/1/22)


Lampadia, 6/1/22

 

Sendero va ocupando el Estado

 

Sendero va ocupando el Estado

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Sin pausa, Sendero Luminoso (SL) sigue asaltando posiciones en el Estado peruano, sin que nadie haga nada para impedirlo. Muchos prefectos que ha designado el Ministerio del Interior tienen vinculaciones con SL.

El servil y obsecuente Avelino Guillén acaba de nombrar, obviamente por orden de Pedro Castillo, a dos nuevos prefectos relacionados a SL: el profesor Eliseo Huamaní Curihuamani como prefecto regional de Apurímac y a la profesora de primaria Cinthya Lindo Espinoza en Piura.

Huamaní aparece en lo planillones del Movadef, la fachada de SL de Abimael Guzmán y es miembro del sindicato magisterial de SL -donde también milita Castillo- Fenate, reconocido legalmente por Íber Maraví. En 2015 tuvo una investigación por terrorismo que fue archivada. En Apurímac hacía campaña radial a favor de una asamblea constituyente, cosa que ahora obviamente seguirá haciendo usando su cargo de autoridad, representante del Presidente, pagado con los impuestos de todos los peruanos (esos que Pedro Francke quiere aumentar). (Perú.21, 29/12/21).

Cinthya Lindo fue candidata al Congreso por Perú Libre y aparece en un informe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional.

El Director de Gobierno del Mininter, el que tiene a su cargo los prefectos, es un profesor chotano del Fenate, José Segundo Rafael Heredia, que también ha nombrado como prefecta de Áncash a la profesora Manuela Méndez Rojas, dirigente del Conare (la anterior fachada de SL en el magisterio) en Recuay; a Roger Apolinar Ortiz, del Partido Magisterial, un organismo creado por el Fenate, como prefecto de Lima provincias; a Ronald Llanos Gálvez, también del Fenate, en Amazonas; a Eudis Laureano Salinas -Fenate- en Pasco; Guillermo Rea Tito, Fenate, en Moquegua.

Estos son solo algunos de los individuos vinculados a los organismos generados por SL que ahora se dedican a propiciar los objetivos políticos de esa organización desde cargos públicos.

La congresista Jeny López ha pedido que se cite a Avelino Guillén a una sesión conjunta de las comisiones de Defensa e Inteligencia del Parlamento para que explique esas -y otras- designaciones por el Ministerio del Interior, la institución del Estado encargada de combatir a los que hoy cobija, promueve y subsidia.

Es una propuesta adecuada y necesaria, pero obviamente insuficiente. Si se llega a aprobar, probablemente Guillén irá con un guion redactado por algún asesor y no pasará nada. Él será defendido por sus amigos caviares. Y en el improbable caso que tuviera que renunciar, la política del gobierno no cambiaría, como lo demuestra su persistencia a pesar DE que en cinco meses han pasado tres ministros por el Mininter.

A estas alturas ya es evidente que los intentos de tratar de rectificar el rumbo del gobierno con algunos cambios de funcionarios o convocatorias al Congreso, no alcanza.

La presión política y mediática logró que se reemplace al impresentable Guido Bellido, y Mirtha Vásquez resultó peor pues ha causado un daño irreparable a la minería y al crecimiento del país.

Expreso

La violencia revolucionaria

 

La violencia revolucionaria

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Aunque parezca increíble, a estas alturas todavía hay algunos ingenuos que creen que es posible que el gobierno de Pedro Castillo y los “dinámicos del centro” se transforme y se modere. Por eso se han sorprendido cuando el Ejecutivo ha observado la ley del Congreso que reitera que la modificación o cambio constitucional tiene que pasar necesariamente por el Parlamento.

Esa es una manera de impedir que prospere la maniobra comunista para convocar ilegalmente una asamblea constituyente, cuya finalidad es establecer una dictadura chavista, como ocurrió en Venezuela y otros países admirados por Castillo y sus secuaces.

Obviamente eso no va a impedir que ellos persistan en ese objetivo. Las amenazas de Vladimir Cerrón son una muestra de ello. El partido de gobierno, Perú Libre, puso en un tuit: “El Congreso de la República está restringiendo al pueblo el derecho al referéndum, eliminando de esa forma el camino pacífico hacia la nueva Constitución y aperturando (sic) la válvula del camino violento. Marx, siempre tuvo razón, la lucha de clases es el motor de la historia.” Y Cerrón comentó “¡Toda la razón al Partido!”.

Naturalmente, cuando se refieren al “camino violento”, no están hablando de una insurrección contra el Estado, como la que iniciaron en 1980 sus antecesores Sendero Luminoso y el MRTA. Hace tiempo aprendieron que no pueden vencer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional mediante el terrorismo.

