Un ´swing´ al mentón

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Un ´swing´ al mentón

(Publicado en El Comercio el sábado 6 de junio de 2020)

       En la jerga boxística el ´swing´ se define como un golpe lateral largo balanceando el brazo, a diferencia del ´jab´ (directo) o el ´uppercut´ (gancho). Como es de público conocimiento el presidente ha recibido un swing que no lo pondrá nocaut, pero que hasta ahora, a juzgar por sus respuestas, lo está dejando algo ´groggy´, mareado.

        El escándalo surgió cuando el individuo que se hace llamar Richard Swing fue contratado en plena crisis, el 24 de abril, por el Ministerio de Cultura (Mincul) por 30,000 soles para motivar y mejorar el rendimiento laboral de sus trabajadores que, al igual que casi todos los empleados estatales y privados, no asistían a sus oficinas por la cuarentena. Inmediatamente se descubrió que el sujeto en cuestión no tiene ninguna calificación para laborar ni en esa ni en ninguna de las otras actividades de los 9 contratos que a lo largo del gobierno de Martín Vizcarra le habían asignado 6 sucesivos ministros.

        Los ministros que lo contrataron declaran no tener amistad con él y nadie los ha desmentido. Los funcionarios de menor rango que firmaron los contratos tampoco son sus amigos. Varios dirigentes que intervinieron en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el 2016 sostienen que Swing participó en algunas actividades llevado por el entonces jefe de campaña, Martín Vizcarra. El individuo trató de obtener un contrato en el Mincul el 2017, en el gobierno de PPK y no lo consiguió porque obviamente no estaba capacitado para ello, según ha revelado el entonces titular Salvador del Solar. Solo cuando Vizcarra se convirtió en presidente su suerte cambió. Ha publicado, además, varias fotos suyas en ambientes de Palacio de Gobierno, es decir, tiene acceso a instalaciones a las que no puede ingresar nadie sin una autorización especial.

        A estas alturas creo que no cabe ninguna duda: el único que pudo ordenar al Mincul que contraten a alguien de la calaña de Swing es el presidente Martín Vizcarra.

        Cuando en uno de sus monólogos del mediodía el presidente se refirió al tema Swing, explicó que algunas personas que estuvieron en la campaña electoral obtenían puestos públicos. No se hizo responsable de sus contratos.

        A partir de estas declaraciones muchos han especulado que el presidente le estaba pagando un favor a Swing. Yo no creo eso. Vizcarra no se caracteriza por ser leal ni agradecido con nadie. ¿Nueve contratos entre julio de 2018 y abril de 2020 por 175,400 soles para pagar un favor del 2016? Mi hipótesis es simple: no le están pagando favores pasados sino servicios presentes. ¿Cuáles? Ahí está el detalle, como decía Cantinflas.

        Luego, en otro de sus monólogos, el presidente dijo sobre el tema Swing, indignado y levantando la voz, con mucha firmeza, que en su gobierno no había tarjetazos y que todos los contratos se hacían por méritos. Una obvia falsedad porque no cabe duda alguna que Swing no fue contratado por sus calidades sino porque fue recomendado por alguien que estaba por encima de los seis ministros que aceptaron sus prestaciones. El jueves ha vuelto a negarlo, como Pedro, por tercera vez.

        De lo cual se desprenden dos cosas: la falta de liderazgo del presidente que no es capaz de reconocer un error y afrontarlo, sino que le echa la culpa a otros –gobiernos anteriores, ministros, funcionarios- y se enreda en un asunto menor. Y que es capaz de faltar a la verdad con todo desparpajo, como cuando negó el tarjetazo, asegurando que en su gobierno solo se contrata por méritos.

        No está claro que Swing o algún funcionario hayan cometido algún delito, pero ya se movilizaron la fiscalía, la procuraduría y el Congreso, al parecer en busca de algo de publicidad.

        En cualquier caso, el presidente ha recibido un golpe que ha desnudado algunas de sus debilidades más notorias, al embrollarse en un asunto que pudo resolver admitiendo su falta y pidiendo disculpas.

