sábado, 29 de enero de 2022

Falsificación histórica


Falsificación histórica

La película “Múnich en vísperas de una guerra”

Fernando Rospigliosi

 

        Una popular película en Netflix recién estrenada, concluye con una burda falsificación histórica, pretendiendo vender una idea nefasta, acorde con la corrección política actualmente dominante en Occidente: el apaciguamiento es la política adecuada para enfrentar a los tiranos totalitarios –o a los aspirantes a dictadores, o los fanáticos terroristas-.

        El film “Múnich en vísperas de una guerra”, recoge la verdad histórica cuando describe la situación en Alemania previa al acuerdo de Múnich. Adolfo Hitler se disponía a invadir Checoeslovaquia y el alto mando militar, consciente que eso llevaría a una guerra que su país perdería de todas maneras, estaba dispuesto a derrocar al tirano. Cuando Hitler ordenara la movilización, darían el golpe.

        Pero las cosas salieron de otra manera. El premier británico Neville Chamberlain indujo a Benito Mussolini (aliado de Hitler que tampoco quería la guerra) a impulsar un acuerdo para desmembrar Checoeslovaquia, complacer a Hitler y, supuestamente evitar el conflicto.

        Así, los jefes de gobierno de Gran Bretaña, Francia e Italia visitaron a Hitler, en Múnich y el 30 se setiembre de 1938 firmaron un vergonzoso acuerdo, sin la presencia de los checoeslovacos, mediante el cual entregaban los Sudetes, una parte del territorio de Checoeslovaquia con población alemana, a Hitler. De esa manera creyeron, estúpidamente, que podían apaciguar al monstruo.

        El ex alcalde de Birmingham, un educado y más bien cándido caballero inglés, volvió a su país y cuando bajó del avión exhibió un papel -una escena famosísima que la película no destaca suficientemente- con la firma de Hitler, afirmando que había conseguido así asegurar la paz para Europa y el mundo. Un papel que para el matón inescrupuloso que lo había suscrito no valía absolutamente nada.

        Pero el éxito de Hitler en Múnich –aunque él hubiera preferido arrasar con toda Checoeslovaquia de inmediato- tuvo también otra consecuencia: fracasó el plan de los militares para derrocarlo. Si no había guerra en ese momento, no había justificación para el golpe. Por el contrario, Hitler salió enormemente fortalecido por la torpe y vergonzosa decisión de Chamberlain y los franceses de ceder a sus ambiciones, lo cual le dio impulso para seguir adelante con sus siniestros planes que finalmente llevaron a la II Guerra Mundial.

        Hitler inmediatamente engulló los Sudetes y, como era de esperarse, poco después, el 15 de marzo de 1939, se apoderó del resto de Checoeslovaquia, ya indefensa militarmente y abandonada por la cobardía de los aliados.

        Una frase final en la película en mención, es una mentira grosera que pretende convencer al público de la virtud del apaciguamiento: “El acuerdo de Múnich les dio tiempo a Gran Bretaña y sus aliados para prepararse para la guerra y así derrotar a Alemania”.

        ¡La verdad histórica es exactamente la contraria! Ese tiempo le permitió a Hitler fortalecer la Wehrmacht, las fuerzas armadas alemanas, y además apoderarse de la industria checoeslovaca que tenía una de las principales fábricas de armas de Europa, la Skoda. Y pudo consolidar su poder en Alemania, que era cuestionado por conspiradores militares y civiles. (Entre los muchos estudios, ver por ejemplo uno reciente del historiador británico Tim Bouverie, “Apaciguar a Hitler: Chamberlain, Churchill y el camino a la guerra”, 2021).

        Por el Tratado de Versalles (1919), Alemania solo podía tener un ejército minúsculo –máximo 100,000 efectivos-, sin tanques ni carros blindados, no podía tener una fuerza aérea y solo una marina de guerra reducida, sin submarinos, ni acorazados, ni portaviones. También se disolvió el Estado Mayor, pieza fundamental de la máquina de guerra alemana desde principios del siglo XIX.

        Aunque los militares alemanes habían burlado algunas restricciones, su fuerza armada fue insignificante en términos cuantitativos hasta 1936, en que Hitler desconoció el Tratado de Versalles y empezó a rearmarse. Pero ese era un proceso que requería mucho tiempo. Tenían que diseñar y construir tanques, aviones y submarinos. Y, sobre todo, tenían que entrenar y equipar a millones de hombres.

