La crisis de la democracia

 

    Estos tres artículos los publiqué en "Expreso en abril de 2024 y sintetizan una reflexión que quería exponer desde hace tiempo. Intento responder a una pregunta frecuente: porque los peruanos votan mal. La respuesta es que "si se le da la oportunidad, el pueblo tiende a escoger a los peores. En el Perú y en todas partes. Ahora y desde el principio de la historia." Ese es mi respuesta también a un tema recurrente en el ambiente académico, la crisis de la democracia. Hay, por supuesto, varios factores, pero uno que se suele soslayar, el aumento de la participación, es decisivo.

La democracia

        En Grecia, la democracia se estableció en el 508 a. de C., duró unos 150 años y terminó en un fracaso rotundo y completo, a tal punto que nadie habló de ella durante los siguientes dos mil años, como no fuera para denostarla, dice uno de los grandes politólogos –además de erudito- de nuestro tiempo, Giovanni Sartori: “El rechazo de la palabra democracia hasta el siglo XIX atestigua lo memorable y definitivo que fue el derrumbe de la democracia antigua.” (“La democracia en 30 lecciones”. Ver también “¿Qué es la democracia?”).

        En efecto, solo en el siglo XIX se volvió a hablar de democracia con una connotación positiva. Actualmente se denomina democracia a un sistema político distinto, inventado por los romanos al mismo tiempo que el de los griegos, la república (509 a. de C.).

        El motivo principal del fracaso de la democracia en Grecia fue la facilidad con la que el pueblo se dejaba arrastrar por los demagogos. Al principio, las masas respetaban y seguían a los hombres más capaces y valientes, pero pronto fueron desplazados por abyectos charlatanes.

El historiador Robert Cohen describe la situación: “La masa se ha vuelto arisca y parcial (…) Si un ciudadano noble pide la palabra, ella se muestra inmediatamente hostil. Si ese ciudadano pronuncia frases que la desagraden, se expone a ser precipitado desde lo alto de la tribuna. (…) Ahora ya nadie de calidad logra hacerse escuchar por el populacho”. (“Atenas, una democracia desde su nacimiento a su muerte”).

Isócrates, que vivió en el período de decadencia de la democracia, resumió la situación: “Aceptamos como consejeros a hombres que todos desprecian y los convertimos en dueños absolutos de los asuntos del Estado, hombres a quienes ninguno de nosotros querríamos confiarles nuestros asuntos personales. A esos a quienes con voz unánime declaramos los más despreciables entre los ciudadanos, a esos mismos los hacemos guardianes de la polis”. 

En “Apología de Sócrates”, Platón narra cómo tres sujetos –Anito, Meleto y Licón- manipulan a la masa y logran que un jurado compuesto por una turba de 501 ciudadanos condene a Sócrates a muerte.

Es famosa la anécdota de Arístides, un general íntegro y valeroso, que despertó los celos de otros líderes, que incitaron a las masas contra él para que lo deportaran por diez años, el ostracismo. Yendo a la asamblea donde se decidía a quién desterrar, Arístides se encontró con un ciudadano analfabeto que le pidió que inscribiera un nombre en la tablilla de votación (ostrak). El nombre era Arístides. Este, sorprendido, le preguntó porque quería desterrarlo y el hombre le respondió que estaba harto de escuchar de ese tal Arístides, que era un hombre bueno y justo.

Los celos, la envidia, el rencor son pasiones que motivan a las masas. Los demagogos, populistas diríamos hoy, pueden fácilmente manipular esas pasiones y usarlas en beneficio propio.

Poco ha cambiado en la naturaleza humana en los últimos 2,500 años. Ejemplos actuales y cercanos hay muchos.

(Publicado en "Expreso" el 15/4/24)

La república

        Los romanos inventaron un sistema político que, dos mil quinientos años después, es el que predomina en Occidente. Sus características básicas son.

1.   Elección de los gobernantes. En Roma tenían un sistema complicado, en el que, en teoría, votaban todos con los mismos derechos. En la práctica, votaban los más acomodados y elegían a los más preparados.

2.   Poder dividido. Gobernaban dos cónsules con poderes iguales. Pero además, habían otros funcionarios: pretores, cuestores, ediles, etc. Y, por supuesto, el Senado.

3.   Renovación de los cargos. Los cónsules eran elegidos por un año y no podían volver a presentarse a una elección hasta dentro de diez años. (Después degeneró).

4.   Los gobernantes tenían que responder de sus actos ante sus electores.

Es lo que hoy día se conoce como democracia representativa.

La república romana, fundada en el 509 a.C., colapsó, sobre todo, por un aumento de la participación. Cada vez más pueblos adquirían la ciudadanía romana y tenían poder de decisión. En el siglo II a.C. surgieron los “tribunos de la plebe” -caudillos populistas, diríamos ahora-, que alentaban la insurgencia de las masas contra las élites.

Jugaron un papel necesario, dada la enorme concentración de la riqueza y el poder que se había desarrollado al expandirse la influencia romana en el mundo conocido. Pero a la vez, socavaron y terminaron destruyendo la república.

En el siglo I a.C. la enorme población de Roma era comprada con prebendas por los candidatos al consulado. El riquísimo Craso, donó tres meses de trigo gratis a todo el pueblo de Roma. Las campañas electorales se volvieron cada vez más caras, porque había que sobornar al pueblo. Cuando llegaban al gobierno, los cónsules, muchas veces endeudados, tenían que resarcirse. Así murió la república (44 a.C) y fue reemplazada por el imperio.

El “panen et circenses”, pan y circo, nació en la república y fue utilizado sistemáticamente en el imperio.

A lo largo de los siglos, el sistema republicano perduró, con variantes. Las repúblicas de Venecia, Génova, Siena, prosperaron.

Pero fueron las revoluciones de finales del siglo XVIII las que establecieron los cimientos de las repúblicas actuales. La Revolución Francesa y, sobre todo, la norteamericana, cuyos fundadores rechazaron explícitamente la democracia y se inclinaron por una república.

En “El Federalista”, una serie de 85 artículos publicados en 1787/88 en Nueva York por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, se desarrollan las ideas fundamentales del sistema político que crearon. Tratan de establecer un balance entre la necesaria participación del pueblo y los límites a la misma. Eran muy conscientes que el pueblo es fácilmente manipulable por caudillos y demagogos, por eso instituyeron una elección indirecta del presidente, el Colegio Electoral.

Este régimen se desnaturalizó, pero fue reemplazado eficientemente por los partidos políticos, cuyas cúpulas mantuvieron a raya a los caudillos populistas (“¿Cómo mueren las democracias?”, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt). Hasta que, al final del siglo XX, el aumento de la participación empezó a zarandear el sistema.

(Publicado en "Expreso" el 22/4/24)

Las masas

 

        Es común escuchar a los analistas subrayar que los peruanos votan mal. La mayoría cree que es por la deficiente educación. Otros lo atribuyen a la anemia infantil, que afecta de manera irreversible el cerebro de los niños.

        No hay duda que la educación es mala y que la anemia infantil afecta a una proporción considerable. Pero la realidad es que si se le da la oportunidad, el pueblo tiende a escoger a los peores. En el Perú y en todas partes. Ahora y desde el principio de la historia.

        El fracaso de la democracia griega, la primera experiencia histórica de participación popular, es un ejemplo. Fácilmente podemos extrapolar lo que decían los griegos de la época a lo que sucede hoy aquí. (Ver en esta página: “La democracia”, 15/4/24). Es decir, las masas manipuladas por una pandilla de demagogos y sinvergüenzas. La decadencia de la república romana también se vincula con el aumento de la participación popular. (“La república”, 22/4/24).

        Los Padres Fundadores de la república norteamericana, que eran a la vez gente instruida, que estudiaba la historia, y gente práctica, que conocía la naturaleza humana, no querían una monarquía absoluta, pero desconfiaban de las masas populares que fácilmente podían caer bajo el influjo de estafadores.

        “Los hombres son ambiciosos, vengativos y rapaces”, sentenciaba Alexander Hamilton. Y añadía: “las pasiones momentáneas y el interés inmediato, tienen un poder más activo e imperioso sobre la conducta humana que las consideraciones generales y remotas de prudencia, utilidad o justicia”. (“El Federalista”, VI).