Otrosí digo. En noviembre y diciembre del año pasado la revista especializada “Defensa” publicó sendos artículos donde se informaba que el avión Antonov AN-178 adquirido por el Ministerio del Interior por 65 millones de dólares no tenía certificación ni ucraniana ni internacional, sin la cual no puede volar. También que por el conflicto con Rusia, Ucrania ya no recibía componentes críticos como motores o sistemas de aviónica. El Perú se convirtió en el primer país del mundo en comprar ese avión. Otros desistieron por los problemas mencionados. La misma publicación dio detalles del contrato que suscribió el Mininter. Ninguna autoridad respondió. Como es el gobierno de la anticorrupción no tienen que hacerlo.

La meritocracia de Vizcarra

Fernando Rospigliosi

        El viernes 5 el presidente Martín Vizcarra cesó intempestivamente al director de SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), Alberto Gonzáles-Zúñiga, un profesional honesto y competente, a través de un decreto supremo publicado en el diario oficial. Según el decreto el presidente ha perdido la confianza en Gonzáles-Zúñiga.

        El problema es que el referido funcionario fue elegido hace poco más de un año en concurso público para ocupar ese cargo durante 5 años, es decir, llegó allí por sus propios méritos, no por recomendación o tarjetazo de nadie. Y solo puede ser removido del mismo por falta grave, pues su puesto no es un cargo de confianza. Gonzáles-Zúñiga no ha cometido ninguna falta grave, nadie lo ha acusado de nada. Sin embargo, Martín Vizcarra, el mismo que ordenó que 6 ministros de Cultura contraten 9 veces a un sujeto de la calaña de Richard Swing, ahora despide, sin motivo alguno, a Gonzáles-Zúñiga, un economista de la Universidad Agraria con una maestría en economía agrícola en la Universidad de Oklahoma y larga experiencia en el sector.

        El que ha firmado la resolución es el mismo Vizcarra, que con todo el desparpajo y la desvergüenza que lo caracteriza, afirmó en uno de sus recientes monólogos del mediodía que en su gobierno no funciona el tarjetazo sino solo la meritocracia. El Vizcarra que ordena que contraten a Swing es el mismo que decreta que despidan a Gonzáles-Zúñiga.

        Todo indica que la verdadera razón del despido de Gonzáles-Zúñiga son los intereses de la tala ilegal de madera y otros ilícitos que están enquistados también en el Ministerio de Agricultura, como sostiene en la declaración que adjunto a continuación.

        En síntesis, es muy difícil que un funcionario honesto y competente sobreviva en un gobierno cuyas características son precisamente las opuestas.

Pagando servicios presentes, no favores pasados

Fernando Rospigliosi

        En uno de sus monólogos del mediodía, el presidente Martín Vizcarra sostuvo que alguien había premiado al individuo que se hace llamar Richard “Swing” por su participación en la campaña electoral de PPK el 2016. Eso no es verdad.

        No cabe ninguna duda, por supuesto, que ese alguien que ha ordenado que seis sucesivos ministros de Cultura contraten a Swing nueve veces por un total de S/. 175,000 es el propio Martín Vizcarra que, como es habitual en él, no ha asumido su responsabilidad sino la ha desviado hacia otros.

        Pero también hay que tener en cuenta otra de las 

características de Martín Vizcarra: no tiene lealtades con nadie. Es decir, no se puede creer que estuviera pagándole un favor de hace 4 años a Swing con un contrato de S/. 30,000 en abril de 2020, en plena crisis del Covid-19. Tampoco el pago de un supuesto favor en la campaña de 2016 explica el viaje de ese sujeto a Canadá precisamente cuando Vizcarra era embajador allá.

        En otras palabras, si es que el poco leal Vizcarra estaba, por alguna razón, dispuesto a retribuir un favor del 2016, quizá se explicaría un contrato cuando él se convirtió en presidente. Pero ¿nueve contratos con seis ministros desde abril de 2018 hasta abril de 2020? Es sencillamente increíble.