        Prácticamente todos los países europeos –salvo Gran Bretaña- tenían servicio militar obligatorio. Por tanto, contaban con millones de reservistas entrenados que podían ser llamados a filas rápidamente e incorporarse a sus fuerzas armadas. Y contaban con el equipamiento bélico necesario para abastecer esas enormes fuerzas armadas.

        Por eso al único que favoreció el pacto de Múnich en setiembre de 1938 fue a Hitler, que sí necesitaba tiempo para mejorar la capacidad de la Wehrmacht.

        Todos los estudios históricos coinciden que Hitler no tenía ninguna posibilidad de derrotar a los aliados cuando ocupó la zona desmilitarizada de Renania en marzo de 1936. Por el Tratado de Versalles, esa región, fronteriza con Francia, no podía contar con tropas alemanas. Hitler irrumpió con una pequeña fuerza militar y Francia no reaccionó. Consciente de su debilidad, la orden del mando alemán era que si la tropas francesas se movilizaban, ellos deberían replegarse inmediatamente. Pero eso no ocurrió.

        Hitler se dio cuenta entonces que podía atemorizar a los aliados con golpes de mano. Y eso, a su vez, lo fortalecía internamente y le permitía consolidar su dominio sobre las fuerzas armadas.

        El 1 de setiembre de 1939 invadió Polonia, lo que desencadenó la guerra. El 10 de mayo de 1940, más de un año y medio después de Múnich, invadió Francia y la Wehrmacht derrotó en seis semanas a franceses y británicos a pesar que era inferior en número de soldados, y también tenía menos aviones, cañones y tanques que los aliados. (Ver el excelente libro del alemán Karl-Heinz Frieser, “El mito de la blitzkrieg. La campaña de 1940 en el oeste”).

        Y los tanques alemanes, la estrella de esa campaña, eran inferiores en blindaje y poder de fuego a los aliados. La gran diferencia es que estaban mejor comandados y su estrategia y tácticas eran superiores. (Winston Churchill reconocía en privado que los alemanes eran mejores combatientes que británicos y aliados, y que en proporción 1 a 1, ganaban los alemanes. Ver por ejemplo el libro del historiador británico Max Hastings, “Overlord. El día D y la batalla de Normandía. 1944”).

        Recién cuando invadieron la Unión Soviética, en 1941, y se enfrentaron al excelente tanque mediano T 34 (al que derrotaron al principio gracias a sus tripulaciones fogueadas en combate y mejor comandadas), los alemanes empezaron a fabricar nuevos blindados capaces de enfrentarlo. Los Tiger y Panther recién empezaron a producirse en 1942 y 1943 y en ocasiones algunos modelos fueron puestos en acción antes de haberse probado para corregir los defectos, como ocurrió en la batalla de Kursk, en julio de 1943, el más grande enfrentamiento de blindados de la historia, donde muchos de los nuevos tanques alemanes quedaron fueran de servicio por fallas mecánicas.

        Así pues, es absolutamente falso que Múnich y la política de apaciguamiento fueran favorables a los aliados y les permitieron mejorar su capacidad bélica. Por el contrario, todos los análisis posteriores concuerdan en que la fuerza militar alemana, por lo menos hasta 1938, era inferior a la de los aliados y que si hubiera habido firmeza de parte de Gran Bretaña y Francia, se habría podido detener a Hitler y evitar la catástrofe de la II Guerra Mundial.

        En suma, una nueva y peligrosa falsificación -estilo caviar- de la historia, que intenta presentar como una verdad justamente lo que es una reconocida falsedad, y convertir en héroe a quien fue, por su ingenuidad y pusilanimidad, uno de los grandes responsables de la mayor conflagración en la historia de la humanidad.

Por fortuna la clase política británica tuvo la sensatez de nombrar jefe de gobierno a alguien completamente diferente, Winston Churchill, precisamente el 10 de mayo de 1940, con lo cual dispusieron de un líder que pudo encabezar a su nación, resistir la ofensiva y alzarse con la victoria.

