jueves, 16 de mayo de 2019

Reforma judicial ¿otro fracaso?


El IDL acaba de emitir un pronunciamiento (16.5.19) donde pide que se anule el concurso para definir los integrantes de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) porque no hay juristas de prestigio que hayan postulado.

También proponen que se aparte de la Comisión Especial que evaluará a los postulantes al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros. Por supuesto, no dicen nada de otra integrante de esa Comisión, Zoraida Ávalos, acusada desde 2014 de integrar una red de corrupción en la fiscalía y ahora dócil instrumento del gobierno y sus aliados.

El asunto es que el presidente Martín Vizcarra y sus aliados presentaron la reforma judicial que ellos diseñaron e hicieron aprobar dando plazos perentorios al Congreso, como la solución a los problemas de corrupción del país y del sistema judicial.

Era, supuestamente, la panacea. Algunos pocos advirtieron que no se trataba solamente de cambiar el nombre y el diseño de las instituciones.

Ahora los mismos que inventaron los nuevos organismos, descubren que las cosas no van a cambiar mucho. Pero no pierden la ocasión para intentar ganar el control total del sistema judicial, que ahora dominan parcialmente, tratando apartar a Lecaros al que no han podido instrumentalizar.

Algo similar sucede con la reforma política, que dicen mejorará sustancialmente las cosas. En realidad, solo la usan como una herramienta en su batalla contra la oposición y el Congreso

jueves, 7 de marzo de 2019

APRUEBAN DOCTRINA DEL CASTILLO EN ITALIA


Una buena noticia. El miércoles 6 de marzo la Cámara de Diputados italiana aprobó por 373 a 104 la incorporación a la ley de la Doctrina anglosajona del Castillo. Ahora la defensa de un ciudadano de su casa, su castillo, “será considerada ´siempre legítima´ y los ciudadanos podrán actuar ante la percepción de una amenaza”.
        “La iniciativa modifica el artículo 52 del Código Penal y establece que será suficiente con que un ladrón amenace con usar un arma, aunque no la muestre, para que un ciudadano pueda justificar el uso de la legítima defensa. Asimismo, no podrán ser procesados quienes se hayan defendido en ´un estado de grave agitación fruto de la situación peligrosa´.” (Diario El Mundo, España, 6.3.19).
        A fin de mes la ley se votará en el Senado, donde los partidos impulsores de la misma tienen mayoría.
        La Doctrina del Castillo está incorporada también a la legislación de más de 20 estados de los Estados Unidos.
        En el Perú, el congresista Jorge del Castillo ha presentado un proyecto para evitar casos como el del policía piurano Elvis Miranda, que fue enviado a prisión preventiva por abatir a un delincuente que huía después de perpetrar una fechoría. Sería conveniente que se incluya en esa propuesta también el derecho de los civiles de defenderse de los malhechores. Continuamente ocurre que ciudadanos que se enfrentan a delincuentes son enviados a prisión. Eso debe cambiar.

domingo, 24 de febrero de 2019

UN TÓRRIDO AMOR: GORRITI Y ODEBRECHT

        En un reciente post, Gustavo Gorriti reconoce lo que señalé hace poco, la “estrechísima relación que lo une a funcionarios y ex funcionarios de Odebrecht acusados de corrupción”. Al final de su artículo admite su “posible” relación con Odebrecht, una compañía que se encuentra ahora en profundo proceso de reforma y que hoy colabora plenamente en la tarea de identificar la corrupción y los corruptos. (IDL-R, “Hipócritas y bribones”, 23.1.19, subrayado mío).

        Nadie ha declarado un amor tan ardiente a Odebrecht en los últimos tiempos en el Perú.

Por supuesto, sería recibido con carcajadas sino fuera indignante que intente falsificar la realidad de esa manera. Odebrecht no está colaborando plenamente más que con sus intereses, está ocultando todo lo que puede esconder y diciendo solo lo estrictamente indispensable para salvaguardar sus beneficios, ayudada, lamentablemente, por un sistema judicial ineficaz y débil cuando no deshonesto, una prensa complaciente, y políticos y empresarios corruptos que quieren evadir sus responsabilidades.

        Naturalmente, eso es lo que puede esperarse de una empresa en esa situación, igual que de cualquier persona o grupo atrapado con las manos en la masa en varios delitos graves. El asunto es si el coro de fiscales, jueces, políticos, periodistas y empresarios que hoy tienen el poder les permite salir bien librados, con el menor costo posible para ellos, o si se les presiona para obtener realmente toda la información necesaria y hacer que paguen las reparaciones imprescindibles por los daños causados al país. Hasta ahora, estamos observando la primera alternativa.

