Peligrosas noticias para los usuarios legales de armas

        El gobierno reaccionó erróneamente luego de la matanza en un centro comercial de Independencia proponiendo medidas no solo absurdas, que no detendrán la delincuencia, sino algunas muy amenazadoras para los usuarios legales de armas.

        Entre las disposiciones desatinadas está la de colocar arcos detectores de metales en los centros comerciales. Eso solo ocasionaría gigantescas congestiones y molestias para los visitantes en las horas de mayor afluencia, además de aumentar los costos, que se cargarían sobre los consumidores. Y no serviría para nada. En el supuesto negado que esa disposición funcionara, un desquiciado podría ir a un cine, a un paradero de transporte público, a un restaurante, a una iglesia o subir a un ómnibus y atacar. ¿También pondrán arcos detectores en esos lugares?

        Pero hay algo muy alarmante. Según el Ministerio del Interior, “se ha ordenado distribuir en las comisarías las listas de las personas que se encuentran con sus permisos de portar armas de fuego ya vencidos, con la finalidad de que la Policía pueda tomar acción e ir a verificar esta información y, de ser el caso, decomisar el armamento.”

        Es decir, van a hacer lo que se habían comprometido pública y reiteradamente a no hacer: tratar a los usuarios legales con licencias vencidas igual que los delincuentes que tienen armas ilegales (robadas, contrabandaeadas, etc.).

        Entregar a las comisarías la relación de los usuarios legales es peligrosísimo.

        En primer lugar, posiblemente ocasionará que algunos policías se dediquen a extorsionar a usuarios legales con licencia vencida, amenazándolos con decomisar el arma o aplicarle la ley de armas ilegales con penas altísimas de cárcel (cosa que, reitero, se habían comprometido a no hacer y que ahora están anunciando que harán).

        En segundo lugar, peor todavía, algunos policías en comisarías podrían vender esa relación de usuarios legales de armas a delincuentes para que roben las armas en esas casas.

        En síntesis, no resolverán nada y agravarán las cosas pues los delincuentes podrían tener más armas para sus fechorías. Los grandes perjudicados, además de la sociedad entera: los usuarios legales de armas, los que compraron un arma en una tienda y obtuvieron una licencia. Un incentivo más para la informalidad, de parte de un gobierno que dice querer reducirla.

        Por último, cabe mencionar que todavía no se modifica el ilegal reglamento de armas dictado por el anterior gobierno en julio del año pasado. Ojalá que, asustados por la temporal reacción mediática ante los sucesos de Independencia, no lo empeoren.

http://www.elperuano.com.pe/noticia-incrementaran-operativos-para-detectar-armas-ilegales-51363.aspx

A propósito de una matanza

El caso del individuo que asesinó a 4 personas e hirió a muchas más en Independencia, y luego fue abatido por un policía que no estaba en servicio, con su arma personal, está dando lugar a un debate donde se están diciendo muchas cosas fuera de lugar.

En primer lugar, el criminal, Eduardo Romero, tenía dos armas, una pistola Bersa -con la licencia vencida- y otra Beretta, sin licencia, según informaciones periodísticas. Como suele ocurrir, ahora algunas personas ingenuas dicen que si se prohibiera la venta de armas a civiles, el asesino no hubiera podido adquirir la Bersa. Pero igual habría cometido sus crímenes pues había conseguido la Beretta ilegalmente. Es decir, prohibir la venta legal de armas no habría evitado el incidente.

En segundo lugar, la licencia le fue entregada por la administración anterior de Sucamec, la más restrictiva de la que se tenga memoria. Durante el gobierno de Ollanta Humala, la absurda política fue tratar de prohibir la adquisición legal de armas. El resultado fue hacer la vida difícil para los que son respetuosos de la ley y a la vez, promover la informalidad. Los delitos y los asesinatos aumentaron en ese período, lo cual es una prueba palpable que restringir el uso legal de armas no disminuye la delincuencia.

En tercer lugar, la actual administración de Sucamec negó la renovación de la licencia a Eduardo Romero. Él presentó un falso certificado de trabajo y, como se ha comprobado ahora, también un falso certificado médico. Esto último es significativo, porque demostraría que no pudo obtener uno auténtico. Es decir, si se dio el trabajo y pagó el costo de falsificar un documento, significaría que no pudo pasar la prueba sicologica. Eso sería una evidencia que esas pruebas no son inútiles, como sostienen algunos. Aunque es verdad que esos certificados no son como los que se pueden emitir en Suiza y no las practica un Sigmund Freud criollo, si tienen utilidad, como lo demuestra el caso de Romero que tuvo que recurrir al ardid de falsificar un certificado.

