lunes, 24 de enero de 2022

Estilo senderista de gobernar

 

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Estilo senderista de gobernar

 

        A estas alturas va quedando en evidencia que la acción de las instituciones estatales que supuestamente son contrapesos al poder del gobierno, son absolutamente insuficiente para controlar a un Ejecutivo que actúa con criterios senderistas, es decir, con absoluto desprecio por la opinión pública, manipulando inescrupulosamente a otros poderes del Estado cuando pueden hacerlo y sustentándose solamente en el poder que detentan.

        Un caso evidente es el de la Fiscalía de Nación, controlada desde principios de 2019 por la coalición vizcarrista y que, guiada por ONG y estudios de abogados caviares, ha actuado con celo persecutorio contra los adversarios políticos de ese consorcio y con suavidad y condescendencia con sus aliados.

        Así, Zoraida Ávalos con total desvergüenza decide postergar hasta el 2026 las investigaciones a Pedro Castillo, y la fiscalía visita –no allana- la guarida de Sarratea 44 días después de conocido el reportaje que revelaba las clandestinas reuniones que tenían lugar allí.

        Al secretario de Castillo, Bruno Pacheco, le devolvieron los US$ 20,000 que le encontraron en el baño de Palacio de Gobierno y sigue libre a pesar que todas las explicaciones que ha dado sobre ese dinero son inverosímiles.

        Pero, desgraciadamente, no solo se trata de la fiscalía. El Congreso tampoco está a la altura de lo que se requiere en circunstancias tan graves como las que vive el país.

        La premier Mirtha Vásquez ha protegido y respaldado públicamente a los vándalos que destruyeron instalaciones mineras y que bloquearon caminos obligando a paralizar a dos de las minas más grandes del mundo, y no ha sucedido absolutamente nada. Todo eso con la también activa participación del ministro de Energía y Minas. En cualquier otro gobierno habría sido obligada a renunciar o censurada inmediatamente por ese comportamiento. Aquí, ni siquiera la han llamado a dar explicaciones.

        O por las sucesivas mentiras que, con toda desfachatez, ha vertido sobre las visitas a la casa de Breña. Eso hubiera originado un terremoto político en un ambiente donde existiera un mínimo de respeto por la democracia.

        Pero eso no sucede ahora y si la obligan a abandonar el cargo será probablemente por las feroces disputas internas por los puestos en la gavilla que se ha apoderado del Estado y no por sus transgresiones.

        El ministro del Interior nombra como prefectos a notorios miembros del Fenate, uno de los organismos generados por Sendero Luminoso (facción de Abimael Guzmán) que ahora se dedicarán a hacer agitación pagados por el Estado y con la autoridad que le proporciona el ministerio que antes los investigaba. Y no pasa nada.

        Ningún gobierno democrático se hubiera atrevido a hacer esto. Pero el de Castillo lo hace sin inmutarse. Y todos los días van aprendiendo más. Saben que pueden manipular a la Policía Nacional y que no sucede nada. Se dan cuenta que pueden cambiar a la cúpula militar que resistió sus presiones ilegales, pagando un precio ínfimo por ello, la salida de un impresentable del Ministerio de Defensa que es reemplazado por otro similar.

        En suma, es el estilo autoritario, senderista, de gobernar, atropellado la ya débil institucionalidad siempre que pueden, con un desprecio absoluto por la opinión pública y avanzando en pos de sus objetivos políticos.

Lampadia 13/1/22

Riqueza, desigualdad, tecnología

 

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Riqueza, desigualdad, tecnología

 

        Un titular del diario español El País al comenzar el año muestra una información que tiene hondas repercusiones políticas: “Los más ricos del mundo aumentan un 30% su patrimonio en el último año” (2/1/22).

        Eso significa, de acuerdo a la misma fuente, que las 20 mayores fortunas del mundo vieron crecer su patrimonio conjunto en 500.000 millones de dólares.

        Ocho de los diez más ricos del mundo basan su fortuna en la tecnología, incluyendo a Elon Munsk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Larry Page y Sergey Brin (Google) y Mark Zuckerberg (Facebook).

        El problema no es que esos magnates –la mayoría norteamericanos- hayan aumentado sus fortunas, sino que simultáneamente “la clase media de Estados Unidos vio reducida su riqueza”, según la La gaceta de la iberósfera (3/1/22).

