Fernando Rospigliosi
El
año pasado denuncié que funcionarios ineptos o corruptos de Sucamec habían
otorgado irregularmente licencias de armas y tarjetas de propiedad para
adquirir 126 rifles y pistolas a dos individuos que luego las habían declarado
perdidas. Obviamente, esas armas fueron desviadas ilícitamente a la
delincuencia.
A partir de allí, algunos
funcionarios, en particular el coronel PNP (r) Ronald Rejas, Gerente de Armas
de Sucamec, han desarrollado una intensa campaña de mentiras en los medios de
comunicación, sosteniendo que ellos no son responsables, que fue en una gestión
anterior que eso ocurrió y que la culpa la tiene la ley de armas que les obliga
a entregar licencias y tarjetas de propiedad sin límite a todo aquel que las
pida.
El caso que denuncié es el del
chofer de combi Aljemiro Sobrado Meza que, autorizado de manera
inexplicablemente veloz por Sucamec, se hizo de 34 carabinas .223 y 24 pistolas
de 9 mm, y de Rudy Fernández Delgado que adquirió, con similar rapidez, 37
carabinas .223 y 31 pistolas de 9 mm. Ambos declararon poco después que todas
las armas se les habían perdido.
Los funcionarios de Sucamec mienten
cuando dicen que estos casos de escandalosa corrupción fueron en gestiones
anteriores. El actual superintendente, general PNP (r) Teófilo Mariño fue
nombrado el 22 de diciembre de 2022 y Rejas el 6 de enero de 2023 como Gerente
de Armas, aunque también trabajaba en Sucamec en otra gerencia desde marzo de
2022. En su actual gestión, Rejas autorizó 24 tarjetas de propiedad a Aljemiro
y 17 a Rudy.
Es decir, los actuales funcionarios
son responsables directos del trasiego de armas a la delincuencia.
Esto se comprueba, además, por la
campaña de falsedades que han desarrollado en los medios de comunicación. Nunca
han admitido la responsabilidad de Sucamec –aunque sea de gestiones anteriores-
en el tráfico de armas. Siempre han engañado tratando de ocultar la negligencia
de Sucamec y culpando a la ley.
La falsedad de este argumento se
demuestra fácilmente. Desde que estalló el escándalo, ya no han otorgado
centenares de autorizaciones a Aljemiros, porque saben que están siendo
observados. Es decir, con la misma ley, hoy día, ya no hay individuos que
obtienen licencias para comprar 70 u 80 armas.
La actual ley fue aprobada en enero
de 2015 y entró en vigencia al año siguiente. Pero el problema solo se produjo
entre 2021 y 2023, durante los gobiernos de Francisco Sagasti, Pedro Castillo y
al comienzo de Dina Boluarte.
En un breve lapso se importaron con
autorización de Sucamec, unos 2000 rifles .223 (AR 15). De ellos, 1,919 fueron
importados por tres empresas de dudosa reputación, autorizadas para funcionar
por Sucamec. (Una trajo 780, otra 577, otra 562).
Era evidente que en el Perú no hay
un mercado de cazadores y tiradores deportivos que compren cientos de esas
carabinas en tan corto tiempo. Los ineptos o corruptos funcionarios de Sucamec
se hicieron de la vista gorda y autorizaron esa más que sospechosa importación,
sin chistar.
Y luego, generosamente, otorgaron cientos
de licencias y tarjetas de propiedad para comprar armas idénticas a sujetos que
evidentemente no tenían la capacidad económica ni justificación alguna para
adquirirlas.
Ahora esto es un escándalo
internacional porque parte de esas armas han sido contrabandeadas a Ecuador.
Los Estados Unidos han suspendido la venta de armas y municiones al Perú. En el
último operativo donde allanaron una de esas empresuchas de fachada,
participaron oficiales del Homeland Security Investigation de los EEUU.
Y los sinvergüenzas de Sucamec,
causantes de este problema, tratan de ocultar su responsabilidad culpando a la
ley y agrediendo a quién los ha denunciado. Ayer 14 de marzo, la Sucamec emitió
un comunicado atacándome directamente a mí, precisamente cuando yo intervenía
en el Congreso, durante la interpelación al ministro del Interior, denunciando
los hechos señalados más arriba y demandándole que reorganice la Sucamec y
denuncie a los malos funcionarios.
Los funcionarios corruptos incluso
han sorprendido a la presidente Dina Boluarte, que ha anunciado que propondrá cambios
en la ley de armas, que es precisamente el argumento de esa red de corrupción,
para desviar la atención y evadir su responsabilidad.
Es de esperar que el ministro del
Interior actúe de inmediato, si realmente quiere combatir a la delincuencia y
evitar el tráfico de armas. En los hechos se le conocerá.
