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martes, 10 de diciembre de 2019

Regalo de Navidad de Vizcarra y Morán para los delincuentes


        Hace unos días dos delincuentes armados asaltaron a un ciudadano que estaba dentro de su vehículo en Surco. Rodearon el carro y lo conminaron a bajar. La víctima estaba armada y respondió disparándoles, haciéndolos huir. En video fue difundido por América TV.
Nunca más veremos una escena como esa. Ahora solo veremos a delincuentes asaltando, robando, violando y matando a personas indefensas. El presidente Martín Vizcarra y el ministro del Interior Carlos Morán ya tienen listo un ilegal decreto de urgencia (DU) para prohibir el porte de armas a los civiles honestos, a los que cumplen la ley. (Es ilegal porque los decretos de urgencia son, como su nombre lo indica, sobre materias de urgencia mientras no existe el Congreso, no para derogar y cambiar leyes aprovechando su ausencia).
Ese será el mejor regalo de Navidad del presidente Martín Vizcarra y el ministro del Interior Carlos Morán para los delincuentes que ahora podrán asaltar, secuestrar violar y asesinar sin temor a ser repelidos.
El 3 de diciembre el Ministerio del Interior envió la versión final del DU a la Presidencia del Consejo de Ministros para su promulgación. Solo están esperando el momento. Están son algunas novedades que trae el DU:
El porte de armas quedará prohibido. Los civiles solo podrán tener un arma en su casa o centro de trabajo. En la calle, en la carretera o en cualquier lugar podrán ser asaltados impunemente sin oportunidad de defenderse.
EL DU prohíbe a los civiles las armas de “uso militar y policial”. Las únicas armas de uso militar son las automáticas. No obstante, la trampa está en la definición. Van a prohibir todos los calibres superiores al .380. Es decir, los civiles solo podrán tener armas de pequeño calibre.
Los civiles solo podrán tener un arma para defensa. Si aparece un nuevo modelo de arma o si alguien tiene un revolver y desea adquirir también una pistola, no podrá hacerlo.
Solo se podrán adquirir 100 municiones al año. Ahora se pueden comprar hasta 600 al mes. Para adquirir municiones hay que tener tarjeta de propiedad, licencia y firmar un documento en la tienda, que tiene un registro. Es decir, las autoridades pueden controlar perfectamente –si hacen su trabajo- una eventual compra excesiva de un usuario. Pero lo más fácil es prohibir, para perjudicar al ciudadano. (Según el DU se podría comprar más solo en una galería de tiro para practicar ahí mismo. No se pueden llevar las municiones para practicar, por ejemplo, en un club de tiro.).
Además, los policías también se regirán por esta ley en lo que respecta a sus armas personales.
Esas son algunas de las novedades que los incompetentes Vizcarra y Morán tienen listas para favorecer a los delincuentes, que por supuesto, no cumplen con la ley y poseen todo tipo de armas, incluyendo las de uso militar –automáticas- para cometer sus fechorías.
Está demostrado hasta la saciedad que prohibir las armas a los civiles que cumplen con la ley no disminuye los crímenes sino los aumentan. Además, en un país informal y con corrupción institucionalizada, la prohibición de armas solo será acatada por las personas honestas.
Pero Vizcarra y Morán están empeñados en empeorar la ya muy deteriorada situación de seguridad. Está vez no solamente por su comprobada ineptitud e incapacidad para combatir la delincuencia, sino con una acción ilegal destinada explícita y definidamente a castigar a los ciudadanos y favorecer a los delincuentes.
Cabe añadir que la ley actual, aprobada en el Congreso del gobierno anterior y promulgada en enero de 2015, fue producto de una larguísima discusión, donde se convocaron a expertos militares, policiales y civiles, se estudió la experiencia de la legislación anterior y la de otros países, se discutió entre las diversas bancadas y finalmente se llegó a la actual ley N° 30299.
Ahora Vizcarra y un pequeño grupo de personas, que nadie conoce ni responden ante nadie, pretenden cambiar de la manera más antidemocrática posible, de un plumazo, todo lo avanzado durante años.

viernes, 24 de febrero de 2017

Peligrosas noticias para los usuarios legales de armas

        El gobierno reaccionó erróneamente luego de la matanza en un centro comercial de Independencia proponiendo medidas no solo absurdas, que no detendrán la delincuencia, sino algunas muy amenazadoras para los usuarios legales de armas.

