Fernando Rospigliosi
(Publicado en El Reporte, periódico digital dirigido por Mijael Garrido-Lecca, 31 de mayo de 2020)
La estrategia del Gobierno ante la crisis del
coronavirus ha arruinado la economía y no ha
detenido los contagios ni las muertes. Ha sido
un fracaso completo. Y una de las
consecuencias será el desborde social que
sobrevendrá, en particular un incremento
descomunal de la delincuencia y la violencia.
La impresionante cifra de la pérdida de 1
´216,000 empleos solamente en Lima durante el
trimestre de febrero a abril (El Comercio,
16/5/20), es solo un pequeño adelanto de lo que
va a ocurrir en el país a consecuencia del
desastre que está provocando la absurda
cuarentena impuesta por el Gobierno. Millones
de peruanos que vivían precariamente, al borde
de la pobreza, caerán ahora en la miseria
absoluta. Muchas empresas van a quebrar.
El desborde social se va a expresar de diversas
maneras. Una de ellas será el incremento de los
conflictos sociales y las protestas de diversa
naturaleza, que irán acompañadas de
manifestaciones de violencia: bloqueos de
carreteras y vías urbanas, ataques a la
propiedad pública y privada, enfrentamientos
con las fuerzas del orden.
Otra más peligrosa será la de los saqueos a
mercados y supermercados, a vehículos de
transportes de alimentos y otros bienes, etc.
Y el aumento exponencial de la delincuencia,
que recurrirá métodos cada vez más violentos
para sus propósitos.
Un adelanto de lo que va a suceder es el
incremento de los robos desde principios de
abril en Lima. (Perú21, 23/5/20).
Al comienzo de la cuarentena los delitos
disminuyeron drásticamente por la imposibilidad
de circular, el toque de queda y la fuerte
presencia de las fuerzas del orden en las calles.
Pero aún en cuarentena, durante abril y mayo los delitos han ido creciendo y probablemente
seguirán aumentando hasta dispararse
exponencialmente cuando finalice la
inmovilización obligatoria.
¿Cómo debería enfrentar esta ola delictiva el
Estado? A estas alturas ya debería estar
planificándose una respuesta que incluya
algunos asuntos básicos. En primer lugar,
determinar geográficamente los lugares más
afectados por la catástrofe económica y los
grupos más perjudicados –jóvenes por ejemplo que puedan ser propensos a realizar actos
delictivos, para desarrollar programas que den
ocupación y alivien la pobreza.
En segundo lugar, en lo que respecta al
combate al delito, el Gobierno tendría que
concentrarse en los delitos menores, que son los que más afectan al grueso de la población:
robos callejeros, arrebatos, asaltos a las
viviendas, etc. Eso es lo más difícil de hacer.
Para ello hay que fortalecer las comisarías,
usualmente lo menos importante en las
prioridades del Ministerio del Interior (Mininter) y
la Policía Nacional. Eso implica reentrenar a los
efectivos que laboran en las comisarías para
que brinden una atención adecuada y eficiente
a los ciudadanos, de tal manera que se
incrementen las denuncias por delitos. Es
sabido que la gran mayoría no hace las
denuncias porque lo considera una pérdida de
tiempo y porque es engorroso. Si no hay
denuncias no se puede
construir mapas del delito,
que son indispensables para
una respuesta adecuada.
En tercer lugar, hay que reforzar la investigación
criminal a nivel de las comisarías, cosa hoy
completamente abandonada. La investigación
criminal en la práctica solo existe en las grandes
unidades como la Dirincri, y no donde es más
necesaria, en los distritos, en las comisarías. A
lo único que se le ha dado relativa importancia
es al otro elemento indispensable, el patrullaje,
pero solo adquiriendo miles de vehículos –
muchas veces inadecuados para esa labor-
,
pero sin distribuirlos donde son necesarios y,
sobre todo, sin una planificación precisa de su desplazamiento.
Para un patrullaje eficaz se requiere tener un
mapa del delito actualizado, lugares, horas de
mayor incidencia, etc.
Y junto con eso, en cuarto lugar, se necesita un
Centro de Comando y Control (C4) que es
increíble que no exista hoy día en Lima, una
ciudad de más de diez millones de habitantes.
Un Centro que integre cámaras de vigilancia de
la policía, los distritos, las empresas privadas,
que tenga comunicaciones apropiadas y que
sea capaz de reaccionar rápidamente ante las
emergencias.
Las comunicaciones policiales, por ejemplo, son
hoy día muy deficientes, y no por falta de dinero
–en años anteriores el Mininter tuvo miles de
millones de soles para invertir- sino por
corrupción y malas compras, en particular en el
nefasto gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia.
En quinto lugar, se requiere aliviar el
hacinamiento en los penales, diferenciar a
delincuentes primarios de avezados, poner en
práctica leyes que ya existen para castigar
pequeños delitos con trabajo comunitario, etc.
Estas son algunas ideas que habría que poner
en práctica de inmediato. Puede hacerse.
El asunto es que probablemente la respuesta
será otra. Lo que ha ocurrido en las últimas
décadas es que los políticos suelen recurrir a
medidas artificiosas que solo empeoran la
situación. Por ejemplo, apelarán al populismo
penal, aumentar las penas –que en general ya
son altas-
, cosa que se hace fácilmente y no
sirve para nada. Porque primero hay que atrapar
al delincuente, luego acusarlo, después probarle
el delito y finalmente tener una cárcel donde ponerlo. Nada de eso se hace con rapidez y
eficiencia en el Perú de hoy y lo único que se
logra es sobrecargar al sistema de justicia
inoperante y corrupto, y seguir atiborrando las
cárceles que son escuela de delincuentes.
La otra respuesta facilista –y muy popular- es
involucrar a los militares en la lucha contra la
delincuencia, tarea para la que no están
preparados y que, en la experiencia de muchos
países de la región, se ha demostrado errada,
provocando más problemas que los que
resuelve.
Esas son las opciones, habrá que observar el
desempeño de las autoridades.
