Un golpe a traficantes de armas

        En un cambio significativo en la lucha contra el tráfico de armas ilegales, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional desarticularon la semana pasada una red criminal que proveía de armas y entrenaba a sicarios y narcotraficantes. Antes, el gobierno de Ollanta Humala no tomaba ninguna acción contra esas bandas y más bien se dedicaba a perseguir a los usuarios legales de armas de fuego, aduciendo falsamente que ellos eran los proveedores de los delincuentes.

En la organización delincuencial desbaratada, participaban militares, policías, empleados de Sucamec, usando de fachada empresas legales importadoras y vendedoras de armas.

Los sicarios eran entrenados en la base de Fuerza Aérea del Perú (FAP) en Pucusana en períodos de quince días, por los cuales se cobraba dos mil dólares a cada uno.

Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento del Ministerio de Defensa ni de la FAP por este gravísimo hecho. Solo están detenidos sub oficiales FAP en retiro y actividad.

Una de las cosas importantes del caso, es que esta vez sí se está tocando el verdadero problema, golpeando a los que en realidad proveen de armas a la delincuencia. En cambio, el gobierno anterior, permitió el impune desarrollo de ese negocio y se concentró en acosar a los usuarios legales.

Una política absurda que solo alentaba la informalidad, mientras se dejaba el terreno libre para que los verdaderos proveedores de armas a la delincuencia pudieran realizar sus fechorías impunemente.

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/sicarios-entrenados-mafia-se-dedicarian-trafico-drogas-noticia-1987625

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/870104-extecnico-fap-que-entrenaba-sicarios-habia-estado-preso-por-trafico-de-armas

¡A RENOVAR, A RENOVAR!

          Hace poco le recomendé a una persona renovar su licencia –tiene una pistola- aprovechando la amnistía vigente: no se paga multa ni costo alguno. Lo hizo y me dijo que todo había funcionado “como la embajada americana”. Pidió su cita por internet, lo atendieron a la hora pactada, no hubo que presentar los absurdos certificados de antecedentes que pedían antes, etc.

          Le dijeron que en 30 días tendría la licencia. El plazo parece excesivo. Podría ser más corto.

          La Sucamec y el Mininter –que parece que tienen ahora mucho dinero para publicidad-, podrían hacer llamados a los usuarios que no han renovado sus licencias, que son decenas de miles, a hacerlo ahora. Tratar de persuadir en lugar de amenazar, como lo han venido haciendo.

          En verdad las cosas han mejorado mucho en el último tiempo. La ley que aprobó el Congreso en enero de 2015 corrigió varios de los desatinos que contenían las nefastas normas del humalismo. Esa nueva ley se pudo aprobar gracias a un persistente trabajo de usuarios legales como Thomás Saldías, y el apoyo de congresistas como Octavio Salazar, Juan Carlos Eguren y otros.

          El gobierno de Humala se negó a poner en vigencia la ley y solo lo hizo el 6 de julio de 2016, poco antes de irse, al aprobar un reglamento destinado a seguir importunando a los usuarios legales, incluso violando la propia ley.

          Ese reglamento ha sido modificado hace pocos días, luego de muchas gestiones realizadas en los últimos meses por las asociaciones de usuarios legales, incluyendo a Thomas Saldías. No se han incorporado todas las sugerencias que se hicieron, pero se ha mejorado lo que había.

          En suma, hay que incentivar a los usuarios a renovar sus licencias utilizando la amnistía establecida en la ley, y el hecho que muchas de las desatinadas y torpes trabas que existían –puestas ahí adrede- han sido removidas. Es de interés de todos que el mayor número posible de usuarios esté dentro de la ley, con los documentos en regla.