        Entre las disposiciones desatinadas está la de colocar arcos detectores de metales en los centros comerciales. Eso solo ocasionaría gigantescas congestiones y molestias para los visitantes en las horas de mayor afluencia, además de aumentar los costos, que se cargarían sobre los consumidores. Y no serviría para nada. En el supuesto negado que esa disposición funcionara, un desquiciado podría ir a un cine, a un paradero de transporte público, a un restaurante, a una iglesia o subir a un ómnibus y atacar. ¿También pondrán arcos detectores en esos lugares?

        Pero hay algo muy alarmante. Según el Ministerio del Interior, “se ha ordenado distribuir en las comisarías las listas de las personas que se encuentran con sus permisos de portar armas de fuego ya vencidos, con la finalidad de que la Policía pueda tomar acción e ir a verificar esta información y, de ser el caso, decomisar el armamento.”

        Es decir, van a hacer lo que se habían comprometido pública y reiteradamente a no hacer: tratar a los usuarios legales con licencias vencidas igual que los delincuentes que tienen armas ilegales (robadas, contrabandaeadas, etc.).

        Entregar a las comisarías la relación de los usuarios legales es peligrosísimo.

        En primer lugar, posiblemente ocasionará que algunos policías se dediquen a extorsionar a usuarios legales con licencia vencida, amenazándolos con decomisar el arma o aplicarle la ley de armas ilegales con penas altísimas de cárcel (cosa que, reitero, se habían comprometido a no hacer y que ahora están anunciando que harán).

        En segundo lugar, peor todavía, algunos policías en comisarías podrían vender esa relación de usuarios legales de armas a delincuentes para que roben las armas en esas casas.

        En síntesis, no resolverán nada y agravarán las cosas pues los delincuentes podrían tener más armas para sus fechorías. Los grandes perjudicados, además de la sociedad entera: los usuarios legales de armas, los que compraron un arma en una tienda y obtuvieron una licencia. Un incentivo más para la informalidad, de parte de un gobierno que dice querer reducirla.

        Por último, cabe mencionar que todavía no se modifica el ilegal reglamento de armas dictado por el anterior gobierno en julio del año pasado. Ojalá que, asustados por la temporal reacción mediática ante los sucesos de Independencia, no lo empeoren.

http://www.elperuano.com.pe/noticia-incrementaran-operativos-para-detectar-armas-ilegales-51363.aspx

martes, 21 de febrero de 2017

A propósito de una matanza

El caso del individuo que asesinó a 4 personas e hirió a muchas más en Independencia, y luego fue abatido por un policía que no estaba en servicio, con su arma personal, está dando lugar a un debate donde se están diciendo muchas cosas fuera de lugar.

En primer lugar, el criminal, Eduardo Romero, tenía dos armas, una pistola Bersa -con la licencia vencida- y otra Beretta, sin licencia, según informaciones periodísticas. Como suele ocurrir, ahora algunas personas ingenuas dicen que si se prohibiera la venta de armas a civiles, el asesino no hubiera podido adquirir la Bersa. Pero igual habría cometido sus crímenes pues había conseguido la Beretta ilegalmente. Es decir, prohibir la venta legal de armas no habría evitado el incidente.

En segundo lugar, la licencia le fue entregada por la administración anterior de Sucamec, la más restrictiva de la que se tenga memoria. Durante el gobierno de Ollanta Humala, la absurda política fue tratar de prohibir la adquisición legal de armas. El resultado fue hacer la vida difícil para los que son respetuosos de la ley y a la vez, promover la informalidad. Los delitos y los asesinatos aumentaron en ese período, lo cual es una prueba palpable que restringir el uso legal de armas no disminuye la delincuencia.

En tercer lugar, la actual administración de Sucamec negó la renovación de la licencia a Eduardo Romero. Él presentó un falso certificado de trabajo y, como se ha comprobado ahora, también un falso certificado médico. Esto último es significativo, porque demostraría que no pudo obtener uno auténtico. Es decir, si se dio el trabajo y pagó el costo de falsificar un documento, significaría que no pudo pasar la prueba sicologica. Eso sería una evidencia que esas pruebas no son inútiles, como sostienen algunos. Aunque es verdad que esos certificados no son como los que se pueden emitir en Suiza y no las practica un Sigmund Freud criollo, si tienen utilidad, como lo demuestra el caso de Romero que tuvo que recurrir al ardid de falsificar un certificado.

Y si alguien argumenta que antes si pasó la prueba, es posible que en esa ocasión no tuviera los problemas mentales de los que adolecía ahora. En todo caso, sin bien las pruebas sicológicas que se practican ahora no son perfectas ni mucho menos, habría que compararlas, por ejemplo, con las que se hacen en la Policía o el Ejército.