Por eso establecieron que el presidente sería escogido por un Colegio Electoral. Es decir, el pueblo participaba pero decidiendo cuáles miembros de esa élite serían los que designarían al presidente.

        El problema, según el filósofo español José Ortega y Gasset, es que las masas, que antes percibían que las minorías entendían un poco más de los problemas públicos que ellas, ahora creen que tienen derecho a imponer sus tópicos. (“La rebelión de las masas”).

        El asunto es que los ciudadanos “carecen de interés, que ni siquiera van a votar, que no están mínimamente informados. (,,,) La base de la información de las grandes masas es de una pobreza asombrosa y desalentadora”, anota Giovanni Sartori. (“¿Qué es la democracia?”). Y comprueba que ni la reducción de la pobreza ni la educación han cambiado esa situación.

        En palabras de Winston Churchill: “El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio.”.

        Lo paradójico es que lo que constituye el problema, el aumento de la participación, algunos ignorantes, tontos útiles o aprovechadores, lo proponen como solución.

        En síntesis, si las masas desinformadas son fácilmente manipulables por demagogos inescrupulosos, la alternativa es limitar las opciones, como en las democracias desarrolladas, bipartidismo con poder de las cúpulas partidarias (la verdadera protección contra el autoritarismo en EEUU no han sido los ciudadanos sino los partidos, Levitsky y Ziblatt). O, en términos de Sartori, “una poliarquía selectiva, una meritocracia electiva”.

 

(Publicado en "Expreso" el  29/4/24)

CORRUPCIÓN EN SUCAMEC

 Fernando Rospigliosi

        El año pasado denuncié que funcionarios ineptos o corruptos de Sucamec habían otorgado irregularmente licencias de armas y tarjetas de propiedad para adquirir 126 rifles y pistolas a dos individuos que luego las habían declarado perdidas. Obviamente, esas armas fueron desviadas ilícitamente a la delincuencia.

A partir de allí, algunos funcionarios, en particular el coronel PNP (r) Ronald Rejas, Gerente de Armas de Sucamec, han desarrollado una intensa campaña de mentiras en los medios de comunicación, sosteniendo que ellos no son responsables, que fue en una gestión anterior que eso ocurrió y que la culpa la tiene la ley de armas que les obliga a entregar licencias y tarjetas de propiedad sin límite a todo aquel que las pida.

El caso que denuncié es el del chofer de combi Aljemiro Sobrado Meza que, autorizado de manera inexplicablemente veloz por Sucamec, se hizo de 34 carabinas .223 y 24 pistolas de 9 mm, y de Rudy Fernández Delgado que adquirió, con similar rapidez, 37 carabinas .223 y 31 pistolas de 9 mm. Ambos declararon poco después que todas las armas se les habían perdido.

Los funcionarios de Sucamec mienten cuando dicen que estos casos de escandalosa corrupción fueron en gestiones anteriores. El actual superintendente, general PNP (r) Teófilo Mariño fue nombrado el 22 de diciembre de 2022 y Rejas el 6 de enero de 2023 como Gerente de Armas, aunque también trabajaba en Sucamec en otra gerencia desde marzo de 2022. En su actual gestión, Rejas autorizó 24 tarjetas de propiedad a Aljemiro y 17 a Rudy.

Es decir, los actuales funcionarios son responsables directos del trasiego de armas a la delincuencia.

Esto se comprueba, además, por la campaña de falsedades que han desarrollado en los medios de comunicación. Nunca han admitido la responsabilidad de Sucamec –aunque sea de gestiones anteriores- en el tráfico de armas. Siempre han engañado tratando de ocultar la negligencia de Sucamec y culpando a la ley.

La falsedad de este argumento se demuestra fácilmente. Desde que estalló el escándalo, ya no han otorgado centenares de autorizaciones a Aljemiros, porque saben que están siendo observados. Es decir, con la misma ley, hoy día, ya no hay individuos que obtienen licencias para comprar 70 u 80 armas.

La actual ley fue aprobada en enero de 2015 y entró en vigencia al año siguiente. Pero el problema solo se produjo entre 2021 y 2023, durante los gobiernos de Francisco Sagasti, Pedro Castillo y al comienzo de Dina Boluarte.

En un breve lapso se importaron con autorización de Sucamec, unos 2000 rifles .223 (AR 15). De ellos, 1,919 fueron importados por tres empresas de dudosa reputación, autorizadas para funcionar por Sucamec. (Una trajo 780, otra 577, otra 562).

Era evidente que en el Perú no hay un mercado de cazadores y tiradores deportivos que compren cientos de esas carabinas en tan corto tiempo. Los ineptos o corruptos funcionarios de Sucamec se hicieron de la vista gorda y autorizaron esa más que sospechosa importación, sin chistar.

Y luego, generosamente, otorgaron cientos de licencias y tarjetas de propiedad para comprar armas idénticas a sujetos que evidentemente no tenían la capacidad económica ni justificación alguna para adquirirlas.

Ahora esto es un escándalo internacional porque parte de esas armas han sido contrabandeadas a Ecuador. Los Estados Unidos han suspendido la venta de armas y municiones al Perú. En el último operativo donde allanaron una de esas empresuchas de fachada, participaron oficiales del Homeland Security Investigation de los EEUU.

Y los sinvergüenzas de Sucamec, causantes de este problema, tratan de ocultar su responsabilidad culpando a la ley y agrediendo a quién los ha denunciado. Ayer 14 de marzo, la Sucamec emitió un comunicado atacándome directamente a mí, precisamente cuando yo intervenía en el Congreso, durante la interpelación al ministro del Interior, denunciando los hechos señalados más arriba y demandándole que reorganice la Sucamec y denuncie a los malos funcionarios.

Los funcionarios corruptos incluso han sorprendido a la presidente Dina Boluarte, que ha anunciado que propondrá cambios en la ley de armas, que es precisamente el argumento de esa red de corrupción, para desviar la atención y evadir su responsabilidad.

Es de esperar que el ministro del Interior actúe de inmediato, si realmente quiere combatir a la delincuencia y evitar el tráfico de armas. En los hechos se le conocerá.

       

¿Democratizar los partidos?

 

¿Democratizar los partidos?

Fernando Rospigliosi

Las reformas realizadas llevan la huella de reformadores muy incompetentes.

Giovanni Sartori

Ingeniería constitucional comparada

 

        Uno de los temas más discutidos de la propuesta de reformas políticas realizada por el gobierno es la de elecciones para designar candidatos, llamadas equivocadamente internas, pero que en realidad se pretende que sean externas, es decir, que no voten para nombrar a los candidatos que representarán al partido en las elecciones generales –presidente, vicepresidentes y congresistas- los militantes o afiliados al partido, ni siquiera los que estén interesados sin estar afiliados, sino todos los ciudadanos peruanos, obligatoriamente.

        Es decir, este proyecto implica que los 24 millones de ciudadanos peruanos serán llevados obligatoriamente a las urnas el primer domingo de octubre anterior a las elecciones generales, a designar a los candidatos que necesariamente tendrán que presentar esos partidos en abril del siguiente año. Como es obvio, la inmensa mayoría de esos electores no están interesados en la vida interna de los partidos, ni tampoco conocen la trayectoria de los candidatos que aspiran a representarlos. Votarán a ciegas.

        La propuesta de la Comisión de Alto Nivel Para la Reforma Política (CANRP) pretende, entre otras cosas, democratizar los partidos y hacer que sus dirigentes rindan cuentas ante sus compañeros de partido. [1]

        En realidad, la solución que proponen ni democratizará ni fortalecerá los partidos y es contraria a la teoría y la experiencia mundial en la materia.

