Un éxito del gobierno

 

Un éxito del gobierno

Fernando Rospigliosi

 

        En gobierno ha tenido resultados espectaculares en minería. Ha logrado paralizar en pocos meses a dos de las minas más grandes del mundo, cosa que nadie había podido hacer. Antamina y luego Las Bambas, tuvieron que detener sus operaciones por bloqueos efectuados por grupos aliados y protegidos del gobierno.

        En el caso de Las Bambas, según algunos entendidos, ha dejado de producir aproximadamente un 25% de lo que podría haber alcanzado el 2021 debido a las continuas interrupciones provocadas por extorsionadores, según los ha definido acertadamente Jaime de Althaus.

        Esos extorsionadores han sido alentados y protegidos -al igual que los que incendiaron Apumayo y atacaron otras operaciones mineras en Ayacucho-, por el gobierno, en particular por el indescriptible ministro de Energía y Minas y, sobretodo, por la anti minera Mirtha Vásquez, ubicada como Presidenta del Consejo de Ministros (PCM) por Pedro Castillo y el poderosísimo lobby caviar. Y la complicidad –no hay que dejar de mencionarlo- de importantes sectores empresariales que recibieron con indisimulado entusiasmo a esa enemiga de la minería y la inversión privada en la PCM.

        Todo el coro caviar no solamente la respaldó sino destacó sus supuestas virtudes para el cargo. En realidad, esa señora carece por completo de cualidades políticas y capacidades de gestión que la habiliten para los cargos que ha ocupado -¡increíblemente fue también presidenta del Congreso impuesta por la coalición vizcarrista, apoyada por el empresariado!-, salvo, por supuesto, ser una típica exponente de la mediocridad izquierdista encumbrada y realzada por los medios de comunicación influidos por los caviares.

        El acta suscrita por Vásquez el 30 de diciembre para reanudar las operaciones de Las Bambas es de antología. Además de conceder varias demandas de los extorsionadores y hacer vagas promesas que probablemente no se cumplirán y provocarán nuevos bloqueos, el gobierno se compromete a defender a los violadores de la ley. El punto 6 dice que el Ministerio de Justicia defenderá a los culpables de cometer delitos como el bloqueo de carreteras y el uso de la violencia, es decir, “a los denunciados en el marco de los conflictos sociales con el objetivo de lograr su archivamiento”.

        Así el gobierno que es, según la Constitución, el encargado de hacer cumplir la ley, se encargará de ayudar y proteger a los que violan la ley.

        Para reforzar tamaña barbaridad. El punto 7 de esa acta señala que la PCM y los ministerios de Justicia e Interior tratarán de “no impulsar las denuncias preventivas presentadas contra algunos dirigentes sociales de las comunidades”, es decir, los extorsionadores.

        El suma, el aparato del Estado puesto al servicio de los delincuentes que han bloqueado carreteras y realizado actos violentos, claramente tipificados en el Código Penal.

        Las consecuencias son obvias: muchos otros se verán alentados a realizar acciones similares, con la certeza que quedarán impunes y obtendrán ganancias.

        Las pérdidas de las empresas mineras han sido muy altas y, en consecuencia, también las del erario nacional que ha dejado de cobrar impuestos, los gobierno regionales y municipales que recibirán menos canon y la economía nacional que recibe menos dólares en momentos en que se ha producido la más grande salida de moneda extranjera de la historia.

        En conclusión, un éxito espectacular de Castillo, Vásquez y sus secuaces que pretenden liquidar la inversión minera y hundir al país en el caos.

       El Reporte 2/1/22

Estado de emergencia

 

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Estado de emergencia

 

        Ante la ola delictiva que preocupa a la sociedad, el inepto gobierno de Pedro Castillo pretende declarar el estado de emergencia, una medida no solo innecesaria sino peligrosísima en manos de una camarilla capitaneada por los herederos de Sendero Luminoso y el MRTA.

        El estado de emergencia (Artículo 137° de la Constitución) implica la suspensión de varias garantías constitucionales y se declara “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”, que, como es evidente, no es el caso, a pesar que la actividad delincuencial sigue creciendo.