        La única explicación es que Swing ha estado brindando algún tipo de servicios al presidente durante los últimos años y éste le ha estado pagando no de su bolsillo sino con el dinero de todos los peruanos. ¿Qué servicios? Eso es lo que habría que investigar.

Congreso populista, ¡qué sorpresa!

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Congreso populista, ¡qué sorpresa!

(Publicado en El Comercio, sábado 30 de mayo de 2020)

La última iniciativa de la bancada de Acción de Popular en el Congreso, un referéndum para cambiar la Constitución –respaldada por supuesto por el Frente Amplio y otros-, es solo uno de los tantos desatinos perpetrados desde el Parlamento, que muchos ya no dudan en calificar como peor del que fue cerrado, ilegalmente en mi opinión, por el presidente Martín Vizcarra.

Ahora numerosos integrantes de la coalición vizcarrista que promovieron con entusiasmo la clausura del Congreso y luego festejaron con algarabía cuando el presidente lo disolvió, se quejan y descubren que el nuevo Congreso es populista ¿Y qué esperaban?

Sin partidos políticos, en una elección irregular sin candidatos presidenciales, con algunas de las nuevas normas de la pésima reforma política impuesta por Vizcarra al Congreso anterior –sin publicidad electoral por radio y TV, prácticamente sin financiación privada formal, sin reelección, norma no vigente en ese momento pero en la práctica aplicada por casi todos- y en un ambiente propicio al populismo, era de esperarse que ocurriera lo que sucedió.

        Lo advertí antes de esas elecciones, previniendo que las ideas populistas, estatistas e izquierdistas estaban avanzando: “Algunos analistas –no por casualidad de la coalición vizcarrista- sostienen que es imposible un triunfo de las izquierdas en el Perú porque la mayoría de ciudadanos es partidario del libre mercado. Esa es una teoría absurda y ridícula.” (El Comercio, “Los buenos también pierden”, 19/10/19).

El criterio de libre mercado usualmente no es el fundamental para decidir el voto de los electores, que apoyan o rechazan a candidatos y partidos por otras razones. Y así lo fuera, los candidatos dicen una cosa en la campaña electoral y hacen cosas distintas cuando son elegidos. Por ejemplo, la mayoría de analistas no esperaba que la bancada mayoritaria, Acción Popular, fuera el foco principal del virus populista que ha contaminado al Congreso.

Pero esas ideas absurdas y ridículas eran las que querían escuchar y a las que daban crédito muchos, incluyendo a los que más podían ser afectados por una ola populista.

        Observando la realidad objetivamente no era difícil prever lo que venía, como sostuve antes de las elecciones: “Así las cosas, muchos de los elegidos serán desconocidos que, como muestran los anteriores congresos, harán lo que les venga en gana en función de sus intereses particulares sin importar el partido que los llevó. (…) En suma, es posible que el próximo Congreso esté integrado por personas de baja calidad y sin mucha experiencia. Es probable también que esté fragmentado. Y (…) será proclive al populismo.” (“Gestión”, “2020: El año de la incertidumbre”, 27.12.19).

        Y citaba el libro sobre el populismo de Madeleine Albright: “Los buenos no siempre ganan, sobre todo cuando están divididos y menos resueltos para la acción que sus adversarios. El deseo de libertad puede germinar en cualquier persona, pero también la inclinación a la complacencia, el desorden y la cobardía. Y perder tiene un precio.”

        Ya estamos viendo el resultado de que ganen los irresponsables, los ineptos, los demagogos, los populistas. Pero eso es una pequeña muestra de lo que puede venir el 2021.

        Y termino con la misma conclusión que adelanté hace varios meses: el resultado de las elecciones congresales comprueba que la labor destructiva del presidente Vizcarra y la coalición que lo respalda ha logrado aniquilar a sus adversarios y al mismo tiempo ha dejado expedito el camino para el surgimiento de líderes populistas que, aprovechando la demolición institucional y el descrédito y desconfianza que han sembrado Vizcarra y sus aliados, puedan tentar el poder el 2021, con consecuencias catastróficas para el Perú. (El Comercio, “El populismo se aproxima”, 1/2/20).

