Reforma judicial ¿otro fracaso?

El IDL acaba de emitir un pronunciamiento (16.5.19) donde pide que se anule el concurso para definir los integrantes de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) porque no hay juristas de prestigio que hayan postulado.

También proponen que se aparte de la Comisión Especial que evaluará a los postulantes al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros. Por supuesto, no dicen nada de otra integrante de esa Comisión, Zoraida Ávalos, acusada desde 2014 de integrar una red de corrupción en la fiscalía y ahora dócil instrumento del gobierno y sus aliados.

El asunto es que el presidente Martín Vizcarra y sus aliados presentaron la reforma judicial que ellos diseñaron e hicieron aprobar dando plazos perentorios al Congreso, como la solución a los problemas de corrupción del país y del sistema judicial.

Era, supuestamente, la panacea. Algunos pocos advirtieron que no se trataba solamente de cambiar el nombre y el diseño de las instituciones.

Ahora los mismos que inventaron los nuevos organismos, descubren que las cosas no van a cambiar mucho. Pero no pierden la ocasión para intentar ganar el control total del sistema judicial, que ahora dominan parcialmente, tratando apartar a Lecaros al que no han podido instrumentalizar.

Algo similar sucede con la reforma política, que dicen mejorará sustancialmente las cosas. En realidad, solo la usan como una herramienta en su batalla contra la oposición y el Congreso

Comunicore: el sistema judicial no es confiable

La absolución de todos los implicados en el escandaloso caso de Comunicore por el Poder Judicial, muestra que no se puede confiar en él. En realidad, eso no es novedad. Para evitar que ocurra lo mismo con Lava Jato, la única posibilidad sería que se constituya un sistema anticorrupción como el que se creó el año 2000, el único que ha funcionado en la historia del Perú.

En esa ocasión, se estableció, impulsado desde el gobierno de Valentín Paniaugua y por la procurarduría que dirigía José Ugaz, un sistema con fiscales y jueces especiales, y se dictaron las normas para hacerlo posible. Por primera y única vez en el Perú, fueron investigados y sentenciados altos funcionarios, personas poderosas y con dinero, y se recuperaron cientos de millones robados al Estado.

Con esa experiencia, y estando ya en curso el caso Lava Jato, aprovechando el cambio de gobierno -obviamente Ollanta Humala y Nadine Heredia, involucrados con la corrupción no estaban interesados- había que promover desde el primer día y desde la cúpula del gobierno un sistema análogo que permitiera sancionar a los culpables, recuperar el dinero y dar un ejemplo que disuadiera a otros.

Ciertamente, se requería el respaldo del Congreso, pero en ese momento, cuando tenía una alta popularidad, difícilmente se le podía negar al gobierno el apoyo para medidas anticorrupción que son ampliamente respaldadas por la opinión pública. De hecho, el gobierno ha tenido facultades delegadas que eventualmente hubieran podido ser usadas para ese propósito también.

Pero no se hizo. No faltó la oportunidad. Faltó interés en tema, decisión, voluntad de luchar seriamente contra la corrupción, usando la experiencia exitosa y los medios al alcance.

Hoy día es más difícil pero no imposible hacerlo. Lo ocurrido con Comunicore es una muestra clarísima de lo que puede ocurrir. Si no se hace, por algo será.

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/comunicore-pj-absolvio-ex-funcionarios-luis-castaneda-noticia-1965024