Los derechos constitucionales que se suspenden son los “relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.”

       

        Podría tener sentido declarar el estado de emergencia, además de la condición de estar en una situación de catástrofe, si hubiera una estrategia para combatir la delincuencia y –naturalmente- si existiera un gobierno que cree en la democracia y la respeta.

Por ejemplo, si se suspende la inviolabilidad del domicilio, es decir, si la policía puede irrumpir en cualquier vivienda sin un mandato judicial, se necesitaría tener identificadas los refugios de los malhechores que se quiere intervenir. Y, se supone, que son muchos y que requieren una incursión rapidísima, porque de lo contrario lo normal es pedir a una autorización a un juez. Hay que tener en cuenta también que las fuerzas del orden pueden entrar a cualquier vivienda sin mandato judicial y sin estado de emergencia cuando existe “flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración”. Y la flagrancia se ha extendido, es decir, no implica el momento mismo en que se comete el delito.

En otras palabras, en el caso de la inviolabilidad del domicilio, no se requiere suspender esa garantía constitucional para combatir el delito, sobre todo si es obvio que no existe un plan para usar esa excepcionalidad de manera eficaz contra los criminales.

La libertad de reunión y de tránsito ya están restringidos por la emergencia sanitaria, entonces ¿qué propósito tiene limitarlos drásticamente? ¿Acaso los delincuentes se reúnen por decenas o centenares en las plazas? Y si así fuera ¿se necesitaría la suspensión de garantías para detenerlos o dispersarlos?

Lo más peligroso, por cierto, es el derecho a la libertad. El apartado f) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución también se suspende: “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.” Con esa disposición suspendida pueden arrestar a quien les dé la gana, sin que haya mandato judicial ni flagrante delito. ¿Es posible imaginar cómo usarán esa emergencia los procesados por terrorismo, los que consideran la democracia como una “pelotudez”, que hoy están encaramados en el gobierno?

Las verdaderas razones por las que el gobierno pretende declarar el estado de emergencia son: 1) no tienen idea de que hacer para enfrentar la ola delictiva, y suspendiendo las garantías fingen estar haciendo algo. 2) Usar esa excepcionalidad contra la oposición democrática. Naturalmente, no lo harán el primer día, sino esperarán el acostumbramiento de la gente a la emergencia y luego la empezarán a utilizar en función de sus siniestros objetivos políticos.

Lampadia 20/1/22

Estilo senderista de gobernar

 

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Estilo senderista de gobernar

 

        A estas alturas va quedando en evidencia que la acción de las instituciones estatales que supuestamente son contrapesos al poder del gobierno, son absolutamente insuficiente para controlar a un Ejecutivo que actúa con criterios senderistas, es decir, con absoluto desprecio por la opinión pública, manipulando inescrupulosamente a otros poderes del Estado cuando pueden hacerlo y sustentándose solamente en el poder que detentan.

        Un caso evidente es el de la Fiscalía de Nación, controlada desde principios de 2019 por la coalición vizcarrista y que, guiada por ONG y estudios de abogados caviares, ha actuado con celo persecutorio contra los adversarios políticos de ese consorcio y con suavidad y condescendencia con sus aliados.

        Así, Zoraida Ávalos con total desvergüenza decide postergar hasta el 2026 las investigaciones a Pedro Castillo, y la fiscalía visita –no allana- la guarida de Sarratea 44 días después de conocido el reportaje que revelaba las clandestinas reuniones que tenían lugar allí.

        Al secretario de Castillo, Bruno Pacheco, le devolvieron los US$ 20,000 que le encontraron en el baño de Palacio de Gobierno y sigue libre a pesar que todas las explicaciones que ha dado sobre ese dinero son inverosímiles.

        Pero, desgraciadamente, no solo se trata de la fiscalía. El Congreso tampoco está a la altura de lo que se requiere en circunstancias tan graves como las que vive el país.