        Otrosí digo. Uno de los varios científicos que opina que las cuarentenas son un fracaso y que cuestan más de lo que aportan es el premio Nobel Michael Levitt: “Creo que el verdadero virus fue el virus del pánico”, afirmó. “Creo que los líderes entraron en pánico y la gente entró también. (…) Creo que las cuarentenas no salvaron ninguna vida”.

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Lo que viene: desborde social y delincuencia

Fernando Rospigliosi 

(Publicado en El Reporte, periódico digital dirigido por Mijael Garrido-Lecca, 31 de mayo de 2020)

La estrategia del Gobierno ante la crisis del coronavirus ha arruinado la economía y no ha detenido los contagios ni las muertes. Ha sido un fracaso completo. Y una de las consecuencias será el desborde social que sobrevendrá, en particular un incremento descomunal de la delincuencia y la violencia. 

La impresionante cifra de la pérdida de 1 ´216,000 empleos solamente en Lima durante el trimestre de febrero a abril (El Comercio, 16/5/20), es solo un pequeño adelanto de lo que va a ocurrir en el país a consecuencia del desastre que está provocando la absurda cuarentena impuesta por el Gobierno. Millones de peruanos que vivían precariamente, al borde de la pobreza, caerán ahora en la miseria absoluta. Muchas empresas van a quebrar. 

El desborde social se va a expresar de diversas maneras. Una de ellas será el incremento de los conflictos sociales y las protestas de diversa naturaleza, que irán acompañadas de manifestaciones de violencia: bloqueos de carreteras y vías urbanas, ataques a la propiedad pública y privada, enfrentamientos con las fuerzas del orden. 

Otra más peligrosa será la de los saqueos a mercados y supermercados, a vehículos de transportes de alimentos y otros bienes, etc. 

Y el aumento exponencial de la delincuencia, que recurrirá métodos cada vez más violentos para sus propósitos. 

Un adelanto de lo que va a suceder es el incremento de los robos desde principios de abril en Lima. (Perú21, 23/5/20). Al comienzo de la cuarentena los delitos disminuyeron drásticamente por la imposibilidad de circular, el toque de queda y la fuerte presencia de las fuerzas del orden en las calles. Pero aún en cuarentena, durante abril y mayo los delitos han ido creciendo y probablemente seguirán aumentando hasta dispararse exponencialmente cuando finalice la inmovilización obligatoria. 

¿Cómo debería enfrentar esta ola delictiva el Estado? A estas alturas ya debería estar planificándose una respuesta que incluya algunos asuntos básicos. En primer lugar, determinar geográficamente los lugares más afectados por la catástrofe económica y los grupos más perjudicados –jóvenes por ejemplo que puedan ser propensos a realizar actos delictivos, para desarrollar programas que den ocupación y alivien la pobreza. 

En segundo lugar, en lo que respecta al combate al delito, el Gobierno tendría que concentrarse en los delitos menores, que son los que más afectan al grueso de la población: robos callejeros, arrebatos, asaltos a las viviendas, etc. Eso es lo más difícil de hacer. Para ello hay que fortalecer las comisarías, usualmente lo menos importante en las prioridades del Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional. Eso implica reentrenar a los efectivos que laboran en las comisarías para que brinden una atención adecuada y eficiente a los ciudadanos, de tal manera que se incrementen las denuncias por delitos. Es sabido que la gran mayoría no hace las denuncias porque lo considera una pérdida de tiempo y porque es engorroso. Si no hay denuncias no se puede construir mapas del delito, que son indispensables para una respuesta adecuada. 

En tercer lugar, hay que reforzar la investigación criminal a nivel de las comisarías, cosa hoy completamente abandonada. La investigación criminal en la práctica solo existe en las grandes unidades como la Dirincri, y no donde es más necesaria, en los distritos, en las comisarías. A lo único que se le ha dado relativa importancia es al otro elemento indispensable, el patrullaje, pero solo adquiriendo miles de vehículos – muchas veces inadecuados para esa labor- , pero sin distribuirlos donde son necesarios y, sobre todo, sin una planificación precisa de su desplazamiento. Para un patrullaje eficaz se requiere tener un mapa del delito actualizado, lugares, horas de mayor incidencia, etc. 

