El IDL acaba de emitir un pronunciamiento (16.5.19) donde pide que se anule el concurso para definir los integrantes de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) porque no hay juristas de prestigio que hayan postulado.
También proponen que se aparte de la Comisión Especial que evaluará a los postulantes al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros. Por supuesto, no dicen nada de otra integrante de esa Comisión, Zoraida Ávalos, acusada desde 2014 de integrar una red de corrupción en la fiscalía y ahora dócil instrumento del gobierno y sus aliados.
El asunto es que el presidente Martín Vizcarra y sus aliados presentaron la reforma judicial que ellos diseñaron e hicieron aprobar dando plazos perentorios al Congreso, como la solución a los problemas de corrupción del país y del sistema judicial.
Era, supuestamente, la panacea. Algunos pocos advirtieron que no se trataba solamente de cambiar el nombre y el diseño de las instituciones.
Ahora los mismos que inventaron los nuevos organismos, descubren que las cosas no van a cambiar mucho. Pero no pierden la ocasión para intentar ganar el control total del sistema judicial, que ahora dominan parcialmente, tratando apartar a Lecaros al que no han podido instrumentalizar.
Algo similar sucede con la reforma política, que dicen mejorará sustancialmente las cosas. En realidad, solo la usan como una herramienta en su batalla contra la oposición y el Congreso
