El colapso de
la minería
Fernando Rospigliosi
El incendio y destrucción del campamento minero de los Chancas, y el último asalto a Las Bambas son dos nuevas evidencias de la crisis que está hundiendo al motor de la economía peruana, la minería, crisis provocada e incentivada por el gobierno. El daño que están produciendo es cada vez más profundo y duradero. Cada día que pasa se ahondan los conflictos que serán muy difíciles de resolver en el futuro. Y a un costo altísimo.
Es decir, cuando se eche a la gavilla de
delincuentes que ha asaltado el gobierno, no se volverá simplemente a la
situación anterior empezando desde cero. Los grupos de extorsionadores e
ilegales que han realizado las incursiones mencionadas son cada día más
fuertes, atraen cada día a más seguidores, y predican con el ejemplo a
muchísimos otros que en todo el país observan sus acciones con atención.
Todos aprenden las lecciones
rápidamente. Primero, la impunidad. Pueden hacer lo que les da la gana, violar
todas las leyes, y no les va a pasar nada. Antes bloqueaban carreteras y
algunas veces eran desalojados. Ahora no solo cierran los caminos sino que
asaltan y destruyen instalaciones. Y tampoco les pasa nada.
Esto no empezó ayer. Como se recuerda,
el gran avance, el salto cualitativo –para usar el concepto que gusta a los
marxistas-, lo dieron cuando fueron apoyados públicamente –después de destruir
varios campamentos mineros- por la entonces premier Mirtha Vásquez, la anti
minera que llegó a ese cargo promovida y respaldada por todos los caviares y
por los medios de comunicación que controlan, e incluso por un sector
empresarial estúpidamente crédulo, que apuesta siempre a acomodarse con
cualquier gobierno. Ellos compartían la estrategia que, según Héctor Béjar,
había estrenado en los primeros días la embajada norteamericana de “humalizar”
al gobierno.
En segundo lugar, aprenden que pueden
ganar mucho con la violencia. En el caso de los Chancas, se trata de mineros
ilegales que operan en terrenos de la mina. Es un negocio rentable. No tienen
que comprar las tierras, no tienen que obtener los innumerables y engorrosos
permisos que demoran años, no respetan el medio ambiente y contaminan sin
medida ni clemencia (sin ser perseguidos y atacados por las ONG ambientalistas
de los caviares) y, por supuesto, no pagan impuestos. Daños colaterales son el
trabajo infantil, la trata de personas, etc. que van a asociados a ese tipo de
actividades.
En las Bambas, además de la extorsión a
la empresa, que es el negocio principal, también están robando mineral.
Los que han participado en estos ataques,
y los otros que se han sucedido en estos diez meses trágicos, a minas grandes y
pequeñas, se fortalecen cada día, reclutan a más y más seguidores, y se vuelven
más violentos y arrogantes. Cuando se instale en el Perú un gobierno razonable,
será muy difícil reestablecer el orden.
Además de los cientos de millones que no
ha cobrado el Estado en impuestos por la disminución de la producción, de los
miles de empleos que se están perdiendo, el daño reputacional es inconmensurable.
Nadie en su sano juicio invertirá en el futuro los enormes capitales que se
requiere para poner en operación minas como Las Bambas (diez mil millones de
dólares) o los Chancas (tres mil millones de dólares) en un país que no garantiza
nada.
Y cuyo gobierno, a través de la bancada
oficialista en el Congreso, pretende desconocer los contratos y estatizar Las
Bambas con una ley.
En suma, la violencia anti minera va
creciendo descontroladamente, tolerada y alentada por el gobierno. Cada día que
pasa, el costo de recuperar la legalidad se hace más alto.
Mientras tanto, las instituciones que
podrían y deberían evitarlo, duermen. O se acomodan. La defensa del Perú no
parece ser una de sus prioridades.
Publicado en El Reporte 5/6/22
No hay comentarios:
Publicar un comentario