        No solo la declaración de amor delata a Gorriti. Como ya lo puse en evidencia antes (“Con información de Odebrecht Gorriti ataca a críticos”, blog huevosdeesturion.blogspot.com, 17.2.19), usa información que solo Odebrecht tiene y que no por casualidad le está proporcionando. Y no solo los impolutos y virtuosos actuales directivos de esa empresa, según Gorriti, sino los anteriores, los que hoy están procesados por corrupción y han aceptado judicialmente una mínima parte de sus fechorías.

        Un ejemplo más, a los ya señalados en el post citado. Gorriti dice que luego de enviar la propuesta de CHS S.A. –empresa de la que era consultor- para análisis de conflictos “Rospigliosi visitó las oficinas de Odebrecht donde fue recibido por dos ejecutivos a quienes expuso su ´propu´.” Es otra mentira de Gorriti, nunca expuse esa propuesta enviada por correo electrónico en enero de 2009, que no fue aceptada por el mismo medio. Lo que si es cierto es que el 2008 fui a la oficina de Odebrecht –la única oportunidad que la visité- invitado a una presentación sobre las presuntas virtudes del gasoducto del sur. Odebrecht acababa de asociarse a Kuntur, que había desarrollado un proyecto para construir con dinero privado el gasoducto y luego cobrar por el transporte del gas a los usuarios. (La República, "Kuntur y Odebrecht se unen por el gasoducto al sur", 27 agosto 2008). Esa presentación fue realizada con un power point por un funcionario y fue una de varias que efectuaron a los llamados “líderes de opinión”.

        Gorriti miente y tergiversa el propósito de esa visita, usando maliciosamente información que solo un ex funcionario de Odebrecht, el mismo que me invitó a esa presentación, puede haberle proporcionado. También publica el correo electrónico de enero de 2009, tachando el nombre del ex funcionario que lo recibió y que obviamente es el que se lo ha entregado. Y no son empleados de la “nueva”, virtuosa, pulcra y purificada empresa, sino de la de siempre.

        Esos y otros documentos publicados por Gorriti en el post mencionado muestran de manera inequívoca que está siendo provisto de proyectiles por los ex funcionarios de Odebrecht para intentar desacreditar a los críticos del acuerdo con esa empresa, que algunos consideran lesivo a los intereses del Perú y descaradamente beneficioso a Odebrecht.

        Otra de las ridiculeces que escribe Gorriti, es que el 2009 todo el mundo sabía que Odebrecht era una empresa corrupta. Esa es otra de sus mentiras. Como gran evidencia dice que una funcionaria de Contraloría había planteado objeciones a un contrato de Odebrecht. En verdad, la Contraloría plantea miles de objeciones y observaciones a contratos y eso no implica necesariamente que las empresas observadas sean corruptas. La realidad es que Odebrecht no tuvo problemas hasta que estalló el escándalo Lava Jato en Brasil, muchos años después.

        De hecho, en 2014, el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia –auspiciado, apoyado y respaldado por Gorriti- le entregó en un discutido proceso precisamente el Gasoducto del Sur, esta vez como obra pública (la más costosa de la historia, más de siete mil millones de dólares) a Odebrecht. ¿A una empresa qué todos sabían que era corrupta?

        Por último, otra mentira de Gorriti -¿alguna vez dirá una verdad?- es que yo trabajo con Alan García: “él, que trabaja ahora con Alan García, el amigo cercano de Jorge Barata”.

        Por supuesto, es falso. No trabajo, ni he trabajado nunca con García. Tramposamente también, Gorriti presenta como “evidencia” una foto recortada en la que aparezco al lado de García. En verdad, en la foto están también Ántero Flores Araóz –ex ministro de Defensa y ex presidente de la Cámara de Diputados-, Ernesto Álvarez -ex presidente del Tribunal Constitucional- y Delia Muñoz, ex procuradora del Ministerio de Justicia. Los cuatro participamos en un evento conducido por García en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porras en enero de este año.

        He sido crítico de García durante sus dos gobiernos, cuando era poderoso, casi omnipotente y temido por muchos. Ahora que carece casi por completo de poder, aislado y con una inmensa mayoría que lo repudia, no me niego a acudir a un evento que el conduce. Soy un crítico del poder, no un franelero del gobierno de turno.

domingo, 17 de febrero de 2019

CON INFORMACIÓN DE ODEBRECHT GORRITI ATACA A CRÍTICOS


        Confirmando la estrechísima relación que lo une a funcionarios y ex funcionarios de Odebrecht acusados de corrupción, Gustavo Gorriti publicó en un post (https://idl-reporteros.pe/como-se-negocio-el-acuerdo/) varias informaciones que solo ellos pueden tener. El objetivo de una parte de la publicación, es desacreditar a los que han planteado objeciones al acuerdo que han firmado en Brasil el 15 de febrero los fiscales –que trabajan también de consuno con Gorriti- y Odebrecht que, según algunos, es muy favorable a la empresa y lesivo a los intereses del Perú.