        En su último libro, “El corredor estrecho”, Daron Acemoglu y James Robinson señalan ese problema como una de las más importantes amenazas a la democracia y el libre mercado. Las cifras de la concentración de los ingresos que resumen esa situación son realmente preocupantes:

        Ese 1 por ciento de los estadounidenses recibía alrededor del 9 por ciento de los ingresos en la década de 1970. En 2015 esa cifra había ascendido al 22 por ciento. El aumento ha sido aún más sorprendente para el 0,1 por ciento, que fue de alrededor del 2,5 por ciento en la década de 1970 y casi un 11 por ciento del ingreso nacional en 2015.”

        A la luz de las últimas cifras resumidas al principio de este artículo, esa tendencia no deja de aumentar.

        A fines del siglo XIX y principios del XX hubo una situación similar en los EE.UU., señalan Acemoglu y Robinson, cuando “magnates ferroviarios como Cornelius Vanderbilt y Jay Gould, industriales como John D. Rockefeller y Andrew Carnegie, y financieros como John Pierpont Morgan, estos ´barones ladrones´ no sólo invirtieron de forma masiva e impulsaron la expansión económica, sino que amasaron fortunas sin precedentes y abusaron de manera habitual de su poder económico y político.”

La respuesta fue un aumento de la capacidad del Estado para regular estos monopolios, empezando por la Ley de Comercio Interestatal de 1887, el primer paso hacia una regulación nacional de la industria, seguida de la Ley Antimonopolio Sherman de 1890, la Ley Hepburn de 1906 y la Ley Antimonopolio Clayton de 1914. Los presidentes sucesivos, Theodore Roosevelt y William H. Taft (republicanos) y Woodrow Wilson (demócrata), utilizaron estas leyes para deshacer los monopolios.

Eso hasta ahora no ha sucedido en lo que va del siglo XXI.

Es necesario resolver este problema, porque está muchas veces en la base del éxito de políticas populistas, que utilizan engañosamente el crecimiento de la fortuna de los ricos y el estancamiento de los ingresos de la clase media para proponer –y, a veces, realizar- políticas que terminan arruinando el crecimiento y empobreciendo a todos, excepto a los populistas que se hacen del poder y amasan fortunas no producto del trabajo y la innovación, sino del uso corrupto del poder político.

En su excelente libro sobre el avance del populismo en el mundo, “El pueblo contra la democracia”, Yascha Mounk señala como en EE.UU. “de 1935 a 1960, el nivel de vida del estadounidense medio se duplicó. De 1960 a 1985, volvió a duplicarse de nuevo. Desde 1985 se ha mantenido básicamente plano: el hogar estadounidense medio no es más rico ahora que treinta años antes.” Ahora, dice Mounk, la mitad de los estadounidenses se quedan estancados sin que su situación mejore a lo largo de su vida, cosa que no ocurría antes.

Si eso sucede en EE.UU., en muchos otros lugares es peor. En el Perú, tres décadas de crecimiento –la de 2004 a 2014 espectacular-, se han visto bruscamente frenadas por gobiernos caviares con consecuencias políticas desastrosas.

En Chile acabamos de ver cómo, después de décadas de crecimiento y de mejora sustancial del nivel de vida de todos, la desigualdad ha sido un tema crucial en la campaña del populismo izquierdista para hacerse del poder y probablemente arruinar al país y empobrecer a todos.

Por último, otro problema de la realidad descrita aquí, es el que pronostica Eurasia Group: una de las amenazas más importantes del 2022 es lo que denomina el mundo tecnopolar “un puñado de empresas tecnológicas son ahora tan poderosas como los estados-nación: actores geopolíticos con una influencia sin precedentes sobre la información a la que tenemos acceso”. (Gzero, 4/1/22).

“Es el 2022. Su información personal será pirateada. Los algoritmos alimentados con datos sesgados tomarán decisiones destructivas que afectarán la forma en que miles de millones de personas viven, trabajan y aman. (…) Lo único que todas estas realidades tienen en común es que emanan del espacio digital, donde un puñado de grandes empresas tecnológicas, no gobiernos, son los principales actores y ejecutores.” (3/1/22)


Lampadia, 6/1/22

 

Sendero va ocupando el Estado

 

Sendero va ocupando el Estado

A+

Sin pausa, Sendero Luminoso (SL) sigue asaltando posiciones en el Estado peruano, sin que nadie haga nada para impedirlo. Muchos prefectos que ha designado el Ministerio del Interior tienen vinculaciones con SL.

El servil y obsecuente Avelino Guillén acaba de nombrar, obviamente por orden de Pedro Castillo, a dos nuevos prefectos relacionados a SL: el profesor Eliseo Huamaní Curihuamani como prefecto regional de Apurímac y a la profesora de primaria Cinthya Lindo Espinoza en Piura.