 

 

jueves, 27 de enero de 2022

I(3) + C + SL

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

I3 + C + SL

 

        La entrevista de Fernando del Rincón a Pedro Castillo confirmó lo que se sospechaba, que el individuo que ocupa la presidencia no daba entrevistas ni conferencias de prensa porque es absolutamente incapaz de responder coherentemente las interrogantes más elementales sobre su desempeño en el gobierno.

En cualquier gobierno democrático el presidente se comunica con los ciudadanos a través de los medios de comunicación que le plantean preguntas que transmiten las inquietudes de la gente. En este caso existe un dilema insoluble: Castillo no puede contestar las interrogantes más elementales y tampoco puede permanecer siempre en silencio, realizando de cuando en cuando demagógicas arengas de plazuela o balbuceando incoherencias cuando lee -con errores- discursos que le han preparado.

Del Rincón puso el dedo en la llaga cuando preguntó, por ejemplo, sobre los desastrosos nombramientos que ha hecho -y sigue haciendo- Castillo desde el primer día. No pudo contestar porque nombro ministros a sujetos vinculados a Sendero Luminoso como Iber Maraví o Guido Bellido, o al antiguo terrorista Héctor Béjar. Tampoco dijo porque salieron del gobierno.

El asunto es que nunca pudo justificar esas designaciones, jamás explicó a los ciudadanos porque los nombró y tampoco nunca aclaró porque los expectoraron. Esa es una constante en el desempeño de Castillo, no solo para los nombramientos y ceses, sino para absolutamente todas las acciones que ha realizado el gobierno. No es capaz de explicar por qué aumenta la deuda pública, por qué permiten que bloqueen carreteras y cierren minas, porque quieren declarar el estado de emergencia para -supuestamente- combatir la delincuencia (esa pregunta se la hizo un periodista peruano en una indescriptible conversación y lo que dijo fue un galimatías ininteligible), ni porque quiere cambiar la Constitución.

Su absoluta ignorancia se evidenció cuando, confrontado por Del Rincón sobre su intervención en un evento el cual coreaba “mar para Bolivia”, se negó a ratificar -o rectificar- ese disparate y sostuvo que “el pueblo decidiría”, su muletilla para tratar de justificar las incontables sandeces que emite todos los días. Ese sujeto no sabe que hay cosas sobre las que “el pueblo” no puede decidir, como la integridad territorial. Tampoco se podría poner a consideración del “pueblo” algo como las leyes de Núremberg que los nazis aprobaron en 1935 para perseguir a los judíos. Es incapaz de entender algo tan elemental, que toda persona que aspira al cargo político más modesto debe saber.

Mintió cuando se negó a responder las preguntas sobre Venezuela. En los hechos ha cambiado la política exterior peruana designando un embajador en Venezuela y recibiendo al de Nicolás Maduro. Pero fue tan cobarde que no lo admitió explícitamente.

No puede explicar nunca nada coherentemente por una combinación de las tres I aludidas en el título de este artículo: es un ignorante, inepto e incapaz. No se trata de insultos ni de adjetivaciones gratuitas sino de descripciones exactas de las características del individuo que ocupa Palacio.

Ignorante: Que ignora o desconoce algo. Que carece de cultura o conocimientos.

Inepto: No apto ni a propósito para algo. Necio o incapaz.

Incapaz: Que no tiene capacidad o aptitud para algo. Falto de talento.

        A lo cual hay que sumar la C de corrupción.  No solo ha nombrado a funcionarios involucrados en casos de corrupción sino que él mismo esta implicado directamente en varios hechos aparentemente delictivos, como la relación con Karelim López y el contrato millonario de una empresa constructora que asesoraba o los oscuros negocios de Petroperú. En estos casos se contradijo y no pudo aclarar ninguna de las imputaciones.

        En suma, comprobadamente ignorante, inepto e incapaz, presuntamente corrupto (tampoco hay que olvidar que llegó al gobierno como miembro de y financiado por un partido que la fiscalía define como organización criminal, los dinámicos del centro) y definitivamente relacionado con Sendero Luminoso como lo demuestran las investigaciones de la Dircote desde 2017, y los nombramientos de ministros y prefectos vinculados a ese grupo.

        No hay duda que la única alternativa para evitar el descalabro del Perú es vacar a ese individuo y a su gavilla.

      Lampadia, 27/1/22

lunes, 24 de enero de 2022

La inseguridad sin solución

 La inseguridad sin solución

Fernando Rospigliosi

 

        Mientras las distintas facciones izquierdistas disputan a dentelladas los despojos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, los robos y asesinatos aumentan sin pausa.