        Lo que dice Gorriti es que “el 31 de enero de 2009, Rospigliosi presentó una propuesta a Odebrecht, entonces contratista de Kuntur para ofrecer servicios de inteligencia social en las zonas donde pasaría el gasoducto de Kuntur. Lo hizo a nombre de la consultora Capital Humano y Social con la que estuvo vinculado hasta 2017.”

        Eso es cierto. Yo me desempeñaba como consultor de CHS S.A. y envié hace poco más de una década, una propuesta redactada por otro consultor de esa empresa a Kuntur-Odebrecht. CHS S.A., empresa especializada en análisis de conflictos, cursaba propuestas a diversas compañías, como es normal. Algunas se concretaban, otras no. En este caso Kuntur-Odebrecht no aceptó y nunca hubo ningún trabajo que se efectuara para ellos.

        El punto es que de la única fuente que Gorriti pudo conseguir ese correo electrónico con esa propuesta, es de Odebrecht. No existe otra posibilidad. La probabilidad de que lo haya obtenido de la fiscalía –en el caso que la fiscalía se hubiera apoderado de todos los correos electrónicos de Odebrecht- es prácticamente inexistente. Una empresa inmensa, extranjera, con muchos empleados, genera un tráfico electrónico colosal, en una década, millones de correos. Es imposible que la fiscalía pudiera analizarlos –en caso de tenerlos- y encontrar precisamente ese correo de enero de 2009, que además no les sería de ninguna utilidad. Una oferta legal para un servicio legal que no se realizó, a una empresa que no tenía ningún proceso por corrupción, carece en absoluto de relevancia para el Ministerio Público.

        Luego Gorriti miente adrede cuando dice: “No hemos podido encontrar registro de que fuera contratado o no el entonces reciente ex ministro del Interior y ex jefe de Inteligencia. Lo cierto es que ofreció personalmente sus servicios a la entonces prósperamente corrupta compañía.”

        Él sabe perfectamente que ese servicio no se realizó, porque los que le dieron la información, funcionarios y ex funcionarios de Odebrecht, lo saben. Pero además su asistenta  se comunicó con el gerente de CHS S.A. que le confirmó la existencia del correo y le aclaró que la respuesta fue negativa. Pero sibilinamente Gorriti afirma que no lo sabe, para dejar flotando la duda y facilitar a los ayayeros del vizcarrismo realizar una campaña de difamación y mentiras. (Además dice “reciente” ministro y jefe de inteligencia ¡hacía 5 y 6 años respectivamente que había dejado esos cargos!).

        Y falsifica la realidad cuando dice que ofrecí los servicios de CHS S.A. a una empresa corrupta, ¡Cómo si yo o alguien conociera en enero de 2009 lo que hacía Odebrecht en el Perú!

        También me incluye en el mismo paquete que otros periodistas y profesionales que han prestado servicios en el pasado a Odebrecht, cosa que en mi caso no es cierta.

        Gorriti señala los detalles de los contratos de Rafael Hidalgo y Juan Carlos Valdivia, las fechas y los montos, pormenores que solo podían conocerlos los funcionarios de Odebrecht que los contrataron, apuntando a Raymundo Serra como su posible fuente.

        También menciona a Manuel Romero Caro en una situación similar, igualmente con detalles precisos.

        Curiosamente no aparecen en su relación otros periodistas y profesionales con exposición pública, que han mantenido relaciones de trabajo con Odebrecht y que ahora por convicción o cualquier otra razón, permanecen en silencio, evaden el tema o apoyan el acuerdo abiertamente favorable a Odebrecht y a un sector de corruptos, cuyas obras no han sido consideradas en la exigua lista que Odebrecht se ha dignado aceptar.

        En suma, quedan pocas dudas que Gorriti está ahora estrechamente vinculado a funcionarios y ex funcionarios de Odebrecht, que lo abastecen de municiones para atacar a los críticos del acuerdo que ellos defienden con denuedo. La alianza de Odebrecht con Gorriti/IDL-R y los fiscales del caso está funcionando.