Huamaní aparece en lo planillones del Movadef, la fachada de SL de Abimael Guzmán y es miembro del sindicato magisterial de SL -donde también milita Castillo- Fenate, reconocido legalmente por Íber Maraví. En 2015 tuvo una investigación por terrorismo que fue archivada. En Apurímac hacía campaña radial a favor de una asamblea constituyente, cosa que ahora obviamente seguirá haciendo usando su cargo de autoridad, representante del Presidente, pagado con los impuestos de todos los peruanos (esos que Pedro Francke quiere aumentar). (Perú.21, 29/12/21).

Cinthya Lindo fue candidata al Congreso por Perú Libre y aparece en un informe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional.

El Director de Gobierno del Mininter, el que tiene a su cargo los prefectos, es un profesor chotano del Fenate, José Segundo Rafael Heredia, que también ha nombrado como prefecta de Áncash a la profesora Manuela Méndez Rojas, dirigente del Conare (la anterior fachada de SL en el magisterio) en Recuay; a Roger Apolinar Ortiz, del Partido Magisterial, un organismo creado por el Fenate, como prefecto de Lima provincias; a Ronald Llanos Gálvez, también del Fenate, en Amazonas; a Eudis Laureano Salinas -Fenate- en Pasco; Guillermo Rea Tito, Fenate, en Moquegua.

Estos son solo algunos de los individuos vinculados a los organismos generados por SL que ahora se dedican a propiciar los objetivos políticos de esa organización desde cargos públicos.

La congresista Jeny López ha pedido que se cite a Avelino Guillén a una sesión conjunta de las comisiones de Defensa e Inteligencia del Parlamento para que explique esas -y otras- designaciones por el Ministerio del Interior, la institución del Estado encargada de combatir a los que hoy cobija, promueve y subsidia.

Es una propuesta adecuada y necesaria, pero obviamente insuficiente. Si se llega a aprobar, probablemente Guillén irá con un guion redactado por algún asesor y no pasará nada. Él será defendido por sus amigos caviares. Y en el improbable caso que tuviera que renunciar, la política del gobierno no cambiaría, como lo demuestra su persistencia a pesar DE que en cinco meses han pasado tres ministros por el Mininter.

A estas alturas ya es evidente que los intentos de tratar de rectificar el rumbo del gobierno con algunos cambios de funcionarios o convocatorias al Congreso, no alcanza.

La presión política y mediática logró que se reemplace al impresentable Guido Bellido, y Mirtha Vásquez resultó peor pues ha causado un daño irreparable a la minería y al crecimiento del país.

Expreso

La violencia revolucionaria

 

La violencia revolucionaria

A+

Aunque parezca increíble, a estas alturas todavía hay algunos ingenuos que creen que es posible que el gobierno de Pedro Castillo y los “dinámicos del centro” se transforme y se modere. Por eso se han sorprendido cuando el Ejecutivo ha observado la ley del Congreso que reitera que la modificación o cambio constitucional tiene que pasar necesariamente por el Parlamento.

Esa es una manera de impedir que prospere la maniobra comunista para convocar ilegalmente una asamblea constituyente, cuya finalidad es establecer una dictadura chavista, como ocurrió en Venezuela y otros países admirados por Castillo y sus secuaces.

Obviamente eso no va a impedir que ellos persistan en ese objetivo. Las amenazas de Vladimir Cerrón son una muestra de ello. El partido de gobierno, Perú Libre, puso en un tuit: “El Congreso de la República está restringiendo al pueblo el derecho al referéndum, eliminando de esa forma el camino pacífico hacia la nueva Constitución y aperturando (sic) la válvula del camino violento. Marx, siempre tuvo razón, la lucha de clases es el motor de la historia.” Y Cerrón comentó “¡Toda la razón al Partido!”.

Naturalmente, cuando se refieren al “camino violento”, no están hablando de una insurrección contra el Estado, como la que iniciaron en 1980 sus antecesores Sendero Luminoso y el MRTA. Hace tiempo aprendieron que no pueden vencer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional mediante el terrorismo.

Lo que están diciendo es que van a usar el poder del Estado que ahora detentan para ejercer la “violencia revolucionaria” contra los demócratas que se opongan a sus siniestros propósitos. Es lo que han hecho en Venezuela y muy recientemente en Nicaragua para perpetuar la dictadura de Daniel Ortega y en Cuba para impedir las manifestaciones de protesta.

Sus notables avances en el control político de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los pocos meses que llevan en el Gobierno, son una evidencia inequívoca de lo que pretenden (mientras los caviares, obnubilados por su permanente interés de conseguir puestos en el Estado, distraen la atención con discusiones absurdas sobre nimiedades).