        Como se advirtió desde el principio, Perú Libre no tenía ninguna propuesta para la seguridad ciudadana ni equipo para afrontar los complejos problemas que requieren solución. Lo que está ocurriendo no debería sorprender a nadie.

        Tres ministros del Interior en los primeros meses de desgobierno es solamente una de las consecuencias de esa carencia de propuesta y equipo.

        La situación se agrava por la bronca de las varias facciones que pelean por los puestos en el Mininter y la PNP, y por utilizarlos en función de sus intereses particulares.

        Vladimir Cerrón y sus secuaces tienen fuertes vínculos con el jefe de la Policía y están preocupados por los resultados de las investigaciones a lo que la fiscalía ha definido como una organización criminal, los “dinámicos del centro”. La enorme influencia que detentan les permitió que los únicos cinco miembros de su gavilla sobre los que se concedió orden de captura pudieran fugar tranquilamente, a vista y paciencia de todo el mundo.

        Pedro Castillo ha colocado como prefectos a miembros de su organización, el Fenate, uno de los organismos generados de Sendero Luminoso (facción de Abimael Guzmán), que ahora realizarán labores de agitación política –es lo único que saben hacer-, pagados con los impuestos de todos los peruanos y protegidos por la autoridad que les ha otorgado el Mininter. Avelino Guillén se ha prestado sin chistar a este juego perverso justificando esos nombramientos con el pretexto de que no tienen sentencia

        Castillo también está interesado –junto a otros como Guillermo Bermejo y Guido Bellido-, en obstaculizar el trabajo y finalmente desactivar unidades como la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), que es la que ha realizado las investigaciones que los ha desenmascarado y, eventualmente, posibilitado su procesamiento.

        Los caviares quieren puestos en el Mininter para seguir prendidos de la ubre estatal y ahora, con Guillén, están regresando, otra vez.

        En esta barahúnda lo que menos les interesa a las facciones en disputa es la seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico y los remanentes terroristas del Vraem o la institucionalidad de la Policía.

        Para empeorar las cosas, el inepto Guillén ahora pretende involucrar a las FF.AA. en tareas de seguridad ciudadana: “Estamos de acuerdo de que las FF.AA. salgan a patrullar y vigilar lugares públicos, dependencias públicas” y también que la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales) salga a patrullar los conos de Lima. (“Expreso”, 15/1/22). Además, quiere restringir el uso de motocicletas y mototaxis.

        Es decir, las típicas medidas populista e ineficaces a las que recurren los incapaces cuando no entienden el problema ni tienen idea de cómo enfrentarlo.

        Por si fuera poco, el Congreso ha aprobado una moción para declarar el Estado de Emergencia en Lima supuestamente para luchar contra la inseguridad (80 contra 22 y 17 abstenciones). Restringir aún más las libertades ciudadanas sin ningún fundamento ni plan para combatir la delincuencia.

        En suma, van a seguir usando el Mininter y la PNP para sus siniestros intereses, liquidando la institucionalidad, mientras la delincuencia de todo tipo va a seguir campeando en el país.

El Reporte 16/1/22

       

Los valederos de Zoraida

Los valederos de Zoraida

Fernando Rospigliosi

 

        El comportamiento de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos no debería sorprender a nadie. Su absurda decisión de postergar la indispensable investigación a Pedro Castillo hasta el 2026 pretende protegerlo y evitar que se conozca la verdad sobre sus presuntos actos de corrupción, que han sido aireados por la prensa independiente y también por el procurador Daniel Soria.

        Zoraida Ávalos nunca debió ocupar ese cargo, no solamente porque carece de la competencia e idoneidad necesaria, sino porque su ingreso a la junta de fiscales supremos fue completamente irregular, producto de una maniobra corrupta, según fue denunciado en su momento por varios periodistas en reportajes de investigación. Ella fue luego elevada al máximo cargo en el Ministerio Público por una alianza mafiosa de caviares y Martín Vizcarra, con el respaldo de muchos medios de comunicación, situación que reseñé en un artículo publicado hace tres años. Es importante recapitular ahora esos antecedentes:

        “Caben pocas dudas de que la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos será una magistrada complaciente con el gobierno de Martín Vizcarra. Ella ha llegado a ese puesto gracias a la campaña que el gobierno y sus aliados desarrollaron contra Pedro Chávarry y tiene rabo de paja, lo que la hace vulnerable en caso que quiera salir del carril que le han trazado.