        En 1911 Robert Michels publicó un libro basado en una investigación en el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), el más antiguo y uno de los mayores partidos de masas de su tiempo y formuló su famosa ley de hierro de la oligarquía:

“La organización es lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quién dice organización dice oligarquía.” [2]

        La organización y la burocracia son indispensables para hacer fuertes a los partidos y para darles eficacia en la lucha política, pero inevitablemente conduce a la dominación de los jefes sobre la masa de afiliados. Entre otras cosas, porque la inmensa mayoría de los miembros de los partidos son indiferentes a las decisiones que se toman allí y la pequeña minoría que participa en las decisiones partidarias “es de una pequeñez rayana en lo ridículo”, constata Michels. Esa mayoría que no participa, renuncia a sus derechos voluntariamente, no porque le impidan participar.

        No obstante, todos reconocen que los partidos políticos son indispensables para la democracia. Como sostiene Seymour Martin Lipset en la introducción al libro de Michels, “muchas organizaciones que son oligárquicas por dentro ayudan a sostener la democracia política de una sociedad mayor”.

        Más de un siglo ha transcurrido desde la publicación de Los partidos políticos y sus hallazgos básicos siguen intactos. A lo largo del tiempo se han producido muchos intentos de democratizar los partidos. Pero en los últimos años, sobre todo con el surgimiento de fuertes corrientes populistas incluso en las democracias avanzadas, que aprovechan el hartazgo con los partidos políticos “tradicionales” y la corrupción que carcome las bases de la confianza en la democracia, varios autores están reconociendo lo inútil y muchas veces perjudicial de esos intentos, siempre infructuosos, de democratizar los partidos, reduciendo o anulando el papel de los dirigentes –usualmente los políticos profesionales- buscando mecanismos de democracia directa y amplísima participación de los votantes en la vida interna de los partidos.

        Ya hace un cuarto de siglo, cuando recién comenzaba una nueva ola de este movimiento democratizador de los partidos, Giovanni Sartori reconocía que las primarias fueron introducidas deliberadamente para debilitar a las oligarquías partidarias y alertaba que “en casi todo el mundo la prudencia recomienda primarias cerradas”, es decir, solo con el voto de los militantes de los partidos. [3]

        Más recientemente, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt argumentan que es el exceso de democracia en los partidos políticos lo que está poniendo en peligro la democracia norteamericana, la más antigua del mundo. Ellos sostienen que la verdadera protección contra el autoritarismo en los Estados Unidos no ha sido el compromiso de los ciudadanos estadounidenses con la democracia sino el firme papel de sus guardianes, los partidos políticos. [4]

        Los dirigentes de esos partidos frenaron y sacaron del camino a importantes líderes populistas con gran arraigo en la población a lo largo de la historia, protegiendo así la democracia. Pero en 1972 emergió un sistema de primarias vinculantes que socavaron sustancialmente la capacidad de decisión de los dirigentes demócratas y republicanos “en el proceso de selección de los candidatos, que quedó abierto a los votantes.”

        En 1980 los demócratas retrocedieron y limitaron el poder de los votantes. Pero el Partido Republicano “optó, fatídicamente por mantener un sistema de nominación más democrático.” Así, el 2016, los líderes republicanos quedaron “prácticamente sin armas para detener el ascenso de Trump”, a quien los autores consideran una muy seria amenaza a la democracia norteamericana.

        En suma, la democracia norteamericana, considerada muchas veces la más sólida del mundo, está en peligro ahora, entre otras cosas por un exceso de democratismo en los dos partidos políticos, sobre todo el republicano, según sostienen los dos profesores de Harvard. Y, hay que recordar, allí en la primarias se vota voluntariamente. Es decir, acuden a las urnas solo los que están interesados –y, se supone, conocen a los candidatos- en designar a los candidatos del partido.

        Por último, cabe mencionar los argumentos del jurista español Francesc de Carreras que publicó hace poco un artículo con el sugestivo título de “Primarias contra democracia”. [5] Carreras, que también es militante del partido Ciudadanos, sostiene que desde que se empezaron a practicar las elecciones internas en los principales partidos españoles la situación ha empeorado:

“Para que pueda hablarse de democracia hay otro elemento sustancial: el control y la rendición de cuentas de los elegidos ante quienes les han designado.”

 “En las primarias se procede a elegir un líder pero, muy difícilmente, este líder rinde cuentas a sus electores. ¿Por qué? Porque la relación se establece entre el líder y quienes le han elegido, sin órganos intermedios que encaucen y filtren esta relación. La estructura de un partido que elija por primarias a su líder es lo más parecido a una dictadura (…). Ha sido elegido desde abajo, pero una vez ha llegado arriba no debe dar razón de sus actos hasta una nueva elección. (…) Ahora, con democracia directa, hay obediencia ciega.”

        En suma, un fracaso, un retroceso, según explica Carreras. Y en España no votan obligatoriamente todos los ciudadanos como se pretende hacer acá.

        En resumen, desde hace más de un siglo se conoce en el ámbito académico el resultado de la investigación de Robert Michels, comprobada fehacientemente a lo largo de décadas: la tendencia a que se creen oligarquías, cúpulas en los partidos políticos, que son los que realmente toman las decisiones importantes. Esas cúpulas están constituidas casi siempre por políticos profesionales, experimentados. También que esos partidos políticos “oligárquicos” son fundamentales, indispensables para la sobrevivencia de la democracia.

        Los intentos de construir partidos supuestamente más democráticos, sin esas vilipendiadas cúpulas, siempre han fracasado. Pero en las últimas décadas han tenido éxito tendencias a llevar al extremo esa democratización de los partidos entregando todo el poder a los electores. Los resultados, según los autores citados, han sido muy malos. No solo no han democratizado realmente los partidos, sino los han debilitado, amenazando seriamente la existencia misma de la democracia.

        En otros lugares del mundo se está de regreso de esa perniciosa tendencia. Y aquí, un grupo de notables quiere imponer, arropados con el entusiasmo del gobierno dispuesto a avasallar al Congreso, una supuesta democratización llevada a su más irrazonable extremo, unas primarias en las que no solo voten los miembros de los partidos que así lo deseen o, en todo caso, los ciudadanos que aún sin ser miembros de los partidos están interesados en la política partidaria y quieren manifestar su preferencia –sin duda, todos sumados serían una pequeñísima minoría-, sino obligar a los 24 millones de electores peruanos a votar en las internas de partidos que ni conocen ni aprecian.

        Por cierto, es saludable democratizar los partidos y permitir que sus militantes participen en las decisiones. Pero el camino propuesto por la CANRP es contraproducente.

        En síntesis, los ilustres miembros de la comisión no han tenido en cuenta la experiencia histórica analizada desde Michels en 1911, ni la muy reciente revalorización de las denostadas cúpulas partidarias realizadas, por ejemplo, por Levitsky y Ziblatt, y Francesc de Carreras.

        Quizá hubiera sido conveniente que los miembros de la Comisión propongan un programa piloto antes de pretender aplicar su teoría a todo el país. Todos los miembros de la CANRP han estudiado en la Universidad Católica (PUCP) o son profesores en ella. Recientemente se realizaron elecciones para elegir rector y vicerrectores en esa universidad. Por supuesto, no votaron todos los estudiantes ni todos los profesores de la PUCP, sino sus representantes reunidos en Asamblea Universitaria. ¿Qué les hubiera parecido que en esa elección hubieran votado todos los estudiantes y profesores no solo de la PUCP sino de todas la universidades del Perú? ¿Con que conocimiento de los méritos profesionales y de la carrera de los candidatos a los cargos directivos en la PUCP hubieran votado los miembros de decenas de universidades de todo el Perú que ni siquiera los conocen? Y estamos hablando solamente de profesores y estudiantes de universidades y no de todo el universo electoral del Perú.

        Probablemente, los miembros de la CANRP se horrorizarían si se les hiciera semejante sugerencia. ¿En manos de quiénes podría quedar su universidad con un sistema de votación tan absurdo? ¿Por qué lo que es bueno para los partidos no es bueno para la PUCP? Al parecer no les asusta lo que ocurrirá con los partidos políticos y el país si se aplica el sistema que ellos proponen.

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[1] Hacia la democracia del bicentenario. Comisión de Alto Nivel Para la Reforma Política (CANRP). Fernando Tuesta Soldevilla, Paula Valeria Muñoz Chirinos, Milagros Campos Ramos, Jessica Violeta Bensa Morales, Martin Tanaka Gondo. Lima, Konrad Adenauer Stiftung (KAS), 2019.