Porque, en cuarto lugar, simultáneamente han ocurrido otros hechos similares. El fin de semana pasado, la sub oficial de la policía Carolina Santos fue asesinada de un balazo por su novio el alferez PNP Enrique Chipa en Ilo, luego de una discusión. El domingo, en Cusco, dos soldados del Ejército borrachos dispararon varias veces cuando fueron intervenidos por la policía, de milagro nadie salió herido. Entonces ¿se debería prohibir el uso de armas a policías y militares?

En suma, lo ocurrido en Independencia no debería llevar a reacciones histéricas y desmesuradas. Prohibir o restringir más de lo que ya está la venta legal de armas -para deporte, caza o defensa- no mejorará la seguridad ciudadana sino probablemente la empeorará porque incentivará la informalidad en un país informal como el Perú.

El hecho que un policía de franco, con su arma personal -se supone que no puede llevar el arma de reglamento cuando no está de servicio- haya parado a un criminal muestra lo adecuado del dicho: "la manera de parar a un hombre malo con un arma es un hombre bueno con un arma".

No se trata, por cierto, de propugnar que los ciudadanos se armen para enfrentar a los delincuentes. De ninguna manera. La seguridad ciudadana es una tarea del Estado y no de los particulares, y al Estado debemos reclamar que cumpla con su función. Pero el Estado tampoco debe prohibir que los ciudadanos puedan adquirir armas legalmente. Esa es además, la mejor manera de tener un control de las armas.

martes, 3 de enero de 2017

HUEVOS DE ESTURIÓN

Fernando Rospigliosi

Persiguiendo a usuarios legales de armas

        El gobierno está haciendo algo contrario a lo que se había comprometido: tratar de manera diferente a los usuarios legales de armas que a los delincuentes. Ahora meterán a todos en un mismo saco.

Según comunicado de SUCAMEC a partir del 2 de abril los usuarios legales que no hayan renovado las licencias deberán entregar sus armas o se las decomisarán y caerán en la figura de tenencia ilegal de armas (6 a 15 años de prisión según artículo 279° del Código Penal).

        Es decir, es igual un delincuente que tiene un arma robada que usa para asesinar o asaltar, que un ciudadano que adquirió legalmente un arma para defensa, deporte o caza, que está registrado en SUCAMEC y que ha cometido una falta administrativa al no renovar a tiempo su licencia. Esto dice el comunicado:

Vencido este plazo, el próximo 2 de abril del 2017, la SUCAMEC procederá a la CANCELACIÓN de las licencias que no fueron regularizadas por sus titulares. Los titulares que no regularicen sus licencias en dicho plazo deberán internar sus armas en la SUCAMEC; caso contrario, serán INCAUTADAS y DECOMISADAS; asimismo, podrán incurrir en el delito de tenencia ilegal de armas (Art. 279 del Código Penal).

 El gobierno no ha informado todavía cuantas cárceles adicionales está construyendo para albergar a los usuarios legales que no renueven sus licencias antes del 2 de abril. (En realidad, tampoco está cumpliendo con las ofertas de la campaña electoral de construir más cárceles, tarea esencial para combatir la inseguridad ciudadana).

Pero tampoco están cumpliendo con la ley de armas (N° 30299) que entró en vigencia el 6 de julio de 2016 cuando se promulgó el reglamento, cuya tercera disposición transitoria y complementaria establece que durante dos años, la SUCAMEC promoverá la entrega voluntaria de armas que no tengan ningún registro, es decir una amnistía. Los que hagan eso no son pasibles de ser acusados de tenencia ilegal. Para eso se requiere de una norma especial que debió ser promulgada a más tardar a los 45 días del 6 de julio. Esa norma no existe. El gobierno está violando la ley:

TERCERA. Regularización y entrega voluntaria de armas, municiones y materiales relacionados. Durante el plazo de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, la SUCAMEC promueve (...) el empadronamiento de armas no registradas cuya tenencia o adquisición lícitas no hayan sido comunicadas a la SUCAMEC. Durante dicho periodo, las personas, naturales o jurídicas poseedoras de armas, municiones o artículos relacionados irregulares que se acojan a la entrega voluntaria o empadronamiento de armas de fuego no son pasibles de denuncias penales por tenencia ilegal de armas. Los programas de empadronamiento y entrega voluntaria de armas, derivados de la presente disposición, están a cargo de la SUCAMEC. Ambos programas, sus requisitos, procedimientos e implementación son regulados por norma reglamentaria especial distinta al reglamento de la presente Ley. La mencionada norma reglamentaria especial, es refrendada por el ministro del Interior y aprobada por este en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde la vigencia de la presente Ley.


 Los usuarios legales están a la espera de la rectificación de las autoridades correspondientes.