        Ávalos se convirtió en fiscal suprema en 2012 en una trama que Ricardo Uceda describió como una maniobra urdida en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir al cuestionado Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación. El CNM designó a Zoraida Ávalos y Nora Miraval, dos personas que no tenían los méritos necesarios y, en efecto, Ramos Heredia, con el voto de ellas se convirtió en fiscal de la Nación. Ramos no duró ni un año en el cargo. A fines de 2014 fue suspendido y luego destituido por el propio CNM por sus vínculos con la mafia de César Álvarez, entonces gobernador regional de Ancash.

        Vale la pena recordar lo que decía Ricardo Uceda en ese entonces sobre la corrupción en los organismos del sistema de justicia. “Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público pertenece al tipo de corrupción que no se encuentra necesariamente penado por la ley. (…) A Zoraida Ávalos, no fue fácil nombrarla Fiscal Suprema. En 2012, en el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces, el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87,50. Quedó primera en el cuadro final.” (“Cómo se nombra realmente a un Fiscal de la Nación”, La República, 21.1.14).

        El resultado de la jugarreta que tenía a Ávalos como una de sus protagonistas era, según Uceda, que “tendrá mayor influencia en el Ministerio Público un poder oculto cuyo cableado atraviesa el Poder Judicial, pasa por el despacho de algunos congresistas, y toma energía en un grupo inmobiliario investigado por extorsiones y lavado de activos.”

        El Comercio también publicó varios reportajes en el mismo sentido. En un artículo titulado “Fiscales que votaron por Ramos Heredia fueron favorecidas” (28.4.14), Rodrigo Cruz explica que “dos fiscales que participaron en el concurso que nombró a Zoraida Ávalos y Nora Miraval fiscales supremas denunciaron que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) actuó con un sesgo que tuvo como fin asegurar la elección de ambas magistradas.” Allí se detalla que “las mencionadas fiscales sacaron un puntaje muy por debajo del mínimo requerido”, sin embargo les subieron escandalosamente las notas sin justificación alguna.

        Esa es la nueva heroína anticorrupción que la coalición vizcarrista ha puesto al frente del Ministerio Público para supuestamente cambiarlo, limpiarlo y mejorarlo, a la que venían promoviendo públicamente desde hace meses y a la que ahora alaban sin mesura. Su cinismo parece no tener límites.” (“La patada que encumbró a Zoraida Ávalos”, El Comercio, 12/1/19).

        Así como protegió al Lagarto, hoy encubre a Castillo. La coalición que la encaramó, sobre todos los caviares, son los responsables de esta catástrofe en el sistema de justicia. Y lo hicieron, con su inigualable impudicia, en nombre de la lucha anticorrupción.

El Reporte 9/1/22

Un éxito del gobierno

 

Un éxito del gobierno

Fernando Rospigliosi

 

        En gobierno ha tenido resultados espectaculares en minería. Ha logrado paralizar en pocos meses a dos de las minas más grandes del mundo, cosa que nadie había podido hacer. Antamina y luego Las Bambas, tuvieron que detener sus operaciones por bloqueos efectuados por grupos aliados y protegidos del gobierno.

        En el caso de Las Bambas, según algunos entendidos, ha dejado de producir aproximadamente un 25% de lo que podría haber alcanzado el 2021 debido a las continuas interrupciones provocadas por extorsionadores, según los ha definido acertadamente Jaime de Althaus.

        Esos extorsionadores han sido alentados y protegidos -al igual que los que incendiaron Apumayo y atacaron otras operaciones mineras en Ayacucho-, por el gobierno, en particular por el indescriptible ministro de Energía y Minas y, sobretodo, por la anti minera Mirtha Vásquez, ubicada como Presidenta del Consejo de Ministros (PCM) por Pedro Castillo y el poderosísimo lobby caviar. Y la complicidad –no hay que dejar de mencionarlo- de importantes sectores empresariales que recibieron con indisimulado entusiasmo a esa enemiga de la minería y la inversión privada en la PCM.