[2] Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Amorrortu, Buenos Aires, 1973. Dos volúmenes.

[3] Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados. Fondo de Cultura Económica, México, 1994.

[4] Como mueren las democracias. Ariel, Barcelona, 2018.

[5] “El País”, España, 19.6.19.

Este artículo lo publiqué en la revista digital del Instituto de Gobierno de la USMP en julio de 2019, cuando se discutía la malhadada reforma política de la coalición vizcarrista, elaborada por una comisión de intelectuales nombrada a dedo por el Lagarto, que luego se impuso a un Congreso atemorizado.

Es el liderazgo, idiota

 CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Para combatir la delincuencia

Es el liderazgo, idiota

 

        Después de varias semanas de discusión sobre la manera de enfrentar la ola delincuencial, que ha rebasado la capacidad de las instituciones para enfrentarla, todavía hay cándidos que siguen hablando sobre los tatuajes de los miembros de las maras en El Salvador o el tamaño de ese país centroamericano para, cerrilmente, intentar negar lo evidente: existe una estrategia impresionantemente exitosa de la que hay que aprender.

Y la enseñanza más importante es, sin duda, la del liderazgo. Se requiere un liderazgo fuerte y enérgico que, si es indispensable, rompa las normas vigentes si estas impiden vencer en una guerra que es de vida o muerte para la nación.

La crítica más recurrente de la horda caviar contra el liderazgo de Nayib Bukele, es que es un autoritario, que ha atropellado a otros poderes corruptos e ineficientes que obstaculizaban e impedían una eficaz lucha contra la delincuencia.

En verdad, no solo son malévolos sino ignorantes. La historia reciente, está plagada de ejemplos de líderes democráticos que han tenido que quebrar las normas para salvar a sus países del desastre. En anteriores oportunidades he escrito sobre ello en esta página. En “Liderazgo fuerte” (8/6/23) reseñé el libro del historiador británico Ian Kershaw, “Personalidad y poder: Forjadores y destructores de la Europa moderna”. (2022).

Allí Kershaw se refiere a Charles de Gaulle, famoso por su imponente liderazgo, que resume así: “Su estilo de gobierno se caracterizó por un elevado ritmo de trabajo (…) lo que, unido al minucioso examen de los argumentos de los ministros y a su extraordinaria memoria, contribuyó a consolidar su autoritarismo instintivo.”

El forjador de la Alemania moderna, Konrad Adenauer, tenía “una tendencia inequívocamente autoritaria. Ya en su época de Colonia mostró rasgos de dictador. Sus adversarios de la izquierda lo llamaban el «Mussolini alemán» o «Duce de Colonia»”. Y añade, “Creía en el gobierno democrático. Pero, a su juicio, la democracia había que dirigirla, guiarla, manejarla. (…) El carácter de la incipiente democracia alemana occidental llevaba el sello de la personalidad autoritaria de Adenauer.”

Kershaw concluye: En estos casos se trata de líderes que condujeron a sus naciones en el marco de la democracia, pero tuvieron que recurrir a métodos extraordinarios para sacarlas adelante en el contexto de gravísimas amenazas: “al menos algunos de los líderes democráticos más sobresalientes del siglo XX eran por temperamento autocráticos, y en determinadas circunstancias sus tendencias autoritarias fueron incluso ventajosas. En ciertos momentos críticos, especialmente en la guerra, los procesos políticos lentos y a menudo laboriosos son por lo general inadecuados. Entre los casos abordados aquí, Churchill, De Gaulle y Thatcher tuvieron que tomar decisiones rápidas que, por su propia naturaleza, se saltaban los procedimientos democráticos completos.”

        La diferencia con los dictadores es que los líderes democráticos abandonan el poder cuando el pueblo así lo decide.

        Otro ejemplo es el que reseñé en esta página, “El hombre que creó un país” (13/4/23), tomando el texto de Henry Kissinger, “Liderazgo. Seis estudios sobre estrategia mundial”, 2023, donde analiza el desempeño, entre otros, de Lee Kuan Yew, que gobernó Singapur autoritariamente durante tres décadas y convirtió una pequeña isla sin recursos naturales en una potencia mundial.

Por ejemplo, para erradicar la muy arraigada corrupción, Lee aprobó normas muy duras, liquidándola rápida e implacablemente, limitando el derecho de defensa de los funcionarios acusados de recibir sobornos. Por supuesto, eso sería imposible en el Perú de hoy, con los caviares defendiendo las garantías para los delincuentes y para sus corruptos. En 2020, Singapur era el tercer país menos corrupto del mundo.

Eso se pudo lograr con un liderazgo fuerte, competente y honesto y con un sistema político que, si se intentara en algún país hoy, sería repudiado y censurado por los caviares del mundo entero. Como anota Kissinger, “Hoy, Singapur sigue siendo un Estado autoritario, pero el autoritarismo per se no era el objetivo de Lee: era un medio para conseguir un fin. (…) En Singapur las elecciones no son democráticas, pero no carecen de importancia.”

Es decir, una combinación de gobierno fuerte y elecciones controladas.

        En suma, parafraseando la famosa frase de la campaña de Bill Clinton en 1992, “es la economía, estúpido”, se puede afirmar en el Perú de hoy: es el liderazgo, idiota. Si no surge un liderazgo fuerte, de esos que los caviares denominan autoritarios, que enfrente con energía la delincuencia, el Perú seguirá desbarrancándose en el abismo del caos y la barbarie.

Publicado en Lampadia 7/9/23

 

El Congreso no debe entregar facultades a un Gobierno incompetente

Señora Martha Moyano

Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento

Congreso de la República

 

Lima 28 de agosto de 2023

 

Estimada señora:

En atención a su comunicación del 24 de agosto pidiéndome opinión respecto al Proyecto de Ley N° 5632/2023-PE, que delega en el Poder Ejecutivo facultades en distintas materias, le adjunto mi opinión sobre el pedido en temas de seguridad ciudadana y, específicamente, algunas consideraciones respecto al intento de modificar la ley N° 30299, ley de armas de uso civil.

Sin otro particular, me despido de Ud.

Atentamente

 

 

Fernando Rospigliosi

 

Anexos:

1. Artículo: “Armas prohibidas”. Fernando Rospigliosi.

2. “Negligencia con olor a complicidad”. Dardo López-Dolz.

3. Análisis ley n°30299 que el gobierno pretende modificar. Dr. Gonzalo Gil Oliden.

4. Desvío de armas del mercado legal.

 

OPINIÓN SOBRE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE SEGURIDAD

 

 

1.   El incremento de la ola delictiva no se explica por la falta de leyes y no se va a resolver con nuevas leyes. Pretender eso es intentar distraer al Congreso y la opinión pública sobre la falta de una política de lucha contra la delincuencia y la carencia de decisión para enfrentar con firmeza y energía el avance de la criminalidad.

2.   Esto se ha evidenciado en el tiempo que lleva este Gobierno, con tres ministros del Interior y ninguna estrategia clara.

3.   El problema en el Perú no reside en la falta de leyes –hay en exceso- sino en que esas leyes, en muchos casos, no se cumplen.

4.   La Policía Nacional (PNP) tiene numerosas carencias que no tienen que ver con las normas, sino con la ineptitud y la corrupción de quienes han tenido el poder de decisión en los últimos años, en los que ha existido enormes presupuestos para inversión y han sido derrochados o malgastados.

5.   Es indispensable dotar a la PNP de comunicaciones adecuadas, de patrulleros, de material anti motines (carros rompe manifestaciones, por ejemplo), de laboratorios de criminalística, de instalar en Lima una verdadera central de emergencia (C4, centro de comando, control, cómputo y comunicaciones), etc. Eso no tiene que ver con leyes sino con decisión para actuar con rapidez, eficiencia y honestidad.