En tanto, la labor de demolición del país sigue avanzando con paso firme. Uno de sus últimos éxitos es la destrucción del proyecto de irrigación Majes Siguas en Arequipa, donde se conjugó el gobierno regional del corrupto socialista andino Elmer Cáceres Llica con el de Castillo.

Como señala Gabriel Daly, “el gobierno de Pedro Castillo se ha encargado de incinerarlo [un proyecto que tiene 50 años] en menos de seis meses, pese a una probada rentabilidad social”. (El Comercio, 15/1/22). Y agrega que no se trata solamente de torpeza, incompetencia e ignorancia sino un claro propósito de erosionar “los pilares del crecimiento económico” del Perú.

Así, ellos siguen progresando en el control del Estado y la destrucción de la economía, mientras algunos opositores se entretienen en disputas inconducentes.

Expreso

¿No habrá constituyente?

 

¿No habrá constituyente?

A+

Ha sido una muy buena decisión del Congreso aprobar por insistencia la ley que el gobierno comunista de Pedro Castillo se negó a promulgar. Esa norma reitera lo que ya estaba definido en la Constitución vigente, pero que con los típicos subterfugios falsarios, todas las izquierdas pretendían burlar para convocar una asamblea constituyente que instaure una dictadura chavista en el Perú.

No obstante, es muy temprano para cantar victoria como están haciendo algunos, creyendo que con la aprobación de esa norma el problema está resuelto, por la sencilla razón que los comunistas aupados en el gobierno no creen ni respetan ni la democracia ni la Constitución, solo fingen hacerlo hasta que tengan la fuerza necesaria para acabar con ellas.

La reacción de todos ellos ha sido clarísima. El siniestro comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde se expresan a nombre de todo el Gobierno, pretende desautorizar al Congreso por supuestamente haber actuado “a espaldas de la población”.

El Congreso es precisamente el representante de toda la población, porque allí, a diferencia del Poder Ejecutivo donde está encaramado un solo grupo político, están representadas las diversas tendencias que participaron en las elecciones.

Adicionalmente, como señalan todas las encuestas, la asamblea constituyente y el cambio de la Carta no son respaldados sino por una pequeña minoría.

El malévolo pronunciamiento de PCM dice también, con inigualable cinismo, que el Congreso ha vulnerado la democracia, la Constitución y el equilibrio de poderes, al aprobar por una amplísima mayoría una ley que solo reitera lo ya instituido y cierra el camino al intento dictatorial.

Es decir, están haciendo claramente explícitos los pretextos que argüirían cuando cierren el Congreso y establezcan una dictadura, si es que tienen la fuerza necesaria para hacerlo.

El individuo que ocupa Palacio dice, en la unánimemente criticada entrevista en un semanario, que el Congreso le ha cerrado “las puertas a la voluntad de la gente”. Otra falsedad, por supuesto. La “voluntad de la gente” de la que habla es solo la voluntad de los comunistas. Se trata, nuevamente, del intento de deslegitimar una decisión democrática, constitucional y legal para justificar luego, si tienen el poder para hacerlo, la destrucción de la democracia.

Se ha ganado solo una batalla, no hay que olvidarlo. 

Otrosí digo. Todo indica que el desastre ecológico producido por Repsol fue producto de la negligencia de la empresa. Adicionalmente, no actuó a tiempo para mitigar el impacto del derrame y no ha dicho la verdad en sus comunicaciones.

El Estado debería obligar a la empresa a remediar el daño causado y a pagar una multa muy fuerte, como sanción que sirva de ejemplo y que tenga un efecto disuasivo sobre todas las empresas, para que incluyan estrictos protocolos que eviten este tipo de incidentes.

Por último, ha sido nauseabundo el intento del Gobierno y algunos de sus secuaces parlamentarios de aprovechar la ocasión para sacar provecho político en lugar de dedicarse a trabajar soluciones eficaces.

Expreso

domingo, 23 de enero de 2022

Las FFAA y la seguridad

 OpiniónDomingo, 23 de enero de 2022

Las FFAA y la seguridad
Fernando Rospigliosi
Analista Político

El inepto ministro del Interior insiste en involucrar a las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad ciudadana, para hacer creer a la ciudadanía que está haciendo algo para detener la ola delictiva que se ha convertido en la principal preocupación de muchos peruanos.

En realidad, esa medida, en caso de concretarse, no ayudará a mejorar la seguridad y es totalmente contraproducente.