        Todo el coro caviar no solamente la respaldó sino destacó sus supuestas virtudes para el cargo. En realidad, esa señora carece por completo de cualidades políticas y capacidades de gestión que la habiliten para los cargos que ha ocupado -¡increíblemente fue también presidenta del Congreso impuesta por la coalición vizcarrista, apoyada por el empresariado!-, salvo, por supuesto, ser una típica exponente de la mediocridad izquierdista encumbrada y realzada por los medios de comunicación influidos por los caviares.

        El acta suscrita por Vásquez el 30 de diciembre para reanudar las operaciones de Las Bambas es de antología. Además de conceder varias demandas de los extorsionadores y hacer vagas promesas que probablemente no se cumplirán y provocarán nuevos bloqueos, el gobierno se compromete a defender a los violadores de la ley. El punto 6 dice que el Ministerio de Justicia defenderá a los culpables de cometer delitos como el bloqueo de carreteras y el uso de la violencia, es decir, “a los denunciados en el marco de los conflictos sociales con el objetivo de lograr su archivamiento”.

        Así el gobierno que es, según la Constitución, el encargado de hacer cumplir la ley, se encargará de ayudar y proteger a los que violan la ley.

        Para reforzar tamaña barbaridad. El punto 7 de esa acta señala que la PCM y los ministerios de Justicia e Interior tratarán de “no impulsar las denuncias preventivas presentadas contra algunos dirigentes sociales de las comunidades”, es decir, los extorsionadores.

        El suma, el aparato del Estado puesto al servicio de los delincuentes que han bloqueado carreteras y realizado actos violentos, claramente tipificados en el Código Penal.

        Las consecuencias son obvias: muchos otros se verán alentados a realizar acciones similares, con la certeza que quedarán impunes y obtendrán ganancias.

        Las pérdidas de las empresas mineras han sido muy altas y, en consecuencia, también las del erario nacional que ha dejado de cobrar impuestos, los gobierno regionales y municipales que recibirán menos canon y la economía nacional que recibe menos dólares en momentos en que se ha producido la más grande salida de moneda extranjera de la historia.

        En conclusión, un éxito espectacular de Castillo, Vásquez y sus secuaces que pretenden liquidar la inversión minera y hundir al país en el caos.

       El Reporte 2/1/22

Estado de emergencia

 

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Estado de emergencia

 

        Ante la ola delictiva que preocupa a la sociedad, el inepto gobierno de Pedro Castillo pretende declarar el estado de emergencia, una medida no solo innecesaria sino peligrosísima en manos de una camarilla capitaneada por los herederos de Sendero Luminoso y el MRTA.

        El estado de emergencia (Artículo 137° de la Constitución) implica la suspensión de varias garantías constitucionales y se declara “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”, que, como es evidente, no es el caso, a pesar que la actividad delincuencial sigue creciendo.

Los derechos constitucionales que se suspenden son los “relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.”

       

        Podría tener sentido declarar el estado de emergencia, además de la condición de estar en una situación de catástrofe, si hubiera una estrategia para combatir la delincuencia y –naturalmente- si existiera un gobierno que cree en la democracia y la respeta.

Por ejemplo, si se suspende la inviolabilidad del domicilio, es decir, si la policía puede irrumpir en cualquier vivienda sin un mandato judicial, se necesitaría tener identificadas los refugios de los malhechores que se quiere intervenir. Y, se supone, que son muchos y que requieren una incursión rapidísima, porque de lo contrario lo normal es pedir a una autorización a un juez. Hay que tener en cuenta también que las fuerzas del orden pueden entrar a cualquier vivienda sin mandato judicial y sin estado de emergencia cuando existe “flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración”. Y la flagrancia se ha extendido, es decir, no implica el momento mismo en que se comete el delito.

En otras palabras, en el caso de la inviolabilidad del domicilio, no se requiere suspender esa garantía constitucional para combatir el delito, sobre todo si es obvio que no existe un plan para usar esa excepcionalidad de manera eficaz contra los criminales.

La libertad de reunión y de tránsito ya están restringidos por la emergencia sanitaria, entonces ¿qué propósito tiene limitarlos drásticamente? ¿Acaso los delincuentes se reúnen por decenas o centenares en las plazas? Y si así fuera ¿se necesitaría la suspensión de garantías para detenerlos o dispersarlos?