6.   En los últimos años la calidad de la formación policial se ha degradado por una deficiente educación y un pésimo reclutamiento, que ha permitido que, muchas veces, personal no calificado ingrese a las escuelas y se convierta en policía. Para mejorar ese aspecto hay que concentrar las escuelas policiales –no más de 4 o 5- y fortalecer los filtros para el ingreso. El principal problema no es de cantidad de personal sino de calidad. (Es vergonzoso que la Escuela de Oficiales de Chorrillos haya sido derruida hace años y siga así, sin ningún avance, mientras los cadetes están arrumados en la escuela de sub oficiales de Puente Piedra. Ese no es un problema de leyes sino de ineptitud y corrupción).

7.   Los casos de corrupción que ha denunciado la fiscalía y los que se han hecho públicos incluyen desde altos mandos hasta sub oficiales, venta de ascensos, venta de traslados, vinculaciones con el narcotráfico, bandas de policías extorsionadores, etc. Nuevamente, ese no es un problema de normas, se trata tanto de ministros y jefes policiales inadecuados como de las deficiencias que se arrastran desde el reclutamiento y la formación. El actual Gobierno, en lugar de explicar cuál es la situación en este aspecto y que está haciendo para resolverlo, propone una lista interminable de decretos legislativos, que redactarán lo mismos que no son capaces de resolver los más elementales problemas de la PNP hoy día.

8.   Una modificación legal que sí se requiere es la de devolver a la PNP la investigación preliminar, dejando la dirección jurídica en manos de la fiscalía. Ese cambio que sobrevino con el nuevo Código Procesal Penal ha resultado perjudicial, lo que ya ha sido ampliamente demostrado en la realidad y establecido en muchas opiniones de expertos. En este caso, existe un proyecto de ley (819/2021-CR) presentado por el congresista Alfredo Azurín que podría ser debatido y aprobado a la brevedad.

9.   Un asunto muy importante es el del sistema penal: cárceles insuficientes y sobrepobladas, controladas por los propios delincuentes, que son escuelas del delito y a la vez lugares desde donde se planifican y dirigen todo tipo de crímenes. Es indispensable, primero, controlar las cárceles actuales, y segundo, construir nuevos penales donde se pueda diferenciar a reos primarios de delincuentes avezados, etc. Otra vez, es un problema de gestión, no de normas.

10.               Específicamente, sobre las modificaciones a la ley N° 30299, ley de armas de uso civil, aprobada por el Congreso en enero de 2015, hay que tener en cuenta que fue una norma ampliamente debatida en el Parlamento de aquel entonces, que recogió muy diversas opiniones de expertos. Esa ley, considerada la mejor, o una de las mejores, de la región no debería ser modificada, en mi opinión, menos aún por los responsables de su pésima aplicación. En efecto, como muestro en los anexos, por responsabilidad de las autoridades del Ministerio del Interior y Sucamec se ha permitido que individuos y empresas inescrupulosas adquieran armas y municiones de manera inapropiada para terminar luego en material contrabandeado a otros países o en manos de delincuentes. Ese problema no es, obviamente, de la ley sino de las autoridades encargadas de aplicarla que ahora, para eludir su responsabilidad, pretenden culpar a ley de sus propios errores. En suma, hoy día, con una creciente ola delincuencial cada vez más violenta, el propósito de las autoridades enquistadas en el Mininter, es desarmar a los ciudadanos honrados –o reducir y obstaculizar sus posibilidades de obtener un arma legal-, favoreciendo con eso a la delincuencia. De ninguna manera debería otorgarse facultades para legislar en esta materia a los mismos responsables de los problemas.

11.               En conclusión, mi opinión es que no debe otorgarse facultades legislativas al Gobierno en materia de seguridad ciudadana.

A)  Primero, porque el problema de la seguridad no es un tema de normas sino de acción, de decisión de enfrentar al crimen con energía y firmeza.

B)   Segundo, porque el Gobierno ha demostrado hasta ahora no tener una política para enfrentar la ola delincuencial y, creo, pretende distraer con el viejo y manoseado discurso de que la lucha contra el delito es un tema de leyes y no de acciones.

C)   Tercero, en todo caso debería discutirse punto por punto el pedido de facultades y en ningún caso otorgarse poderes para cambiar toda la legislación a un Gobierno que no ha demostrado tener ni ideas ni aptitud en esta materia.

D)  Cuarto, sugiero que en lugar de otorgar al Gobierno facultades legislativas, que se le pida que explique qué está haciendo, por ejemplo, para luchar contra la corrupción en la PNP; que ha hecho –o que tiene planeado hacer- en cuanto equipamiento; como piensa mejorar la calidad y el reclutamiento de la PNP; cuáles han sido sus acciones para recuperar el control de las cárceles, etc.

E)   Quinto, por las razones expuestas en el párrafo 10 y sustentadas en los anexos incluidos a continuación, opino que no solo no se deben delegar facultades para modificar la ley de armas de uso civil vigente (N° 30299), sino que el Congreso debería investigar con la mayor celeridad posible a los funcionarios de  Sucamec y el Mininter responsables del posible desvío de armas para fines delictivos.

 

ANEXOS

 

Artículo publicado en Lampadia el 17/8/23

 

El Estado contra los ciudadanos

Armas prohibidas                       

Fernando Rospigliosi

 

        El gobierno de los EEUU ha prohibido la venta de armas y municiones de uso civil al Perú. El motivo -según se ha informado- es que han encontrado una carabina calibre .223 vendida legalmente en el Perú y contrabandeada luego al Ecuador, en manos de los sicarios que asesinaron al candidato Fernando Villavicencio. La responsabilidad es del Ministerio del Interior del Perú y la Sucamec, y los perjudicados son los ciudadanos honestos que respetan la ley.

        Desde hace tiempo las autoridades saben que hay un tráfico ilegal de armas y municiones del Perú a Ecuador. Y no hacen nada para detenerlo.

También es conocido que, por ejemplo, los mineros ilegales de la serranía de La Libertad, adquieren armas y municiones del mercado legal para usarlas armando bandas de delincuentes que los protejan y/o ataquen a otros grupos.

Por supuesto, eso también hacen narcotraficantes y mineros ilegales de otros lugares del país. Y todo ocurre ante las narices del Ministerio del Interior y de su organismo encargado del control de armas, la Sucamec.

Es precisamente la Sucamec la que informó, la semana pasada, a un grupo de representantes de armerías locales, algunos hechos escandalosos.

        Por ejemplo, que un individuo que responde al nombre de Aljemiro Sobrado Meza, adquirió treintaicuatro carabinas calibre .223 y 24 pistolas de 9 milímetros. (La carabina .223 denominada AR 15, es la versión civil del fusil de asalto M16, arma de reglamento del ejército norteamericano hasta hace algunos años).

        El asunto es ¿cómo pudo comprar ese sujeto treintaicuatro carabinas calibre .223 y 24 pistolas de 9 milímetros? Muy sencillo. La Sucamec del Ministerio del Interior lo autorizaron.

        Nadie le preguntó cuando adquirió la segunda carabina para que la necesitaba, si ya tenía una. Ni cuando compró la tercera y la cuarta… Sospechosamente lo permitieron. Esas carabinas las usan los deportistas o los cazadores, pero obviamente nadie adquiere tantas. Lo mismo con las pistolas.

        Cualquier ciudadano honesto que ha comprado un arma conoce las dificultades que hay que afrontar en la Sucamec, la demora en los trámites, los requisitos a veces no contemplados en las normas vigentes que exigen para obtener o renovar una licencia.

        Pero Aljemiro Sobrado no tuvo problemas para obtener expeditivamente autorización de Sucamec para más de medio centenar de armas. U otro individuo que responde al nombre de Rudy Fernández Delgado, que compró treintaisiete carabinas .223 y treintaiuna pistolas de 9 mm., sesentaiocho armas.

        ¿Incompetencia? ¿Corrupción? ¿Ambas?

        En municiones ocurre algo similar. Un sujeto compró ciento cuatro mil municiones, otro individuo cien mil quinientas. Y así. Una de las armerías que venden sin obstáculos esta cantidad descomunal de municiones es Hunting Glick, según Sucamec, ubicada en Tumbes, donde florece el contrabando hacia Ecuador.