¿Qué papel pueden desempeñar las FFAA? Avelino Guillén dice que pueden custodiar instalaciones, es decir, cumplir el papel de guachimanes. Eso, por supuesto, es absurdo. No estamos en una situación en que algún tipo de instalación pueda ser atacada por una horda armada hasta los dientes que requiera ser detenida por un enorme poder de fuego, como el que pueden emplear los militares.

Si se trata de reemplazar a los policías que custodian a los altos funcionarios del gobierno, podrían contratar guachimanes de alguna empresa de seguridad (siempre y cuando no sea la que prestaba vehículos al secretario y al sobrino de Pedro Castillo).

¿En qué otra tarea pueden participar las FFAA? ¿Patrullar las calles con tanques o vehículos blindados provistos de ametralladoras pesadas que no se deben usar en una ciudad? ¿Disparar con fusiles de asalto a algún escapero o ladrón de celulares?

Además, un factor que casi no se tiene en cuenta porque no se conoce, es que el desplazamiento de las FFAA fuera de sus cuarteles es costosísimo. Muchas personas ignoran que cuando se utiliza a las FFAA en ese tipo de actividades, eso no sale del presupuesto regular que tiene asignado el Ministerio de Defensa. Es un costo adicional. Y es muy alto.

Así, millones de soles que podrían dedicarse a mejorar las comisarías, a comprar e instalar cámaras de seguridad, a mejorar los laboratorios de criminalística, a instalar en Lima un C4 adecuado usando inteligencia artificial (centro de comando, control, comunicaciones y cómputo), etc. se desperdiciará en movilizar a las FFAA en una tarea para la que no están preparadas y que no tendrá ningún resultado positivo en seguridad ciudadana.

Quizás lo más importante es el desgaste de las FFAA en una labor que no es la suya. Los militares tienen que entrenarse constantemente para la defensa nacional y se les provee de armas relativamente costosas y sofisticadas. Desplegarlos a patrullar las calles sin propósito definido y a cumplir tareas de guachimanes, es una pérdida de recursos y energía sin sentido.

Por último, si algunos ingenuos creen que se puede poner una pareja de soldados en cada esquina, están totalmente equivocados. Con el servicio militar voluntario el número de efectivos ha disminuido drásticamente y la cantidad de militares que se pueden desplegar es reducida.

En síntesis, una medida sin sentido, costosa, desgastante, que perjudica a las FFAA y no mejora la seguridad ciudadana y que solo sirve para que los inútiles instalados en el Ministerio del Interior y Palacio de Gobierno puedan decir que están haciendo algo.

El Reporte

miércoles, 5 de enero de 2022

Mentiras sobre la guerra civil española

A Joan Rovira i Roure, alcalde de Lérida, lo fusilaron porque había organizado el 5 de enero la cabalgata de los Reyes Magos. Al iniciarse la guerra civil española en 1936 los republicanos lo asesinaron por ese "delito". La historia que han contado por décadas sobre la II República y la guerra civil es falsa. No eran demócratas enfrentados a fascistas. Ningún demócrata asesina a un alcalde por sus creencias religiosas




"Joan Rovira Roure fue un abogado del Estado y político de la Lliga Regionalista que en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1932 fue escogido diputado para el Parlamento de Cataluña por la demarcación de Lérida. Fue nombrado alcalde de Lérida en 1935, después de la destitución y encarcelamiento del alcalde electo Antoni Vives i Estover a causa de los hechos de octubre de 1934.

Al inicio de la Guerra civil española fue detenido y juzgado de forma irregular por el Tribunal Popular de Lérida, junto a otros miembros de la candidatura del Frente Catalán de Orden en las elecciones generales españolas de 1936, fue condenado a muerte por celebrar la cabalgata de Reyes Magos, actividad (como otras manifestaciones religiosas) prohibida por la Generalidad. Rovira fue detenido, juzgado y condenado a pesar de tener inmunidad parlamentaria garantizada por la Generalidad de Cataluña y que así lo alegara un enviado de esta institución. Murió ejecutado el 27 de agosto de 1936 en Lérida.

La persecución no terminó con su muerte, a pesar que hay testigos que aseguran que perdonó a quienes lo fusilaron. La checa revolucionaria que gobernaba Lérida ordenó que sus dos hijos mayores, de cinco y cuatro años respectivamente, debían viajar a Rusia para ser "reeducados". En un gélido día de febrero de 1938, Ana María Tarazona, esposa de Juan Rovira, se aventuró a cruzar las lineas hacia la España Nacional, con sus dos hijos mayores y con el menor, que a la sazón tenía un año." (Wikipedia)