En
un editorial el diario El Comercio (“La amenaza que se aproxima”, 20.10.18)
formula varias críticas a Jair Bolsonaro, electo presidente del Brasil, algunas
de las cuales comparto. No obstante, hay un asunto en el que creo se equivocan
radicalmente. Dice:
“Y ya como candidato a la presidencia, el legislador ha planteado
algunas propuestas peligrosas, como la de liberar la venta de armas a los
civiles. Una mecha peligrosa que podría encender aun más a un país que registra
tasas asfixiantes de homicidios (en el 2017, los asesinatos llegaron a la
escalofriante cifra de 175 al día).”
En efecto, en Brasil se cometen
actualmente más de 60,000 homicidios al año, una cifra pavorosa. Pero vincular
eso con la “venta de armas a los civiles” es un error garrafal. Precisamente el
Brasil es un ejemplo claro de cómo la prohibición del porte de armas a los
civiles no ha mejorado en absoluto la seguridad ciudadana ni los indicadores de
violencia.
En el 2003, al principio del primer
gobierno de Lula da Silva se promulgó el Estatuto del Desarme, una
ley federal que prohíbe a civiles portar armas de fuego “salvo en casos en los
que haya necesidad comprobada, permitir ese porte bajo estrictas condiciones y
dejar abierta la posibilidad de suspender ese permiso”. En la práctica
la prohibición fue prácticamente total.
Pero eso no ayudó a mejorar la seguridad
ciudadana, ni a disminuir la violencia, ni a reducir los
homicidios que han seguido aumentando en los 15 años que tiene en vigencia la
prohibición. Desde hace varios años existe un proyecto de ley para modificar el
Estatuto de 2003 que es de esperar sea aprobado ahora.
Una situación similar se presenta en
México, uno de los países más violentos de la región, donde el porte de armas
está prácticamente prohibido. No obstante, en 2015 se calculaba que había 13
millones de armas ilegales. (El País, España, 13.1.15). Típicamente
latinoamericano, leyes durísimas y una floreciente ilegalidad e informalidad.
Naturalmente,
no se trata de incitar a los civiles armarse para enfrentar a los delincuentes.
La seguridad es una responsabilidad del Estado y no de los ciudadanos. El
punto es que los ciudadanos deben tener la posibilidad de adquirir armas
legalmente y con requisitos razonables establecidos por la ley, para deporte,
caza, colección o defensa. Prohibir -o restringir excesivamente- el derecho de
los ciudadanos a poseer armas no mejora la seguridad pero si propicia la
ilegalidad y la corrupción
