¡A RENOVAR, A RENOVAR!

          Hace poco le recomendé a una persona renovar su licencia –tiene una pistola- aprovechando la amnistía vigente: no se paga multa ni costo alguno. Lo hizo y me dijo que todo había funcionado “como la embajada americana”. Pidió su cita por internet, lo atendieron a la hora pactada, no hubo que presentar los absurdos certificados de antecedentes que pedían antes, etc.

          Le dijeron que en 30 días tendría la licencia. El plazo parece excesivo. Podría ser más corto.

          La Sucamec y el Mininter –que parece que tienen ahora mucho dinero para publicidad-, podrían hacer llamados a los usuarios que no han renovado sus licencias, que son decenas de miles, a hacerlo ahora. Tratar de persuadir en lugar de amenazar, como lo han venido haciendo.

          En verdad las cosas han mejorado mucho en el último tiempo. La ley que aprobó el Congreso en enero de 2015 corrigió varios de los desatinos que contenían las nefastas normas del humalismo. Esa nueva ley se pudo aprobar gracias a un persistente trabajo de usuarios legales como Thomás Saldías, y el apoyo de congresistas como Octavio Salazar, Juan Carlos Eguren y otros.

          El gobierno de Humala se negó a poner en vigencia la ley y solo lo hizo el 6 de julio de 2016, poco antes de irse, al aprobar un reglamento destinado a seguir importunando a los usuarios legales, incluso violando la propia ley.

          Ese reglamento ha sido modificado hace pocos días, luego de muchas gestiones realizadas en los últimos meses por las asociaciones de usuarios legales, incluyendo a Thomas Saldías. No se han incorporado todas las sugerencias que se hicieron, pero se ha mejorado lo que había.

          En suma, hay que incentivar a los usuarios a renovar sus licencias utilizando la amnistía establecida en la ley, y el hecho que muchas de las desatinadas y torpes trabas que existían –puestas ahí adrede- han sido removidas. Es de interés de todos que el mayor número posible de usuarios esté dentro de la ley, con los documentos en regla.

          

A propósito de una matanza

El caso del individuo que asesinó a 4 personas e hirió a muchas más en Independencia, y luego fue abatido por un policía que no estaba en servicio, con su arma personal, está dando lugar a un debate donde se están diciendo muchas cosas fuera de lugar.

En primer lugar, el criminal, Eduardo Romero, tenía dos armas, una pistola Bersa -con la licencia vencida- y otra Beretta, sin licencia, según informaciones periodísticas. Como suele ocurrir, ahora algunas personas ingenuas dicen que si se prohibiera la venta de armas a civiles, el asesino no hubiera podido adquirir la Bersa. Pero igual habría cometido sus crímenes pues había conseguido la Beretta ilegalmente. Es decir, prohibir la venta legal de armas no habría evitado el incidente.

En segundo lugar, la licencia le fue entregada por la administración anterior de Sucamec, la más restrictiva de la que se tenga memoria. Durante el gobierno de Ollanta Humala, la absurda política fue tratar de prohibir la adquisición legal de armas. El resultado fue hacer la vida difícil para los que son respetuosos de la ley y a la vez, promover la informalidad. Los delitos y los asesinatos aumentaron en ese período, lo cual es una prueba palpable que restringir el uso legal de armas no disminuye la delincuencia.

En tercer lugar, la actual administración de Sucamec negó la renovación de la licencia a Eduardo Romero. Él presentó un falso certificado de trabajo y, como se ha comprobado ahora, también un falso certificado médico. Esto último es significativo, porque demostraría que no pudo obtener uno auténtico. Es decir, si se dio el trabajo y pagó el costo de falsificar un documento, significaría que no pudo pasar la prueba sicologica. Eso sería una evidencia que esas pruebas no son inútiles, como sostienen algunos. Aunque es verdad que esos certificados no son como los que se pueden emitir en Suiza y no las practica un Sigmund Freud criollo, si tienen utilidad, como lo demuestra el caso de Romero que tuvo que recurrir al ardid de falsificar un certificado.

Y si alguien argumenta que antes si pasó la prueba, es posible que en esa ocasión no tuviera los problemas mentales de los que adolecía ahora. En todo caso, sin bien las pruebas sicológicas que se practican ahora no son perfectas ni mucho menos, habría que compararlas, por ejemplo, con las que se hacen en la Policía o el Ejército.

Porque, en cuarto lugar, simultáneamente han ocurrido otros hechos similares. El fin de semana pasado, la sub oficial de la policía Carolina Santos fue asesinada de un balazo por su novio el alferez PNP Enrique Chipa en Ilo, luego de una discusión. El domingo, en Cusco, dos soldados del Ejército borrachos dispararon varias veces cuando fueron intervenidos por la policía, de milagro nadie salió herido. Entonces ¿se debería prohibir el uso de armas a policías y militares?

En suma, lo ocurrido en Independencia no debería llevar a reacciones histéricas y desmesuradas. Prohibir o restringir más de lo que ya está la venta legal de armas -para deporte, caza o defensa- no mejorará la seguridad ciudadana sino probablemente la empeorará porque incentivará la informalidad en un país informal como el Perú.

El hecho que un policía de franco, con su arma personal -se supone que no puede llevar el arma de reglamento cuando no está de servicio- haya parado a un criminal muestra lo adecuado del dicho: "la manera de parar a un hombre malo con un arma es un hombre bueno con un arma".

No se trata, por cierto, de propugnar que los ciudadanos se armen para enfrentar a los delincuentes. De ninguna manera. La seguridad ciudadana es una tarea del Estado y no de los particulares, y al Estado debemos reclamar que cumpla con su función. Pero el Estado tampoco debe prohibir que los ciudadanos puedan adquirir armas legalmente. Esa es además, la mejor manera de tener un control de las armas.