        Todas las armerías están obligadas a reportar a Sucamec la venta de municiones: a quién se la venden, cuantas, el número de licencia y el DNI de la persona, etc. Si un individuo compra miles de municiones y no es un campeón olímpico que practica todos los días, si no se sabe donde las dispara (solo se puede practicar en lugares autorizados por Sucamec, un club de tiro, una armería con galería de tiro), es obvio que las está traficando.

        Si el Ministerio del Interior y la Sucamec hicieran correctamente su trabajo, sería imposible que delincuentes adquieran impunemente decenas de armas y miles de municiones para traficarlas. Pero no lo hacen.

        Esos individuos no deberían haber obtenido la autorización de Sucamec para esas compras evidentemente delictivas, y hoy deberían estar presos, al igual que las armerías que, evidentemente, a sabiendas, les proporcionaron armas y municiones. Ya deberían estar clausuradas y los responsables procesados.

        Pero la genial “solución” que se les ha ocurrido a los responsables de ese desastre, a los funcionarios de Sucamec, Ministerio del Interior y Gobierno, es tratar de prohibir las armas y municiones a los ciudadanos honestos. Para eso han pedido facultades delegadas al Congreso, de tal manera que ellos podrán modificar la ley vigente a su antojo. Es decir, los culpables serán los que redacten las nuevas normas.

        Como es obvio, el problema no reside en modificar la ley sino sencillamente aplicarla. Si eso se hubiera hecho, los delincuentes no hubieran podido traficar armas y municiones. Pero como suele ocurrir en el Perú, el Estado carga la culpa y las consecuencias a los ciudadanos honestos que, si prospera el desatino del Gobierno, no podrán adquirir armas o municiones para defensa, caza, deporte o colección. De hecho, por la prohibición de los EEUU, ya están seriamente perjudicados.

        En síntesis, el Gobierno, el Mininter y la Sucamec tienen que explicar lo que ha sucedido y asumir su responsabilidad. Y el Congreso negarle las facultades delegadas (si quiere el Gobierno modificaciones que las presente como proyecto para que se discuta) y fiscalizar lo ocurrido, que está teniendo tan graves consecuencias.

Artículo publicado en El Reporte, 27/8/23

Negligencia con olor a complicidad

Dardo López-Dolz (Ex vice ministro del Interior)

 

Los Estados Unidos han cancelado las licencias de exportación de armas y municiones al Perú, inclusive las ya emitidas, con pedidos ya en producción, lo que afecta al sector privado de usuarios (empresas de seguridad, cazadores, tiradores y ciudadanos autorizados para el porte para defensa personal) y comerciantes legales. Además, lo que es más grave, elimina el acceso a esa importante fuente de equipamiento para la PNP y las FFAA, justo en medio de la conjunción nada casual de la ofensiva criminal de las bandas internacionales y sus aliados o, por lo menos, complacientes amigos del socialismo del Siglo XXI.

El origen está en la acogida erróneamente brindada por algunos políticos norteamericanos a los informes tendenciosos de los organismos internacionales poco confiable por estar copados por la progresía, que en reacción solidaria con sus pares peruanos súbitamente destetados se apresuraron a darles una manito atacando una democracia que se defiende. Pero el puntillazo final proviene, al parecer, del descubrimiento por el FBI de, por lo menos, un arma adquirida legalmente en el Perú en manos de los sicarios tras el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano.

Quienes conocemos el Perú sabemos que, para toda forma de contrabando, nuestras fronteras solo son referenciales, dibujadas con plumón en el mapa, desguarnecidas en casi toda su extensión (lo que entre otras cosas ha venido haciendo fácil la intrusión ilegal de Evo y su banda masista boliviana).

El tráfico de armas a través de esas fronteras porosas es un viejo problema insoluto en casi toda la región, no solo en nuestro país, pero habiendo entidades responsables, toca al Estado peruano dotarlas de lo necesario, en cumplimiento impostergable de su función originaria de proveer seguridad a los peruanos. Toca también al Estado controlar a los encargados el cumplimiento de tal misión para poder identificar y sancionar responsabilidades individuales. La frontera es vasta y en buena parte de topografía agreste, pero esa tarea no debe seguir siendo postergada, más aún ahora que, tras la patente expansión del venezolano Tren de Aragua, se han hecho públicas sendas alianzas militares del gobierno masista boliviano con dos potencias de ultramar con comprobada y beligerante vocación de expansión neo imperaliasta.

Pero para cortar de raíz el problema es necesario encontrar la “causa última” del fácil acceso de la delincuencia organizada a armas desviadas sistemáticamente del mercado legal. El problema no está en la ley (que algunos iluminados pretenden cambiar para llevar agua a su molino ideológico autoritario estatista), sino en las personas puestas a cargo de Sucamec, la institución encargada del registro y control de armas y municiones de uso civil.

En el Perú, una persona honesta, con licencia vigente para caza o deporte puede comprar legalmente la cantidad de armas de caza o deporte que considere necesarias y pueda pagar. Pero no son hobbies baratos, por lo tanto, esas compras sueles ser espaciadas a lo largo del tiempo y nadie bien intencionado compra numerosas armas idénticas. Además, como lo sabe Sucamec, son muy pocas las personas dispuestas a tal inversión, tan pocas que deben sobrar los dedos de las manos para contar las que se añaden cada año a ese reducido universo (no llegaba a 20 en todo el país al momento de la redacción del reglamento vigente). Por lo tanto, las anomalías son fácilmente detectables, salvo claro está que alguien esté prestando interesadamente “facilidades” para que pasen desapercibidas.

La adquisición de decenas de carabinas o pistolas idénticas, por una misma persona debió generar la acción fiscalizadora inopinada de Sucamec, contemplada en la ley vigente, para verificar la posesión continua y el reporte a inteligencia policial, ya que basta el más mínimo sentido común para detectar una probable intención criminal, sea vigilancia ilegal o tráfico ilícito. Lo mismo reza para grande sumas de dinero gastadas en municiones que a todas luces debieron reportarse a la UIF.

En el mundo de la inteligencia la detección automática temprana de patrones atípicos buscando forzar inadvertidamente ventanas legales, es la mejor herramienta para desactivar organizaciones enemigas. Caer en el error reactivo de generar prohibiciones solo vuelven más creativo al enemigo, la vigilancia de esas ventanas en cambio es económicamente muy provechosa en términos de inteligencia, pues delata organizaciones enteras permitiendo su desbaratamiento, captura y encarcelamiento.

Por disposición legal vigente, toda empresa comercializadora legal de armas y/o municiones está obligada a reportar operaciones sospechosas. Si quienes vendieron no lo hicieron hay responsabilidad y debe ser sancionada.

La ley obliga al reporte en tiempo real de toda venta de armas o municiones. Sucamec no puede decir que no sabía lo que estaba ocurriendo. Toca identificar e individualizar responsabilidades.

Un escolar con conocimiento básico de sistemas sabe cómo activar alarmas que detecten en tiempo real operaciones inusuales. Las deficiencias del sistema de SUCAMEC (si es que existen y no ha sido una omisión "aceitada”) solo pueden ser calificadas racionalmente como negligencia punible o complicidad y debe ser identificada con nombre y apellido, sancionada y corregida.

Si un invidente manco al que le falta una pierna estrella un Ferrari, solo a un idiota se le ocurriría atribuirlo a errores de diseño del Ferrari. Si un funcionario no cumple lo que la ley le ordena, solo a otro idiota se le ocurriría culpar a la ley.

 

 

       

ANALISIS DE LA LEY N°30299 QUE EL GOBIERNO PRETENDE MODIFICAR

 

Dr. Gonzalo Gil Oliden

 

A la fecha, ante la incuestionable e insostenible violencia e inseguridad ciudadana que viene atravesando el Perú hace varios meses y años, con evidente inacción de los diversos estamentos del estado, se plantea como salida mágica la modificación de la Ley N°30299, a saber la LEY DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS, PRODUCTOS PIROTÉCNICOS Y MATERIALES RELACIONADOS DE USO CIVIL, solicitando las facultades legislativas para su modificación, la misma que cuenta son su respectivo reglamento-Decreto Supremo N° 010-2017-IN y su TUPA-DECRETO SUPREMO N° 009-2018-IN, desalineado de las dos primeras normas, estando vinculada a la seguridad nacional y al orden interno.