Lo que están diciendo es que van a usar el poder del Estado que ahora detentan para ejercer la “violencia revolucionaria” contra los demócratas que se opongan a sus siniestros propósitos. Es lo que han hecho en Venezuela y muy recientemente en Nicaragua para perpetuar la dictadura de Daniel Ortega y en Cuba para impedir las manifestaciones de protesta.

Sus notables avances en el control político de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los pocos meses que llevan en el Gobierno, son una evidencia inequívoca de lo que pretenden (mientras los caviares, obnubilados por su permanente interés de conseguir puestos en el Estado, distraen la atención con discusiones absurdas sobre nimiedades).

En tanto, la labor de demolición del país sigue avanzando con paso firme. Uno de sus últimos éxitos es la destrucción del proyecto de irrigación Majes Siguas en Arequipa, donde se conjugó el gobierno regional del corrupto socialista andino Elmer Cáceres Llica con el de Castillo.

Como señala Gabriel Daly, “el gobierno de Pedro Castillo se ha encargado de incinerarlo [un proyecto que tiene 50 años] en menos de seis meses, pese a una probada rentabilidad social”. (El Comercio, 15/1/22). Y agrega que no se trata solamente de torpeza, incompetencia e ignorancia sino un claro propósito de erosionar “los pilares del crecimiento económico” del Perú.

Así, ellos siguen progresando en el control del Estado y la destrucción de la economía, mientras algunos opositores se entretienen en disputas inconducentes.

Expreso

¿No habrá constituyente?

 

¿No habrá constituyente?

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Ha sido una muy buena decisión del Congreso aprobar por insistencia la ley que el gobierno comunista de Pedro Castillo se negó a promulgar. Esa norma reitera lo que ya estaba definido en la Constitución vigente, pero que con los típicos subterfugios falsarios, todas las izquierdas pretendían burlar para convocar una asamblea constituyente que instaure una dictadura chavista en el Perú.

No obstante, es muy temprano para cantar victoria como están haciendo algunos, creyendo que con la aprobación de esa norma el problema está resuelto, por la sencilla razón que los comunistas aupados en el gobierno no creen ni respetan ni la democracia ni la Constitución, solo fingen hacerlo hasta que tengan la fuerza necesaria para acabar con ellas.

La reacción de todos ellos ha sido clarísima. El siniestro comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde se expresan a nombre de todo el Gobierno, pretende desautorizar al Congreso por supuestamente haber actuado “a espaldas de la población”.

El Congreso es precisamente el representante de toda la población, porque allí, a diferencia del Poder Ejecutivo donde está encaramado un solo grupo político, están representadas las diversas tendencias que participaron en las elecciones.

Adicionalmente, como señalan todas las encuestas, la asamblea constituyente y el cambio de la Carta no son respaldados sino por una pequeña minoría.

El malévolo pronunciamiento de PCM dice también, con inigualable cinismo, que el Congreso ha vulnerado la democracia, la Constitución y el equilibrio de poderes, al aprobar por una amplísima mayoría una ley que solo reitera lo ya instituido y cierra el camino al intento dictatorial.

Es decir, están haciendo claramente explícitos los pretextos que argüirían cuando cierren el Congreso y establezcan una dictadura, si es que tienen la fuerza necesaria para hacerlo.

El individuo que ocupa Palacio dice, en la unánimemente criticada entrevista en un semanario, que el Congreso le ha cerrado “las puertas a la voluntad de la gente”. Otra falsedad, por supuesto. La “voluntad de la gente” de la que habla es solo la voluntad de los comunistas. Se trata, nuevamente, del intento de deslegitimar una decisión democrática, constitucional y legal para justificar luego, si tienen el poder para hacerlo, la destrucción de la democracia.

Se ha ganado solo una batalla, no hay que olvidarlo. 

Otrosí digo. Todo indica que el desastre ecológico producido por Repsol fue producto de la negligencia de la empresa. Adicionalmente, no actuó a tiempo para mitigar el impacto del derrame y no ha dicho la verdad en sus comunicaciones.

El Estado debería obligar a la empresa a remediar el daño causado y a pagar una multa muy fuerte, como sanción que sirva de ejemplo y que tenga un efecto disuasivo sobre todas las empresas, para que incluyan estrictos protocolos que eviten este tipo de incidentes.

Por último, ha sido nauseabundo el intento del Gobierno y algunos de sus secuaces parlamentarios de aprovechar la ocasión para sacar provecho político en lugar de dedicarse a trabajar soluciones eficaces.

Expreso

domingo, 23 de enero de 2022

Las FFAA y la seguridad

 OpiniónDomingo, 23 de enero de 2022

Las FFAA y la seguridad
Fernando Rospigliosi
Analista Político

El inepto ministro del Interior insiste en involucrar a las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad ciudadana, para hacer creer a la ciudadanía que está haciendo algo para detener la ola delictiva que se ha convertido en la principal preocupación de muchos peruanos.