Y junto con eso, en cuarto lugar, se necesita un Centro de Comando y Control (C4) que es increíble que no exista hoy día en Lima, una ciudad de más de diez millones de habitantes. Un Centro que integre cámaras de vigilancia de la policía, los distritos, las empresas privadas, que tenga comunicaciones apropiadas y que sea capaz de reaccionar rápidamente ante las emergencias. Las comunicaciones policiales, por ejemplo, son hoy día muy deficientes, y no por falta de dinero –en años anteriores el Mininter tuvo miles de millones de soles para invertir- sino por corrupción y malas compras, en particular en el nefasto gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia.

En quinto lugar, se requiere aliviar el hacinamiento en los penales, diferenciar a delincuentes primarios de avezados, poner en práctica leyes que ya existen para castigar pequeños delitos con trabajo comunitario, etc. 

Estas son algunas ideas que habría que poner en práctica de inmediato. Puede hacerse. 

El asunto es que probablemente la respuesta será otra. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que los políticos suelen recurrir a medidas artificiosas que solo empeoran la situación. Por ejemplo, apelarán al populismo penal, aumentar las penas –que en general ya son altas- , cosa que se hace fácilmente y no sirve para nada. Porque primero hay que atrapar al delincuente, luego acusarlo, después probarle el delito y finalmente tener una cárcel donde ponerlo. Nada de eso se hace con rapidez y eficiencia en el Perú de hoy y lo único que se logra es sobrecargar al sistema de justicia inoperante y corrupto, y seguir atiborrando las cárceles que son escuela de delincuentes. 

La otra respuesta facilista –y muy popular- es involucrar a los militares en la lucha contra la delincuencia, tarea para la que no están preparados y que, en la experiencia de muchos países de la región, se ha demostrado errada, provocando más problemas que los que resuelve. 

Esas son las opciones, habrá que observar el desempeño de las autoridades.

Encubriendo el fracaso

Publicado en El Comercio el sábado 23 de mayo de 2020

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Encubriendo el fracaso

        En su insufrible y confuso monólogo del viernes, el presidente no rectificó su política errónea, pero admitió que la cuarentena no podía seguir igual.

        Las cifras de fallecidos durante las últimas semanas publicadas por diversos medios hacen inocultable la realidad del impacto del coronavirus en el Perú y, al mismo tiempo, los datos de la catástrofe económica durante la cuarentena muestran el abismo en el que se está hundiendo el país. Lo primero era prácticamente inevitable, lo segundo no.

        El periodista John Burn-Murdoch del “Financial Times” señaló que el “Perú puede estar luchando contra el brote más severo del mundo. A nivel nacional, las muertes aumentaron un 81% frente a lo normal. 8,000 muertes en exceso versus 1,800 muertes de Covid reportadas [por el Gobierno]”. El método que usó fue comparar las muertes ocurridas el año pasado con las de este año y ese fue el resultado. El Comercio lo dijo el jueves pasado: “Coronavirus en Perú: hay 9.213 muertos más en relación al año pasado”.

        Hoy día, 10 semanas después de iniciada la cuarentena, el virus está fuera de control y se sigue expandiendo, el sistema de salud ha colapsado y la economía se está arruinando. No cabe duda alguna que la estrategia del Gobierno fracasó.

Lo grave es que era totalmente previsible que esto ocurriera. En un país con 70% de informalidad y con un sistema de salud precario era imposible que funcionaran políticas como las que el Gobierno prometió poner en práctica: hacer pruebas, detectar y aislar a los contagiados, detener la expansión del virus y reequipar los hospitales para atender a los infectados.