Como parte de la ficha técnica de la norma bajo análisis, la ley N° 30299 tiene categoría normativa de Ley, siendo aprobada por el Pleno de fecha 11 de diciembre de 2014 en 1era votación, con emisión de la autógrafa el 31 de diciembre de 2014 y promulgación el 21 de enero de 2015, siendo publicada el 22 de enero de 2015, entrando en vigencia a partir de la publicación de su Reglamento proyectado 60 días hábiles desde la presentación del proyecto de reglamento al Ministerio del Interior, por parte de la Comisión Multisectorial para la elaboración del reglamento.

Esta norma, vigente, con sus 73° artículos, 10 Disposiciones Complementarias Finales, 04 Disposiciones Complementarias Transitorias, 02 Disposiciones Complementarias Modificatorias  Y 01 Disposición Complementaria Derogatoria Única, correcta e idónea, regula el uso civil de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados, comprendiendo la autorización, fiscalización, control de la fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución, traslado custodia, almacenamiento, posesión, uso, destino final, así como la capacitación y entrenamiento en el uso de armas, municiones y explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados, incluyendo la reparación y ensamblaje de armas y municiones, estableciendo como su ámbito de aplicación el territorio patrio y revistiendo la función regulatoria del Estado.

Recoge bien precisa las definiciones de arma de fuego y las que no lo son, las modalidades de uso distinguiendo las armas de fuego de uso civil y los calibres permitidos, diferenciándolas de las características de las armas de tipo militar (básicamente su calibre y cadencia de fuego) no permitidas a los civiles, define además al agente comercializador, operador cinegético, explosivo, licencia de uso de arma de fuego, munición, producto pirotécnico, producto pirotécnico deflagrante, producto pirotécnico detonante, materiales relacionados, tarjeta de propiedad de arma de fuego, fabricación ilícita, tráfico ilícito, marcación de armas de fuego, rastreo de armas de fuego, recargador de munición, armero, entre otras categorías, evidenciando cubrir gran parte del abanico de temas que corresponden, estableciendo que las personas dedicadas a las actividades reguladas por la presente Ley deben aprobar las capacitaciones y el entrenamiento que la SUCAMEC autoriza, así como el deber de colaboración entre entidades y acceso a la información.

Precisa de manera indubitable las condiciones para la obtención y renovación de licencias de autorizaciones, así como la custodia de los bienes regulados por la presente Ley, estableciendo que la SUCAMEC cuenta con registros vinculados a los bienes regulados por la norma, los cuales forman parte del Registro Nacional de Gestión de la Información (RENAGI), precisando el ámbito de control y supervisión.

Establece las prohibiciones pasibles de sanción por las conductas en que incurran los infractores que cuenten con licencia de uso, así como el destino de bienes incautados y decomisados por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley, haciendo lo propio en relación a los explosivos, material pirotécnico y los materiales relacionados.

Contempla adicionalmente en las disposiciones complementarias finales las acciones de colaboración entre la SUCAMEC y la Sociedad Civil, lamentablemente nula en la práctica.

Referencialmente modifica el artículo 279 y artículo 279-C del Código Penal y deroga la Ley 25054,el Decreto Ley 25707,  la Ley 27718, la Ley 28627 parcialmente, modificando la Ley 27718 y el Decreto Legislativo 635 y todas las normas que se opongan a la Ley 30299, integrándose con la Octava Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1127, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso civil – SUCAMEC, en concordancia con la Constitución Política del Perú, la Ley 27444, la Ley 28627, habiendo sufrido.

La Ley 30299 es moderna, funcional y argumentada al detalle, y reúne plenamente los aspectos referidos a su origen, pues define el concepto y características de las armas en general (sean o no de fuego), los calibres permitidos, el número de armas y municiones autorizados, la regulación de su uso regular, las infracciones y las sanciones en caso de verificarse una situación inidónea, los trámites permitidos para su adquisición, transferencia, internamiento, otorgamiento de licencias y su extinción, su renovación y cambio de modalidad, y las facultades del supervisor SUCAMEC, haciendo expresa diferencia a las armas de uso militar, con sus calibres y cadencia automática, es decir, abarca todo el universo de los temas pertinentes.

 

Entonces donde está la génesis del problema actual de las armas del mercado negro: Única y exclusivamente en el regulador SUCAMEC

 

En el funcionamiento interno administrativo de la SUCAMEC se ha verifica una gran concurrencia de problemas, pues entre otras situaciones inidóneas se ha tenido alta rotación continua del personal administrativo, insuficiente capacitación del mismo y actos de corrupción innegables, pues hasta se han otorgado y dejado de cancelar licencias de uso de arma a personas con antecedentes, cuando la verificación de los antecedentes es parte del proceso de otorgamiento de licencia, lo que no admite ninguna posibilidad de descargo de parte de la SUCAMEC.

¿Y se pretende sustentar que la solución es modificar la Ley? No es la salida por ningún lado, pues el problema es el ente regulador por lo menos ineficaz e ineficiente.

¿La responsabilidad legal recae en el usuario legal? No

¿En la armería que vende? Tal vez, se debe identificar y sancionar ejemplarmente.

¿En el regulador la SUCAMEC? Indefectiblemente si, ya ser por acción y por omisión.

El usuario legal no es responsable de la coyuntura actual, pues Un usuario legal con licencia legal vigente compra con su dinero legal (ganado formalmente con el fruto de su actividad y trabajo) un arma nueva en una armería legal contra la emisión de su comprobante de pago legal sin requerir verificación del arma, o compra un arma usada y pasa por la notaría para legalizar sus firmas legalmente, y en ambos casos solicita la emisión de su tarjeta de propiedad a su favor, Y LA EMITE LA SUCAMEC.

¿La armería o vendedor es el responsable? Habrá que determinarlo por SUCAMEC

La SUCAMEC como regulador es el responsable INEXCUSABLE, tanto por acción y por omisión, directamente del infractor y de la línea jerárquica encima de él, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA por lo menos, pues:

- La SUCAMEC tramita el expediente de la tarjeta de propiedad y luego de múltiples etapas recepción, estudio, antecedentes, atención, proceso bajo su exclusivo control, y si lo aprueba, la emite y envía al correo del usuario, lo que demora más o menos 1 mes.

- LA SUCAMEC APRUEBA ENTONCES LA ADQUISIÓN DEL ARMA A SU CRITERIO, LA DESCARGA DEL VENDEDOR Y LA CARGA AL COMPRADOR, CONOCE PERFECTAMENTE EL RECORD DE AMBAS PARTES COMPRADOR Y VENDEDOR.

- SI EL ARMA ES NUEVA AUTORIZA LA ENTREGA A LA ARMERIA CON DESTINO AL USUARIO FINAL Y SE LA ENTREGA, SI ES USADA CON LA TARJETA EL VENDEDOR ESTA AUTORIZADO A ENTREGARLA AL COMPRADOR, ES DECIR, LA SUCAMEC NO SOLO APRUEBA LA TRANSFERENCIA DEL ARMA SINO SU CIRCULACIÓN DEL EN EL MERCADO LEGAL.

- ¿Cómo no sabe la SUCAMEC que compra alguien ¨contingente¨ y observa la compra-venta si regula todo el circuito?

- Puede darse la irregularidad desde el personal que gestiona y aprueba mal el expediente,

¿Por dolo? Que se le denuncie y procese penalmente.

¿Por culpa por no estar capacitado? ¿De quién sino de la entidad es la responsabilidad de contratarlo y no capacitarlo y ponerlo en el puesto?

¿El superior no verifica en ambos casos?

¿Cómo queda la cadena de mando? ¿Dolo? ¿Culpa? La responsabilidad es inexcusable.