        La premier Mirtha Vásquez ha protegido y respaldado públicamente a los vándalos que destruyeron instalaciones mineras y que bloquearon caminos obligando a paralizar a dos de las minas más grandes del mundo, y no ha sucedido absolutamente nada. Todo eso con la también activa participación del ministro de Energía y Minas. En cualquier otro gobierno habría sido obligada a renunciar o censurada inmediatamente por ese comportamiento. Aquí, ni siquiera la han llamado a dar explicaciones.

        O por las sucesivas mentiras que, con toda desfachatez, ha vertido sobre las visitas a la casa de Breña. Eso hubiera originado un terremoto político en un ambiente donde existiera un mínimo de respeto por la democracia.

        Pero eso no sucede ahora y si la obligan a abandonar el cargo será probablemente por las feroces disputas internas por los puestos en la gavilla que se ha apoderado del Estado y no por sus transgresiones.

        El ministro del Interior nombra como prefectos a notorios miembros del Fenate, uno de los organismos generados por Sendero Luminoso (facción de Abimael Guzmán) que ahora se dedicarán a hacer agitación pagados por el Estado y con la autoridad que le proporciona el ministerio que antes los investigaba. Y no pasa nada.

        Ningún gobierno democrático se hubiera atrevido a hacer esto. Pero el de Castillo lo hace sin inmutarse. Y todos los días van aprendiendo más. Saben que pueden manipular a la Policía Nacional y que no sucede nada. Se dan cuenta que pueden cambiar a la cúpula militar que resistió sus presiones ilegales, pagando un precio ínfimo por ello, la salida de un impresentable del Ministerio de Defensa que es reemplazado por otro similar.

        En suma, es el estilo autoritario, senderista, de gobernar, atropellado la ya débil institucionalidad siempre que pueden, con un desprecio absoluto por la opinión pública y avanzando en pos de sus objetivos políticos.

Lampadia 13/1/22

Riqueza, desigualdad, tecnología

 

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Riqueza, desigualdad, tecnología

 

        Un titular del diario español El País al comenzar el año muestra una información que tiene hondas repercusiones políticas: “Los más ricos del mundo aumentan un 30% su patrimonio en el último año” (2/1/22).

        Eso significa, de acuerdo a la misma fuente, que las 20 mayores fortunas del mundo vieron crecer su patrimonio conjunto en 500.000 millones de dólares.

        Ocho de los diez más ricos del mundo basan su fortuna en la tecnología, incluyendo a Elon Munsk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Larry Page y Sergey Brin (Google) y Mark Zuckerberg (Facebook).

        El problema no es que esos magnates –la mayoría norteamericanos- hayan aumentado sus fortunas, sino que simultáneamente “la clase media de Estados Unidos vio reducida su riqueza”, según la La gaceta de la iberósfera (3/1/22).

        En su último libro, “El corredor estrecho”, Daron Acemoglu y James Robinson señalan ese problema como una de las más importantes amenazas a la democracia y el libre mercado. Las cifras de la concentración de los ingresos que resumen esa situación son realmente preocupantes:

        “Ese 1 por ciento de los estadounidenses recibía alrededor del 9 por ciento de los ingresos en la década de 1970. En 2015 esa cifra había ascendido al 22 por ciento. El aumento ha sido aún más sorprendente para el 0,1 por ciento, que fue de alrededor del 2,5 por ciento en la década de 1970 y casi un 11 por ciento del ingreso nacional en 2015.”

        A la luz de las últimas cifras resumidas al principio de este artículo, esa tendencia no deja de aumentar.

        A fines del siglo XIX y principios del XX hubo una situación similar en los EE.UU., señalan Acemoglu y Robinson, cuando “magnates ferroviarios como Cornelius Vanderbilt y Jay Gould, industriales como John D. Rockefeller y Andrew Carnegie, y financieros como John Pierpont Morgan, estos ´barones ladrones´ no sólo invirtieron de forma masiva e impulsaron la expansión económica, sino que amasaron fortunas sin precedentes y abusaron de manera habitual de su poder económico y político.”

