CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
La democracia
fallida
A pesar de la última crisis -que pronto
será la penúltima porque surgirá otra igual o peor-, nadie se atreve ahora
reconocer que estamos ante una democracia fallida, que no puede regenerarse
dentro de sus procedimientos institucionales. Son casi infinitas las aparentes
soluciones que se proponen, ateniéndose a las normas vigentes, pero es obvio
que no hay salida en ese marco.
El hecho de que una banda de
delincuentes comunistas, ineptos e ignorantes, se haya apoderado del gobierno,
con el apoyo de los caviares -que querían seguir medrando-, y que un año
después no haya sido desalojada con los mecanismos establecidos en la
Constitución, porque la corrupción ha carcomido profundamente toda la
institucionalidad, es una demostración que esta democracia fallida no puede ser
reconstruida con sus propios mecanismos.
Ahora el oportunista que aceptó el Ministerio
del Interior -respaldó a Pedro Castillo durante todo este período hasta que
consiguió un puesto y lo reprueba cuando lo echan-, se alza como un héroe de la
democracia y ¡propone a Dina Boluarte como alternativa! Todo con la complicidad
de los mismos que ayudaron a Castillo a hacerse del poder.
Hasta ahora, por la corrupción de un
número importante de congresistas, han sido inalcanzables los 87 votos para
vacar al individuo que ocupa Palacio. Y tampoco se ha avanzado mucho en el
tortuoso camino para destituir a la vicepresidenta, que ocupa ilegalmente ese
cargo porque un deshonesto Jurado Nacional de Elecciones (JNE), irregularmente
constituido, avaló ilícitamente su candidatura.
Y ese podrido JNE es el que va a conducir el
proceso electoral municipal y regional, en un ambiente en que, por ejemplo, las
delincuenciales rondas campesinas manejadas por el gobierno o por los poderes
locales, van a imponerse por el miedo en ciertas localidades. Y cuando
prefectos, sub prefectos, gobernadores y tenientes gobernadores de la red
creada por el gobierno van a usar los recursos del Estado para favorecer a
ciertos candidatos. Y ese JNE, eventualmente, dirigiría unas nuevas elecciones
presidenciales.
Otras evidencias de la imposibilidad de
renovación en el marco actual son, por ejemplo, las absurdas decisiones de magistrados
de un sistema judicial capturado por los caviares y la corrupción hace tiempo,
que interfieren desfachatadamente en las decisiones del Congreso que no son del
gusto de esa mafia: la ley de la Sunedu, la elección del Tribunal
Constitucional (TC) y el Defensor del Pueblo, etc. Se puede estar de acuerdo o
en desacuerdo con alguna norma, pero el único que puede intervenir en este caso
es el TC y no cualquier juez. Pero esas inadmisibles interferencias son
celebradas y apoyadas por la mafia caviar y sus medios de comunicación, y
terminan imponiéndose.
Lo mismo pasó con el inconstitucional cierre
del Congreso en setiembre de 2019. A pesar de su evidente ilegalidad, el golpe
del Lagarto se consumó.
En suma, la legalidad ya no existe en el Perú.
Lo que hay es una apariencia, o una farsa, que funciona de acuerdo a los
intereses de quienes manejan furtivamente ciertos resortes del poder.
Algunos bienintencionados sugieren la
modificación de algunas normas para salvar la agonizante democracia, lo que se
denomina ingeniería constitucional. La bicameralidad, distritos electorales más
pequeños, elecciones internas en los partidos políticos, eliminar el voto
preferencial, por mencionar solo algunas de las más repetidas de la larguísima
lista de alternativas que podrían mejorar el sistema político. En realidad, es
probable que algunas de esas propuestas lo empeorarían. En todo caso, es una
discusión inconducente.
No hay duda que se requieren algunos
cambios urgentes, como eliminar las necedades que comunistas y caviares han
convertido en normas, como la no reelección de congresistas, gobernadores y
alcaldes. O la alternancia entre hombres y mujeres en las listas parlamentarias
y presidenciales. Pero nada de eso puede regenerar a lo que hoy existe en el
Perú con el nombre de democracia.
Porque además de los obstáculos
señalados hay varios otros que ningún proceso de cambios constitucionales o
legales puede resolver en el contexto actual. La existencia de delincuenciales
oligarquías regionales -producto de la combinación de canon, descentralización
y desplome de los partidos políticos-, es uno de ellos. Ahora estamos viendo
sus consecuencias, cuando una alianza de esas nuevas élites corruptas se hizo
del gobierno.
La existencia de “partidos políticos”
como los de César Acuña o José Luna Gálvez, o la captura de otros que alguna
vez fueron partidos, como Acción Popular por bandas de malhechores, no puede
resolverse con esos mismos grupos detentando parte sustancial del poder
político.
En síntesis, la democracia se ha
descarrilado nuevamente en el Perú y no puede encarrilarse conducida por las
gavillas que la han arruinado.
En 1962 una crisis por acusaciones de
fraude provocó una intervención castrense -la primera junta militar
institucional en América Latina-, que saneó el sistema electoral y condujo a
elecciones limpias. Treinta años después, en 1992, un golpe realizado por un
presidente elegido -otra innovación en AL- desembocó en una Asamblea y una
nueva Constitución que hoy se pretende cambiar. Treinta años después, en 2022,
la democracia nuevamente está en una crisis que no tiene salida, por las
razones expuestas, en su propio marco. Las opciones que hoy se barajan, solo
prolongarán la crisis sin resolverla.
Se requieren soluciones radicales para
reencauzar la democracia.
Publicado en Lampadia 21/7/22