La democracia fallida

 

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

La democracia fallida

 

        A pesar de la última crisis -que pronto será la penúltima porque surgirá otra igual o peor-, nadie se atreve ahora reconocer que estamos ante una democracia fallida, que no puede regenerarse dentro de sus procedimientos institucionales. Son casi infinitas las aparentes soluciones que se proponen, ateniéndose a las normas vigentes, pero es obvio que no hay salida en ese marco.

        El hecho de que una banda de delincuentes comunistas, ineptos e ignorantes, se haya apoderado del gobierno, con el apoyo de los caviares -que querían seguir medrando-, y que un año después no haya sido desalojada con los mecanismos establecidos en la Constitución, porque la corrupción ha carcomido profundamente toda la institucionalidad, es una demostración que esta democracia fallida no puede ser reconstruida con sus propios mecanismos.

Ahora el oportunista que aceptó el Ministerio del Interior -respaldó a Pedro Castillo durante todo este período hasta que consiguió un puesto y lo reprueba cuando lo echan-, se alza como un héroe de la democracia y ¡propone a Dina Boluarte como alternativa! Todo con la complicidad de los mismos que ayudaron a Castillo a hacerse del poder.

        Hasta ahora, por la corrupción de un número importante de congresistas, han sido inalcanzables los 87 votos para vacar al individuo que ocupa Palacio. Y tampoco se ha avanzado mucho en el tortuoso camino para destituir a la vicepresidenta, que ocupa ilegalmente ese cargo porque un deshonesto Jurado Nacional de Elecciones (JNE), irregularmente constituido, avaló ilícitamente su candidatura.

Y ese podrido JNE es el que va a conducir el proceso electoral municipal y regional, en un ambiente en que, por ejemplo, las delincuenciales rondas campesinas manejadas por el gobierno o por los poderes locales, van a imponerse por el miedo en ciertas localidades. Y cuando prefectos, sub prefectos, gobernadores y tenientes gobernadores de la red creada por el gobierno van a usar los recursos del Estado para favorecer a ciertos candidatos. Y ese JNE, eventualmente, dirigiría unas nuevas elecciones presidenciales.

Otras evidencias de la imposibilidad de renovación en el marco actual son, por ejemplo, las absurdas decisiones de magistrados de un sistema judicial capturado por los caviares y la corrupción hace tiempo, que interfieren desfachatadamente en las decisiones del Congreso que no son del gusto de esa mafia: la ley de la Sunedu, la elección del Tribunal Constitucional (TC) y el Defensor del Pueblo, etc. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con alguna norma, pero el único que puede intervenir en este caso es el TC y no cualquier juez. Pero esas inadmisibles interferencias son celebradas y apoyadas por la mafia caviar y sus medios de comunicación, y terminan imponiéndose.

Lo mismo pasó con el inconstitucional cierre del Congreso en setiembre de 2019. A pesar de su evidente ilegalidad, el golpe del Lagarto se consumó.

En suma, la legalidad ya no existe en el Perú. Lo que hay es una apariencia, o una farsa, que funciona de acuerdo a los intereses de quienes manejan furtivamente ciertos resortes del poder.

Algunos bienintencionados sugieren la modificación de algunas normas para salvar la agonizante democracia, lo que se denomina ingeniería constitucional. La bicameralidad, distritos electorales más pequeños, elecciones internas en los partidos políticos, eliminar el voto preferencial, por mencionar solo algunas de las más repetidas de la larguísima lista de alternativas que podrían mejorar el sistema político. En realidad, es probable que algunas de esas propuestas lo empeorarían. En todo caso, es una discusión inconducente.

        No hay duda que se requieren algunos cambios urgentes, como eliminar las necedades que comunistas y caviares han convertido en normas, como la no reelección de congresistas, gobernadores y alcaldes. O la alternancia entre hombres y mujeres en las listas parlamentarias y presidenciales. Pero nada de eso puede regenerar a lo que hoy existe en el Perú con el nombre de democracia.

        Porque además de los obstáculos señalados hay varios otros que ningún proceso de cambios constitucionales o legales puede resolver en el contexto actual. La existencia de delincuenciales oligarquías regionales -producto de la combinación de canon, descentralización y desplome de los partidos políticos-, es uno de ellos. Ahora estamos viendo sus consecuencias, cuando una alianza de esas nuevas élites corruptas se hizo del gobierno.

        La existencia de “partidos políticos” como los de César Acuña o José Luna Gálvez, o la captura de otros que alguna vez fueron partidos, como Acción Popular por bandas de malhechores, no puede resolverse con esos mismos grupos detentando parte sustancial del poder político.

        En síntesis, la democracia se ha descarrilado nuevamente en el Perú y no puede encarrilarse conducida por las gavillas que la han arruinado.

        En 1962 una crisis por acusaciones de fraude provocó una intervención castrense -la primera junta militar institucional en América Latina-, que saneó el sistema electoral y condujo a elecciones limpias. Treinta años después, en 1992, un golpe realizado por un presidente elegido -otra innovación en AL- desembocó en una Asamblea y una nueva Constitución que hoy se pretende cambiar. Treinta años después, en 2022, la democracia nuevamente está en una crisis que no tiene salida, por las razones expuestas, en su propio marco. Las opciones que hoy se barajan, solo prolongarán la crisis sin resolverla.

        Se requieren soluciones radicales para reencauzar la democracia.

Publicado en Lampadia 21/7/22