La respuesta fue un aumento de la capacidad del Estado para regular estos monopolios, empezando por la Ley de Comercio Interestatal de 1887, el primer paso hacia una regulación nacional de la industria, seguida de la Ley Antimonopolio Sherman de 1890, la Ley Hepburn de 1906 y la Ley Antimonopolio Clayton de 1914. Los presidentes sucesivos, Theodore Roosevelt y William H. Taft (republicanos) y Woodrow Wilson (demócrata), utilizaron estas leyes para deshacer los monopolios.

Eso hasta ahora no ha sucedido en lo que va del siglo XXI.

Es necesario resolver este problema, porque está muchas veces en la base del éxito de políticas populistas, que utilizan engañosamente el crecimiento de la fortuna de los ricos y el estancamiento de los ingresos de la clase media para proponer –y, a veces, realizar- políticas que terminan arruinando el crecimiento y empobreciendo a todos, excepto a los populistas que se hacen del poder y amasan fortunas no producto del trabajo y la innovación, sino del uso corrupto del poder político.

En su excelente libro sobre el avance del populismo en el mundo, “El pueblo contra la democracia”, Yascha Mounk señala como en EE.UU. “de 1935 a 1960, el nivel de vida del estadounidense medio se duplicó. De 1960 a 1985, volvió a duplicarse de nuevo. Desde 1985 se ha mantenido básicamente plano: el hogar estadounidense medio no es más rico ahora que treinta años antes.” Ahora, dice Mounk, la mitad de los estadounidenses se quedan estancados sin que su situación mejore a lo largo de su vida, cosa que no ocurría antes.

Si eso sucede en EE.UU., en muchos otros lugares es peor. En el Perú, tres décadas de crecimiento –la de 2004 a 2014 espectacular-, se han visto bruscamente frenadas por gobiernos caviares con consecuencias políticas desastrosas.

En Chile acabamos de ver cómo, después de décadas de crecimiento y de mejora sustancial del nivel de vida de todos, la desigualdad ha sido un tema crucial en la campaña del populismo izquierdista para hacerse del poder y probablemente arruinar al país y empobrecer a todos.

Por último, otro problema de la realidad descrita aquí, es el que pronostica Eurasia Group: una de las amenazas más importantes del 2022 es lo que denomina el mundo tecnopolar “un puñado de empresas tecnológicas son ahora tan poderosas como los estados-nación: actores geopolíticos con una influencia sin precedentes sobre la información a la que tenemos acceso”. (Gzero, 4/1/22).

“Es el 2022. Su información personal será pirateada. Los algoritmos alimentados con datos sesgados tomarán decisiones destructivas que afectarán la forma en que miles de millones de personas viven, trabajan y aman. (…) Lo único que todas estas realidades tienen en común es que emanan del espacio digital, donde un puñado de grandes empresas tecnológicas, no gobiernos, son los principales actores y ejecutores.” (3/1/22)

Lampadia, 6/1/22

 

 

Sendero va ocupando el Estado

Fernando Rospigliosi

03 Ene 2022 03:59 am

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Sin pausa, Sendero Luminoso (SL) sigue asaltando posiciones en el Estado peruano, sin que nadie haga nada para impedirlo. Muchos prefectos que ha designado el Ministerio del Interior tienen vinculaciones con SL.

El servil y obsecuente Avelino Guillén acaba de nombrar, obviamente por orden de Pedro Castillo, a dos nuevos prefectos relacionados a SL: el profesor Eliseo Huamaní Curihuamani como prefecto regional de Apurímac y a la profesora de primaria Cinthya Lindo Espinoza en Piura.

Huamaní aparece en lo planillones del Movadef, la fachada de SL de Abimael Guzmán y es miembro del sindicato magisterial de SL -donde también milita Castillo- Fenate, reconocido legalmente por Íber Maraví. En 2015 tuvo una investigación por terrorismo que fue archivada. En Apurímac hacía campaña radial a favor de una asamblea constituyente, cosa que ahora obviamente seguirá haciendo usando su cargo de autoridad, representante del Presidente, pagado con los impuestos de todos los peruanos (esos que Pedro Francke quiere aumentar). (Perú.21, 29/12/21).