 

Bien expresa el abogado colombiano Abelardo De La Espriella, en su publicación ¨Dura es la ley, pero es la ley¨ en el ¨Ámbito Jurídico¨, que ¨… Cuando el Estado viola la ley y desconoce los derechos de quienes procesa, se vuelve más criminal que aquellos a los que persigue…¨, así pues, la ley no puede aplicarse al arbitrio de lo que conviene, no es una camisa cuya talla se ajusta según la necesidad del cliente ni es como el hielo, que sabe a lo que se le ponga: la ley tiene peso específico y consistencia propia, no se acomoda o reajusta dependiendo de la coyuntura su espíritu es orientar la conducta humana, para armonizar la vida en sociedad, teniendo como fin primero la consecución del bien común y la justicia, que se erigen como elementos determinantes para el sostenimiento de las sociedades democráticas.

El autor sostiene con certeza que, en la medida en que se respeten las reglas de juego establecidas por la Constitución y la ley, tendremos una sociedad más civilizada y evolucionada, y a veces puede parecer que es inapropiada, pero se nos olvida que fue tramitada y expedida por un órgano legislativo elegido popularmente y al cual la Constitución encomendó tan sagrado deber.

Dr. Gonzalo Gil Oliden: – CAL N°33738 – ggiloliden@hotmail.com

DESVÍO DE ARMAS DEL MERCADO LEGAL

 

 

 

 

 

Resumen:

Tres armerías han importado una enorme cantidad de carabinas semiautomáticas para un mercado que no existe. La hipótesis es que no sólo es un problema de corrupción en SUCAMEC. Hay un trasfondo político que afecta seriamente la Seguridad Nacional.

 

 

La ley 30299 fue publicada el 22 de enero del 2015 y su Reglamento el 7 de julio 2016. Esta ley es muy técnica pues se basó en el conocimiento de expertos y de portadores de armas con cientos de años acumulados de experiencias y no sólo en gestores públicos quienes, en su absoluta mayoría, desconocen el tema y nunca han disparado un arma.

Tanto las estadísticas como el pulso en la calle (para quienes estamos dentro del mundo de las armas) nos indican que esta ley en general está teniendo un efecto positivo al concentrar el esfuerzo en el perfil del portador y su carácter moral, antes que en características técnicas de las armas, como era anteriormente. Así, no se registran mayores incidentes con portadores legales de armas de fuego, en un número cercano a 400 mil. El problema nunca han sido las armas en manos de gente decente, si no en los delincuentes.

El crimen urbano se comete con armas de puño traídas de contrabando de la región, principalmente Colombia y Venezuela. Es muy fácil cruzar la frontera llevando pistolas y revólveres que son fáciles de ocultar. No se ve el uso de carabinas semiautomáticas ni escopetas en los crímenes de sicariato ni asalto agravado, tanto urbano como rural.

Siendo que los portadores de armas de muchos años somos un grupo reducido, casi una hermandad, hemos notado un incremento en las importaciones de carabinas semiautomáticas, que usamos normalmente para caza o deporte. A la derecha el cuadro de importaciones de esa partida arancelaria desde el 2015 al 2022, donde se aprecia un crecimiento injustificable a partir de la segunda mitad del 2021, sin que básicamente haya aumentado el número de cazadores ni deportistas.

Desde el 2021 a la fecha, se han importado un total de 2039 carabinas tipo AR-15, una de las cuales habría sido usada en el asesinato del candidato Villavicencio en Ecuador. Sólo 3 importadores concentran el 95% de ese volumen, con 1,919 armas:

·                 223 G&A EIRL: 780 carabinas

·                 El Cazador SAC: 577 carabinas

·                 Armory Supply SAC: 562 carabinas

2223 G&A EIRL y Corporación El Cazador han importado carabinas AR-15 de la marca Brigade mientras que Armory Supply de las marcas Core 15 y Anderson manufacturing.

Entre ellos, 223G&A EIRL, el mayor importador de estas armas, tiene un pequeñísimo local en una galería en Breña. Difícil entender cómo pudieron comercializar tantas armas que importadores más grandes no han logrado, principalmente porque no existe un mercado para ese volumen.

SUCAMEC convocó a las armerías a un conversatorio para buscar el apoyo para su propuesta de cambios a la ley 30299, argumentando malas prácticas comerciales. Así trascendió que algunas personas han obtenido su licencia de porte de armas y se les ha autorizado la compra de carabinas AR-15 en una cantidad imposible de justificar:

·         Aljemiro Sobrado Meza, adquirió 34 carabinas AR-15 calibre .223 y 24 pistolas

·         Rudy Fernández Delgado 37 carabinas AR-15 calibre .223 y 31 pistolas

·         Una armería en Tumbes registra un volumen de varios cientos de miles de municiones. Una caja de balas 9mm en Perú ronda los $25 mientras que en Ecuador sobrepasa los

$100 y muchas armas y municiones no están disponibles. Eso impulsa el contrabando.

En todos los casos, es responsabilidad de SUCAMEC aprobar las autorizaciones de venta tanto de armas como de municiones. Para una persona poder registrar al mismo tiempo tantas armas nuevas, deben contar con la complicidad de los funcionarios de SUCAMEC que aprueban la emisión de cada tarjeta de propiedad. Ellos tienen acceso a las bases de datos de la PNP, Poder Judicial, Ministerio Público, los omisos a la pensión alimenticia y cualquier otra base de datos relevantes para poder evaluar la categoría moral del solicitante. En el sistema informático de SUCAMEC figura toda información relevante de un administrado: tipos de licencias de acuerdo con las modalidades permitidas, el número y detalle de cada arma y cualquier falta o sanción histórica. Imposible no percatarse que la persona adquiere 20 o más armas idénticas en un breve periodo.

Otro hecho no menos sorprendente es que el plazo de evaluación de cada tarjeta de propiedad es 21 días hábiles según TUPA; sin embargo, SUCAMEC suele tomar mayor tiempo inclusive.

¿Cómo una persona puede obtener 78 tarjetas de propiedad? Le tomaría en principio 6 años y medio lograr esa cantidad de registros.

Algunos hechos que nos ponen en contexto y podrían explicar esta situación, que trasciende a simple corrupción de funcionarios:

·         El incremento injustificado del volumen de armas en estos 3 importadores coincide con el gobierno de Pedro Castillo.

·         Se observa presencia de este tipo de armas, carabinas AR-15, entre mineros ilegales en particular en la sierra Norte del país. La mina de oro La Poderosa, en Pataz, La Libertad, viene siendo asaltada por mineros ilegales que invaden sus socavones y han asesinado a 7 de sus empleados.

·         El 7 de diciembre 2022 durante el golpe de estado, Pedro Castillo habla de la cancelación de todas las licencias de armas emitidas por SUCAMEC. Eso demuestra la enorme

importancia que significaba para él y sus cómplices el acceso a armas de fuego.

De no haber ocurrido el atentado contra el candidato Villavicencio en Ecuador, donde algunos de los sicarios tenían una carabina AR-15 marca Brigade, importada legalmente al Perú, no se hubiese descubierto ese tráfico ilegal de armas.

·         En las últimas semanas SUCAMEC ha reemplazado al Gerente General (11 de agosto 2023) y al Gerente de Políticas (16 de agosto 2023). ¿Se están preparando para lo que se les viene? Sería importante proteger la información respecto a quiénes autorizaron esas ventas de armas que luego han desaparecido.

 

 

¿Qué hacer?

Las armas que han sido desviadas del mercado formal tienen trazabilidad. SUCAMEC debe entregar de inmediato y en formato Excel:

·         Relación de los compradores de todas las armas importadas por esas 3 empresas desde el 2021, ordenados por número de armas autorizadas a cada comprador, donde se identifique además al funcionario que las aprobó y la casa comercializadora para el caso que el importador vendió parte del stock a una armería en provincia, por ejemplo) para determinar correlaciones.

·         Así se confirmaría que personas sin la capacidad económica suficiente, figuran como los compradores de un volumen de armas que excede los $100,000 en la mayoría de los casos y constituiría entre otros delitos graves, lavado de activos.

·         SUNAT debe solicitar a esas armerías, la sustentación del medio de pago.

·         En función de la información recopilada, debería el Congreso de la República conformar una Comisión Investigadora para deslindar responsabilidad en los funcionarios de SUCAMEC y determinar si realmente fue omisión de funciones, corrupción o parte de un plan para desestabilizar al Estado.