.
       








miércoles, 7 de noviembre de 2018

INTOLERANCIA Y ESCASA CONVICCIÓN DEMOCRÁTICA


Los que ocultan el informe de la Comisión Lava Jato del Congreso -y quienes los respaldan- arguyen que es sesgado, incompleto, mal hecho, etc. Puede ser. Pero ¿no deberíamos ser los ciudadanos los que decidamos eso después de conocerlo? ¿Ahora un pequeño grupo de directores y editores determinan lo que los ciudadanos deben conocer? ¿No es noticia el resultado de la investigación congresal sobre el más grande caso de corrupción en el Perú en las últimas décadas? 

En la década de 1990 el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos controlaba los medios de comunicación y determinaba que era lo que los peruanos podían ver, oír o leer (y contaron con el apoyo de la mayoría de la población mucho tiempo). Ahora la coalición antifujimorista decide eso.

Muchos respaldan el silenciamiento del informe Lava Jato por pasión, odio o fanatismo. Pero algunos lo hacen porque son parte del grupo de políticos y empresarios corruptos denunciados en ese informe. Ellos usan la animadversión al fujimorismo para sus propios fines.

De hecho, antes que se conociera el informe, ya era descalificado y censurado.

En el artículo que publiqué el sábado 3 en El Comercio me refería “la pequeña minoría de demócratas”. Eso es lo que hubo antes y lo que hay ahora. No hemos avanzado nada. La intolerancia con una investigación o un punto de vista, o su silenciamiento, son muestras de una pobrísima convicción democrática.

Cuando el péndulo vuelva a oscilar, tendremos más de lo mismo, solo que al revés.

martes, 30 de octubre de 2018

BRASIL: LEVANTAR LA PROHIBICIÓN DE PORTAR ARMAS


        En un editorial el diario El Comercio (“La amenaza que se aproxima”, 20.10.18) formula varias críticas a Jair Bolsonaro, electo presidente del Brasil, algunas de las cuales comparto. No obstante, hay un asunto en el que creo se equivocan radicalmente. Dice:

“Y ya como candidato a la presidencia, el legislador ha planteado algunas propuestas peligrosas, como la de liberar la venta de armas a los civiles. Una mecha peligrosa que podría encender aun más a un país que registra tasas asfixiantes de homicidios (en el 2017, los asesinatos llegaron a la escalofriante cifra de 175 al día).

        En efecto, en Brasil se cometen actualmente más de 60,000 homicidios al año, una cifra pavorosa. Pero vincular eso con la “venta de armas a los civiles” es un error garrafal. Precisamente el Brasil es un ejemplo claro de cómo la prohibición del porte de armas a los civiles no ha mejorado en absoluto la seguridad ciudadana ni los indicadores de violencia.
        En el 2003, al principio del primer gobierno de Lula da Silva se promulgó el Estatuto del Desarme, una ley federal que prohíbe a civiles portar armas de fuego “salvo en casos en los que haya necesidad comprobada, permitir ese porte bajo estrictas condiciones y dejar abierta la posibilidad de suspender ese permiso”. En la práctica la prohibición fue prácticamente total.
        Pero eso no ayudó a mejorar la seguridad ciudadana, ni a disminuir la violencia, ni a reducir los homicidios que han seguido aumentando en los 15 años que tiene en vigencia la prohibición. Desde hace varios años existe un proyecto de ley para modificar el Estatuto de 2003 que es de esperar sea aprobado ahora.
        Una situación similar se presenta en México, uno de los países más violentos de la región, donde el porte de armas está prácticamente prohibido. No obstante, en 2015 se calculaba que había 13 millones de armas ilegales. (El País, España, 13.1.15). Típicamente latinoamericano, leyes durísimas y una floreciente ilegalidad e informalidad.
        Naturalmente, no se trata de incitar a los civiles armarse para enfrentar a los delincuentes. La seguridad es una responsabilidad del Estado y no de los ciudadanos. El punto es que los ciudadanos deben tener la posibilidad de adquirir armas legalmente y con requisitos razonables establecidos por la ley, para deporte, caza, colección o defensa. Prohibir -o restringir excesivamente- el derecho de los ciudadanos a poseer armas no mejora la seguridad pero si propicia la ilegalidad y la corrupción
       

domingo, 29 de octubre de 2017

DESAGRADECIDOS


Pablo de la Flor dejó un muy importante puesto en la actividad privada para colaborar con el gobierno de PPK. Trabajó esforzadamente durante cinco meses poniendo la cara por el gobierno.

Y al final lo dejaron caer de mala manera, a pesar que tenía razón: la mayoría de gobiernos regionales y municipales no tienen capacidad de gestión y están plagados de corrupción.

Ni el presidente ni la premier lo respaldaron.

¡Qué pase el siguiente!