En realidad, esa medida, en caso de concretarse, no ayudará a mejorar la seguridad y es totalmente contraproducente.

¿Qué papel pueden desempeñar las FFAA? Avelino Guillén dice que pueden custodiar instalaciones, es decir, cumplir el papel de guachimanes. Eso, por supuesto, es absurdo. No estamos en una situación en que algún tipo de instalación pueda ser atacada por una horda armada hasta los dientes que requiera ser detenida por un enorme poder de fuego, como el que pueden emplear los militares.

Si se trata de reemplazar a los policías que custodian a los altos funcionarios del gobierno, podrían contratar guachimanes de alguna empresa de seguridad (siempre y cuando no sea la que prestaba vehículos al secretario y al sobrino de Pedro Castillo).

¿En qué otra tarea pueden participar las FFAA? ¿Patrullar las calles con tanques o vehículos blindados provistos de ametralladoras pesadas que no se deben usar en una ciudad? ¿Disparar con fusiles de asalto a algún escapero o ladrón de celulares?

Además, un factor que casi no se tiene en cuenta porque no se conoce, es que el desplazamiento de las FFAA fuera de sus cuarteles es costosísimo. Muchas personas ignoran que cuando se utiliza a las FFAA en ese tipo de actividades, eso no sale del presupuesto regular que tiene asignado el Ministerio de Defensa. Es un costo adicional. Y es muy alto.

Así, millones de soles que podrían dedicarse a mejorar las comisarías, a comprar e instalar cámaras de seguridad, a mejorar los laboratorios de criminalística, a instalar en Lima un C4 adecuado usando inteligencia artificial (centro de comando, control, comunicaciones y cómputo), etc. se desperdiciará en movilizar a las FFAA en una tarea para la que no están preparadas y que no tendrá ningún resultado positivo en seguridad ciudadana.

Quizás lo más importante es el desgaste de las FFAA en una labor que no es la suya. Los militares tienen que entrenarse constantemente para la defensa nacional y se les provee de armas relativamente costosas y sofisticadas. Desplegarlos a patrullar las calles sin propósito definido y a cumplir tareas de guachimanes, es una pérdida de recursos y energía sin sentido.

Por último, si algunos ingenuos creen que se puede poner una pareja de soldados en cada esquina, están totalmente equivocados. Con el servicio militar voluntario el número de efectivos ha disminuido drásticamente y la cantidad de militares que se pueden desplegar es reducida.

En síntesis, una medida sin sentido, costosa, desgastante, que perjudica a las FFAA y no mejora la seguridad ciudadana y que solo sirve para que los inútiles instalados en el Ministerio del Interior y Palacio de Gobierno puedan decir que están haciendo algo.

El Reporte

miércoles, 5 de enero de 2022

Mentiras sobre la guerra civil española

A Joan Rovira i Roure, alcalde de Lérida, lo fusilaron porque había organizado el 5 de enero la cabalgata de los Reyes Magos. Al iniciarse la guerra civil española en 1936 los republicanos lo asesinaron por ese "delito". La historia que han contado por décadas sobre la II República y la guerra civil es falsa. No eran demócratas enfrentados a fascistas. Ningún demócrata asesina a un alcalde por sus creencias religiosas




"Joan Rovira Roure fue un abogado del Estado y político de la Lliga Regionalista que en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1932 fue escogido diputado para el Parlamento de Cataluña por la demarcación de Lérida. Fue nombrado alcalde de Lérida en 1935, después de la destitución y encarcelamiento del alcalde electo Antoni Vives i Estover a causa de los hechos de octubre de 1934.

Al inicio de la Guerra civil española fue detenido y juzgado de forma irregular por el Tribunal Popular de Lérida, junto a otros miembros de la candidatura del Frente Catalán de Orden en las elecciones generales españolas de 1936, fue condenado a muerte por celebrar la cabalgata de Reyes Magos, actividad (como otras manifestaciones religiosas) prohibida por la Generalidad. Rovira fue detenido, juzgado y condenado a pesar de tener inmunidad parlamentaria garantizada por la Generalidad de Cataluña y que así lo alegara un enviado de esta institución. Murió ejecutado el 27 de agosto de 1936 en Lérida.

La persecución no terminó con su muerte, a pesar que hay testigos que aseguran que perdonó a quienes lo fusilaron. La checa revolucionaria que gobernaba Lérida ordenó que sus dos hijos mayores, de cinco y cuatro años respectivamente, debían viajar a Rusia para ser "reeducados". En un gélido día de febrero de 1938, Ana María Tarazona, esposa de Juan Rovira, se aventuró a cruzar las lineas hacia la España Nacional, con sus dos hijos mayores y con el menor, que a la sazón tenía un año." (Wikipedia)