Y si alguien argumenta que antes si pasó la prueba, es posible que en esa ocasión no tuviera los problemas mentales de los que adolecía ahora. En todo caso, sin bien las pruebas sicológicas que se practican ahora no son perfectas ni mucho menos, habría que compararlas, por ejemplo, con las que se hacen en la Policía o el Ejército.

Porque, en cuarto lugar, simultáneamente han ocurrido otros hechos similares. El fin de semana pasado, la sub oficial de la policía Carolina Santos fue asesinada de un balazo por su novio el alferez PNP Enrique Chipa en Ilo, luego de una discusión. El domingo, en Cusco, dos soldados del Ejército borrachos dispararon varias veces cuando fueron intervenidos por la policía, de milagro nadie salió herido. Entonces ¿se debería prohibir el uso de armas a policías y militares?

En suma, lo ocurrido en Independencia no debería llevar a reacciones histéricas y desmesuradas. Prohibir o restringir más de lo que ya está la venta legal de armas -para deporte, caza o defensa- no mejorará la seguridad ciudadana sino probablemente la empeorará porque incentivará la informalidad en un país informal como el Perú.

El hecho que un policía de franco, con su arma personal -se supone que no puede llevar el arma de reglamento cuando no está de servicio- haya parado a un criminal muestra lo adecuado del dicho: "la manera de parar a un hombre malo con un arma es un hombre bueno con un arma".

No se trata, por cierto, de propugnar que los ciudadanos se armen para enfrentar a los delincuentes. De ninguna manera. La seguridad ciudadana es una tarea del Estado y no de los particulares, y al Estado debemos reclamar que cumpla con su función. Pero el Estado tampoco debe prohibir que los ciudadanos puedan adquirir armas legalmente. Esa es además, la mejor manera de tener un control de las armas.

Gobierno enredado

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se ha enredado con Alejandro Toledo. En lugar de actuar con ponderación y coordinando adecuadamente con las autoridades judiciales, ha dado muestras de un excesivo -y al parecer- ineficaz celo, hasta el punto que el propio presidente de la república se ha involucrado personalmente en el asunto pidiéndole a su colega Donald Trump que lo expulse de los Estados Unidos, según la versión de palacio de gobierno.

Es muy probable que finalmente Toledo termine siendo traído al Perú donde será juzgado, como se trajo a Alberto Fujimori desde Chile luego de un proceso relativamente largo. El punto es que venga de grado o fuerza, no que venga en 24 o 48 horas, como dio la impresión de que se trataba de lograr al principio. Por lo general, las cosas no funcionan así en ningún país del mundo, menos con un ex presidente que siempre va a tratar de justificar sus fechorías con el cuento de la "persecución política".

La impaciencia, inquietud y nerviosismo del gobierno tal vez se expliquen porque varios funcionarios actuales, empezando por el presidente y el premier, trabajaron en el gobierno de Toledo y tienen temor a ser acusados de complicidad. Pero eso iba a ocurrir de todas maneras -la oposición no perdería esa inmejorable oportunidad- y, como está sucediendo, el apresuramiento no ha menguado las críticas. Al contrario, ha dado ocasión a que se elaboren nuevas y descabelladas teorías conspirativas.

Un punto que ayudará a traer a Toledo es que, según parece, no había preparado convenientemente su fuga. La noticia lo sorprendió en París y se asombró aún más cuando las autoridades allanaron su casa en Lima, cosa que obviamente debió haber esperado desde hace tiempo. Toledo ya estaba seriamente comprometido desde el 2013 cuando se descubrió la compra millonaria de propiedades y las operaciones de Ecoteva y otras empresas similares en Costa Rica.

De París fue a San Francisco y al parecer intentó viajar a Tel Aviv sin poder lograrlo. En Israel está su aún influyente amigo Josef Maiman, que además maneja buena parte de sus cuentas. Pero se demoró, a diferencia de Maiman que, previsoramente, apenas estalló el escándalo Lava Jato, vendió su casa en Lima para evitar un posible embargo.

Toledo, como muchos políticos que han disfrutado del poder, se creía inmune. Ahora pagará las consecuencias.