Lo más peligroso, por cierto, es el derecho a la libertad. El apartado f) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución también se suspende: “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.” Con esa disposición suspendida pueden arrestar a quien les dé la gana, sin que haya mandato judicial ni flagrante delito. ¿Es posible imaginar cómo usarán esa emergencia los procesados por terrorismo, los que consideran la democracia como una “pelotudez”, que hoy están encaramados en el gobierno?

Las verdaderas razones por las que el gobierno pretende declarar el estado de emergencia son: 1) no tienen idea de que hacer para enfrentar la ola delictiva, y suspendiendo las garantías fingen estar haciendo algo. 2) Usar esa excepcionalidad contra la oposición democrática. Naturalmente, no lo harán el primer día, sino esperarán el acostumbramiento de la gente a la emergencia y luego la empezarán a utilizar en función de sus siniestros objetivos políticos.

Lampadia 20/1/22

Estilo senderista de gobernar

 

CONTROVERSIAS

Fernando Rospigliosi

Estilo senderista de gobernar

 

        A estas alturas va quedando en evidencia que la acción de las instituciones estatales que supuestamente son contrapesos al poder del gobierno, son absolutamente insuficiente para controlar a un Ejecutivo que actúa con criterios senderistas, es decir, con absoluto desprecio por la opinión pública, manipulando inescrupulosamente a otros poderes del Estado cuando pueden hacerlo y sustentándose solamente en el poder que detentan.

        Un caso evidente es el de la Fiscalía de Nación, controlada desde principios de 2019 por la coalición vizcarrista y que, guiada por ONG y estudios de abogados caviares, ha actuado con celo persecutorio contra los adversarios políticos de ese consorcio y con suavidad y condescendencia con sus aliados.

        Así, Zoraida Ávalos con total desvergüenza decide postergar hasta el 2026 las investigaciones a Pedro Castillo, y la fiscalía visita –no allana- la guarida de Sarratea 44 días después de conocido el reportaje que revelaba las clandestinas reuniones que tenían lugar allí.

        Al secretario de Castillo, Bruno Pacheco, le devolvieron los US$ 20,000 que le encontraron en el baño de Palacio de Gobierno y sigue libre a pesar que todas las explicaciones que ha dado sobre ese dinero son inverosímiles.

        Pero, desgraciadamente, no solo se trata de la fiscalía. El Congreso tampoco está a la altura de lo que se requiere en circunstancias tan graves como las que vive el país.

        La premier Mirtha Vásquez ha protegido y respaldado públicamente a los vándalos que destruyeron instalaciones mineras y que bloquearon caminos obligando a paralizar a dos de las minas más grandes del mundo, y no ha sucedido absolutamente nada. Todo eso con la también activa participación del ministro de Energía y Minas. En cualquier otro gobierno habría sido obligada a renunciar o censurada inmediatamente por ese comportamiento. Aquí, ni siquiera la han llamado a dar explicaciones.

        O por las sucesivas mentiras que, con toda desfachatez, ha vertido sobre las visitas a la casa de Breña. Eso hubiera originado un terremoto político en un ambiente donde existiera un mínimo de respeto por la democracia.

        Pero eso no sucede ahora y si la obligan a abandonar el cargo será probablemente por las feroces disputas internas por los puestos en la gavilla que se ha apoderado del Estado y no por sus transgresiones.

        El ministro del Interior nombra como prefectos a notorios miembros del Fenate, uno de los organismos generados por Sendero Luminoso (facción de Abimael Guzmán) que ahora se dedicarán a hacer agitación pagados por el Estado y con la autoridad que le proporciona el ministerio que antes los investigaba. Y no pasa nada.

        Ningún gobierno democrático se hubiera atrevido a hacer esto. Pero el de Castillo lo hace sin inmutarse. Y todos los días van aprendiendo más. Saben que pueden manipular a la Policía Nacional y que no sucede nada. Se dan cuenta que pueden cambiar a la cúpula militar que resistió sus presiones ilegales, pagando un precio ínfimo por ello, la salida de un impresentable del Ministerio de Defensa que es reemplazado por otro similar.

        En suma, es el estilo autoritario, senderista, de gobernar, atropellado la ya débil institucionalidad siempre que pueden, con un desprecio absoluto por la opinión pública y avanzando en pos de sus objetivos políticos.

Lampadia 13/1/22