Cinthya Lindo fue candidata al Congreso por Perú Libre y aparece en un informe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional.

El Director de Gobierno del Mininter, el que tiene a su cargo los prefectos, es un profesor chotano del Fenate, José Segundo Rafael Heredia, que también ha nombrado como prefecta de Áncash a la profesora Manuela Méndez Rojas, dirigente del Conare (la anterior fachada de SL en el magisterio) en Recuay; a Roger Apolinar Ortiz, del Partido Magisterial, un organismo creado por el Fenate, como prefecto de Lima provincias; a Ronald Llanos Gálvez, también del Fenate, en Amazonas; a Eudis Laureano Salinas -Fenate- en Pasco; Guillermo Rea Tito, Fenate, en Moquegua.

Estos son solo algunos de los individuos vinculados a los organismos generados por SL que ahora se dedican a propiciar los objetivos políticos de esa organización desde cargos públicos.

La congresista Jeny López ha pedido que se cite a Avelino Guillén a una sesión conjunta de las comisiones de Defensa e Inteligencia del Parlamento para que explique esas -y otras- designaciones por el Ministerio del Interior, la institución del Estado encargada de combatir a los que hoy cobija, promueve y subsidia.

Es una propuesta adecuada y necesaria, pero obviamente insuficiente. Si se llega a aprobar, probablemente Guillén irá con un guion redactado por algún asesor y no pasará nada. Él será defendido por sus amigos caviares. Y en el improbable caso que tuviera que renunciar, la política del gobierno no cambiaría, como lo demuestra su persistencia a pesar DE que en cinco meses han pasado tres ministros por el Mininter.

A estas alturas ya es evidente que los intentos de tratar de rectificar el rumbo del gobierno con algunos cambios de funcionarios o convocatorias al Congreso, no alcanza.

La presión política y mediática logró que se reemplace al impresentable Guido Bellido, y Mirtha Vásquez resultó peor pues ha causado un daño irreparable a la minería y al crecimiento del país.

Expreso

 

La violencia revolucionaria

Fernando Rospigliosi

17 Ene 2022 03:59 am

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Aunque parezca increíble, a estas alturas todavía hay algunos ingenuos que creen que es posible que el gobierno de Pedro Castillo y los “dinámicos del centro” se transforme y se modere. Por eso se han sorprendido cuando el Ejecutivo ha observado la ley del Congreso que reitera que la modificación o cambio constitucional tiene que pasar necesariamente por el Parlamento.

Esa es una manera de impedir que prospere la maniobra comunista para convocar ilegalmente una asamblea constituyente, cuya finalidad es establecer una dictadura chavista, como ocurrió en Venezuela y otros países admirados por Castillo y sus secuaces.

Obviamente eso no va a impedir que ellos persistan en ese objetivo. Las amenazas de Vladimir Cerrón son una muestra de ello. El partido de gobierno, Perú Libre, puso en un tuit: “El Congreso de la República está restringiendo al pueblo el derecho al referéndum, eliminando de esa forma el camino pacífico hacia la nueva Constitución y aperturando (sic) la válvula del camino violento. Marx, siempre tuvo razón, la lucha de clases es el motor de la historia.” Y Cerrón comentó “¡Toda la razón al Partido!”.

Naturalmente, cuando se refieren al “camino violento”, no están hablando de una insurrección contra el Estado, como la que iniciaron en 1980 sus antecesores Sendero Luminoso y el MRTA. Hace tiempo aprendieron que no pueden vencer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional mediante el terrorismo.

Lo que están diciendo es que van a usar el poder del Estado que ahora detentan para ejercer la “violencia revolucionaria” contra los demócratas que se opongan a sus siniestros propósitos. Es lo que han hecho en Venezuela y muy recientemente en Nicaragua para perpetuar la dictadura de Daniel Ortega y en Cuba para impedir las manifestaciones de protesta.

Sus notables avances en el control político de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los pocos meses que llevan en el Gobierno, son una evidencia inequívoca de lo que pretenden (mientras los caviares, obnubilados por su permanente interés de conseguir puestos en el Estado, distraen la atención con discusiones absurdas sobre nimiedades).