El problema no ha radicado solamente en un Estado ineficiente en un país relativamente pobre, sino en tener además un gobierno incompetente que empeoró las cosas con medidas desatinadas. Ahora muchos reconocen varios de los errores obvios como comprimir las horas de atención de mercados, supermercados, farmacias, bancos, etc. con toque de queda, días enteros de cierre total, alternancia de hombres y mujeres. También la incapacidad y la corrupción en la adquisición de pruebas moleculares, ventiladores, mascarillas y otros implementos; en la protección y atención de médicos, enfermeras, policías.

Pero todo esto, insisto, solo ha agravado lo que era inevitable, la propagación del virus. Teniendo en cuenta la realidad del país lo razonable hubiera sido adoptar una estrategia intermedia, prohibiendo aglomeraciones, masificando el uso de mascarillas y distanciamiento social, pero no agudizando el problema con una cuarentena estricta que despoja de ingresos a millones que viven al día y arruina la economía formal que es la que sostiene al país. La magnitud de la crisis económica sí era evitable y es de total responsabilidad del Gobierno.

No obstante, el Gobierno, arropado por el casi unánime respaldo de opiniones y medios de comunicación, ha persistido en el error. ¿Es que nadie se daba cuenta? ¿Por qué fuimos poquísimos los que advertimos desde el principio este resultado? Nicolás Maquiavelo lo explicó hace 5 siglos:

“Pues generalmente los hombres juzgan más por los ojos que por los demás sentidos, y pudiendo ver todos, pocos comprenden bien lo que ven. Todos verán lo que aparentas, pocos sabrán lo que eres, y estos pocos no se atreverán a ponerse en contra de la inmensa mayoría, que tiene de su parte la fuerza oficial del Estado.” Es decir, la mayoría se deja llevar y engañar por las apariencias y los pocos que teniendo conocimiento, experiencia e información se dan cuenta de la realidad no se atreven a contradecir a esa mayoría y, sobre todo, al Gobierno.

Pero el mismo Maquiavelo advierte que “el carácter de los pueblos es tan voluble que fácilmente se les persuade de una cosa, pero difícilmente persisten en ella, conviniendo organizar el régimen de modo que, cuando no le crean, se les pueda hacer creer por la fuerza”. Como para esto último no bastan las amenazas del presidente, ni el respaldo de muchos medios de comunicación, ni las alabanzas de los adulones y prebendarios, las cosas se le van a complicar al Gobierno que no tiene medios suficientes para obligar a creer a la mayoría.

El cuento de que la gente tiene la culpa todavía es atractivo para algunos aunque es irrazonable. ¿Qué podía esperarse con una mayoría de informales que viven al margen de las normas (cultura combi), con una alta proporción de personas que subsisten al día, sin refrigerador, sin agua potable? Para diseñar una política eficaz hay que partir de esta realidad.

En conclusión, el tener un Gobierno inepto en circunstancias de una crisis global como la actual, ha agravado y potenciado un desastre que era predecible.

https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/encubriendo-el-fracaso-por-fernando-rospigliosi-noticia/?ref=ecr

En defensa de la ley

Fernando Rospigliosi

        La ley de protección policial N° 31012, promulgada por el Congreso el 27 de marzo no solo es constitucional sino necesaria.

        La norma deroga el decreto legislativo del nefasto gobierno de Ollanta Humala que instituía la “proporcionalidad” en el uso de la fuerza y establece que “el principio de razonabilidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente, estableciendo mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial”. (Art. 1°).

        La “proporcionalidad” era interpretada por el usualmente chapucero sistema judicial en detrimento de la policía (y de los civiles) y a favor de los delincuentes. Si un facineroso atacaba con un cuchillo, un garrote o un hacha, el policía (o el civil agredido) debería enfrentarlo con un cuchillo, un garrote o un hacha para que el uso de la fuerza sea “proporcional”. Si el policía (o el civil) le disparaba con un arma de fuego, era un uso “desproporcionado” de la fuerza y el policía (o el civil) iba preso o sometido a un interminable proceso judicial y su carrera arruinada.