Aclaración

Hoy, por enésima vez, hacen en twitter suposiciones por mi presunta intervención en las decisiones del Ministerio del Interior. Aclaro que no tengo ninguna participación en las decisiones del Mininter. En los últimos meses me han buscado muchas personas para plantearme sugerencias, iniciativas, propuestas, para que yo las transmita al equipo a cargo del Mininter. A todos les he dicho lo mismo, que ahora hago público porque las demandas siguen llegando: al frente del Mininter están varios amigos a los que tengo el mayor aprecio y respeto. Pero, por eso mismo, no tengo ninguna participación, ni directa ni indirecta, de ningún tipo, en su gestión. Nunca he pretendido, ni pretendo ahora, inmiscuirme en su desempeño. Por supuesto deseo, como la inmensa mayoría de peruanos, que tengan éxito y que la seguridad ciudadana y las demás áreas a cargo de ese ministerio, mejoren significativamente y que los peruanos podamos vivir en paz y tranquilidad, como deseamos y merecemos. Pero no tengo, no he tenido, ni tendré en el futuro, participación alguna en esa gestión. En razón de ello, sugiero a los que me buscan para que lleve ideas o propuestas al Mininter, que lo hagan directamente, porque yo no puedo hacerlo.

Toledo y PPK irritan a los peruanos

Algunos políticos se alejan cada vez más de la realidad, se despegan de la tierra y flotan en las nubes. Alejandro Toledo y Eliane Karp acaban de publicar una foto donde se les ve sonrientes y felices en Paris, mientras los millones de peruanos desempleados y pobres, que nadan en el fango de los huaicos, lo consideran un corrupto que se ha enriquecido con el dinero del pueblo. ¿Podría hacer algo más para indignar a los peruanos? Difícil.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK), cuya popularidad ha caído por quinto mes consecutivo (de los seis que lleva en el gobierno) de acuerdo a la encuesta de Datum publicada hoy, ha demandado a los críticos que se callen. En la ceremonia por la primera piedra del muy cuestionado aeropuerto de Chinchero, en Cusco, luego de repetir el lugar común de los políticos en caída -no le importan las encuestas-, mandó callar a los criticones y llamó "loquitos" a los que cuestionan esa obra. Con 35-40% de aprobación podría ser más humilde. Debería ser más humilde.

Pero no lo es. Le refregó a sus detractores, una vez más, que el ganó las elecciones gracias a su persistencia (en verdad, a que es lo máximo). En realidad, ganó por circunstancias extraordinarias -sacaron de carrera a varios competidores- y surfeando la ola del antifujimorismo, como coinciden casi todos los analistas. Pero no ha entendido eso y probablemente nunca lo entenderá.

Así, PPK y muchos políticos se siguen hundiendo en el pantano del descrédito sin siquiera percatarse de lo que está ocurriendo.

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/ppk-criticones-callense-boca-y-dejennos-trabajar-noticia-1965625

Comunicore: el sistema judicial no es confiable

La absolución de todos los implicados en el escandaloso caso de Comunicore por el Poder Judicial, muestra que no se puede confiar en él. En realidad, eso no es novedad. Para evitar que ocurra lo mismo con Lava Jato, la única posibilidad sería que se constituya un sistema anticorrupción como el que se creó el año 2000, el único que ha funcionado en la historia del Perú.

En esa ocasión, se estableció, impulsado desde el gobierno de Valentín Paniaugua y por la procurarduría que dirigía José Ugaz, un sistema con fiscales y jueces especiales, y se dictaron las normas para hacerlo posible. Por primera y única vez en el Perú, fueron investigados y sentenciados altos funcionarios, personas poderosas y con dinero, y se recuperaron cientos de millones robados al Estado.

Con esa experiencia, y estando ya en curso el caso Lava Jato, aprovechando el cambio de gobierno -obviamente Ollanta Humala y Nadine Heredia, involucrados con la corrupción no estaban interesados- había que promover desde el primer día y desde la cúpula del gobierno un sistema análogo que permitiera sancionar a los culpables, recuperar el dinero y dar un ejemplo que disuadiera a otros.

Ciertamente, se requería el respaldo del Congreso, pero en ese momento, cuando tenía una alta popularidad, difícilmente se le podía negar al gobierno el apoyo para medidas anticorrupción que son ampliamente respaldadas por la opinión pública. De hecho, el gobierno ha tenido facultades delegadas que eventualmente hubieran podido ser usadas para ese propósito también.

Pero no se hizo. No faltó la oportunidad. Faltó interés en tema, decisión, voluntad de luchar seriamente contra la corrupción, usando la experiencia exitosa y los medios al alcance.

Hoy día es más difícil pero no imposible hacerlo. Lo ocurrido con Comunicore es una muestra clarísima de lo que puede ocurrir. Si no se hace, por algo será.

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/comunicore-pj-absolvio-ex-funcionarios-luis-castaneda-noticia-1965024