En tanto, la labor de demolición del país sigue avanzando con paso firme. Uno de sus últimos éxitos es la destrucción del proyecto de irrigación Majes Siguas en Arequipa, donde se conjugó el gobierno regional del corrupto socialista andino Elmer Cáceres Llica con el de Castillo.

Como señala Gabriel Daly, “el gobierno de Pedro Castillo se ha encargado de incinerarlo [un proyecto que tiene 50 años] en menos de seis meses, pese a una probada rentabilidad social”. (El Comercio, 15/1/22). Y agrega que no se trata solamente de torpeza, incompetencia e ignorancia sino un claro propósito de erosionar “los pilares del crecimiento económico” del Perú.

Así, ellos siguen progresando en el control del Estado y la destrucción de la economía, mientras algunos opositores se entretienen en disputas inconducentes.

Expreso

 

¿No habrá constituyente?

Fernando Rospigliosi

24 Ene 2022 03:59 am

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Ha sido una muy buena decisión del Congreso aprobar por insistencia la ley que el gobierno comunista de Pedro Castillo se negó a promulgar. Esa norma reitera lo que ya estaba definido en la Constitución vigente, pero que con los típicos subterfugios falsarios, todas las izquierdas pretendían burlar para convocar una asamblea constituyente que instaure una dictadura chavista en el Perú.

No obstante, es muy temprano para cantar victoria como están haciendo algunos, creyendo que con la aprobación de esa norma el problema está resuelto, por la sencilla razón que los comunistas aupados en el gobierno no creen ni respetan ni la democracia ni la Constitución, solo fingen hacerlo hasta que tengan la fuerza necesaria para acabar con ellas.

La reacción de todos ellos ha sido clarísima. El siniestro comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde se expresan a nombre de todo el Gobierno, pretende desautorizar al Congreso por supuestamente haber actuado “a espaldas de la población”.

El Congreso es precisamente el representante de toda la población, porque allí, a diferencia del Poder Ejecutivo donde está encaramado un solo grupo político, están representadas las diversas tendencias que participaron en las elecciones.

Adicionalmente, como señalan todas las encuestas, la asamblea constituyente y el cambio de la Carta no son respaldados sino por una pequeña minoría.

El malévolo pronunciamiento de PCM dice también, con inigualable cinismo, que el Congreso ha vulnerado la democracia, la Constitución y el equilibrio de poderes, al aprobar por una amplísima mayoría una ley que solo reitera lo ya instituido y cierra el camino al intento dictatorial.

Es decir, están haciendo claramente explícitos los pretextos que argüirían cuando cierren el Congreso y establezcan una dictadura, si es que tienen la fuerza necesaria para hacerlo.

El individuo que ocupa Palacio dice, en la unánimemente criticada entrevista en un semanario, que el Congreso le ha cerrado “las puertas a la voluntad de la gente”. Otra falsedad, por supuesto. La “voluntad de la gente” de la que habla es solo la voluntad de los comunistas. Se trata, nuevamente, del intento de deslegitimar una decisión democrática, constitucional y legal para justificar luego, si tienen el poder para hacerlo, la destrucción de la democracia.

Se ha ganado solo una batalla, no hay que olvidarlo. 

Otrosí digo. Todo indica que el desastre ecológico producido por Repsol fue producto de la negligencia de la empresa. Adicionalmente, no actuó a tiempo para mitigar el impacto del derrame y no ha dicho la verdad en sus comunicaciones.

El Estado debería obligar a la empresa a remediar el daño causado y a pagar una multa muy fuerte, como sanción que sirva de ejemplo y que tenga un efecto disuasivo sobre todas las empresas, para que incluyan estrictos protocolos que eviten este tipo de incidentes.

Por último, ha sido nauseabundo el intento del Gobierno y algunos de sus secuaces parlamentarios de aprovechar la ocasión para sacar provecho político en lugar de dedicarse a trabajar soluciones eficaces.

Expreso