        Eso, por supuesto, es una necedad. El policía (o el civil) no está en el mismo plano que el delincuente en el momento de una agresión. El policía (o el civil) debe utilizar todas las ventajas a su alcance –si las tiene- para neutralizar al agresor. Otra cosa es cuando el delincuente está rendido e incapacitado, en cuyo caso, naturalmente, tiene derecho a que se respete su integridad y su vida. Pero en el enfrentamiento, insisto, el delincuente y el policía (o el civil), no tienen los mismos derechos.

        En el caso de los civiles, la “proporcionalidad” se cambió por la “racionalidad” en una ley que yo propuse cuando fui ministro del Interior y que fue aprobada por el Congreso (N° 27936). Allí se modifica el Código Penal señalándose que está “exento de responsabilidad penal” en caso de agresión cuando hay:

        “Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa”.

Pero, como he señalado, el calamitoso gobierno de Humala estableció nuevamente la proporcionalidad para la policía, con lo cual varios policías en el último tiempo han sido enviados a prisión preventiva por haberse enfrentado haciendo uso de sus armas a los delincuentes. Esto, como se puede entender fácilmente, desalienta a los policías y se convierte en un motivo o excusa para que rehúyan el cumplimiento de sus funciones.

El tramposo y falaz argumento de que la ley de protección policial N° 31012 es una ley de “impunidad” que están usando los necios de siempre para impugnarla queda desvirtuado si se revisa la ley que establece claramente que:

Artículo 3°. El Policía Nacional del Perú que hace uso de sus armas o medios de defensa, contraviniendo la Constitución Política del Perú, las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconocidas por el Estado peruano y la presente ley, incurrirá en responsabilidad penal y no se aplicará los beneficios de la presente ley.

        Si un policía borracho en una cantina le dispara a un parroquiano, no está protegido por la ley. Si un policía integra una banda de asaltantes y usa un arma, no está protegido por la ley. Si un policía le dispara a un delincuente que está rendido, desarmado y anulado, no está protegido por la ley.

        La ley de protección policial otorga protección legal:

       

Artículo 1°. (…) “al personal de la Policía Nacional del Perú que, en ejercicio regular de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria causando lesiones o muerte y brindar el servicio de asesoría y defensa legal gratuita al personal policial, que afronta una investigación fiscal o un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial (…).

En estas circunstancias al ejercer su derecho a su legítima defensa y de la sociedad establecido en la ley, el principio de razonabilidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente, estableciendo mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial.”

        Y el artículo 2° reitera:

La presente ley tiene por finalidad garantizar la eficiencia del servicio que presta el personal policial en el cumplimiento de su función constitucional, cuando hacen uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y de esta manera gocen de la protección legal del Estado.

        Es decir, está clarísimo que esta ley protege a los policías que hacen uso de sus armas en el marco de la Constitución, de la ley y del reglamento y que, por tanto, no otorga impunidad a los policías que violen la ley.

        Pero ya empezó el cargamontón contra la ley –y contra las fuerzas del orden- con argumentos mendaces. Tampoco es verdad, como dicen los detractores de la ley, que sea inconstitucional, como bien han precisado Víctor García Toma –ex presidente del TC- y los constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo.

        El proyecto de ley fue presentado por el congresista Jorge del Castillo y aprobado por el Congreso disuelto en julio del año pasado, pero el gobierno de Martín Vizcarra no la promulgó. En su momento fue objetada por el indescriptible Vicente Zeballos, en ese momento ministro de Justicia. Por eso el nuevo Congreso, en uso de sus facultades, la ha promulgado.

        Pero los necios no se darán por vencidos y arremeterán contra la ley, con la ayuda de por lo menos parte del gobierno.

        En realidad es una ley necesaria en toda circunstancia, pero hoy día indispensable, no para usarla en la cuarentena y el toque de queda, como dicen algunos tontos –en este contexto las fuerzas del orden no deben hacer uso de sus armas contra el que sale a pasear al perro o botar la basura-, sino para lo que va a venir luego, con la inevitable crisis económica y aumento de la delincuencia.