Fernando Rospigliosi
(Publicado en El Reporte, periódico digital dirigido por Mijael Garrido-Lecca, 31 de mayo de 2020)
La estrategia del Gobierno ante la crisis del coronavirus ha arruinado la economía y no ha detenido los contagios ni las muertes. Ha sido un fracaso completo. Y una de las consecuencias será el desborde social que sobrevendrá, en particular un incremento descomunal de la delincuencia y la violencia.
La impresionante cifra de la pérdida de 1 ´216,000 empleos solamente en Lima durante el trimestre de febrero a abril (El Comercio, 16/5/20), es solo un pequeño adelanto de lo que va a ocurrir en el país a consecuencia del desastre que está provocando la absurda cuarentena impuesta por el Gobierno. Millones de peruanos que vivían precariamente, al borde de la pobreza, caerán ahora en la miseria absoluta. Muchas empresas van a quebrar.
El desborde social se va a expresar de diversas maneras. Una de ellas será el incremento de los conflictos sociales y las protestas de diversa naturaleza, que irán acompañadas de manifestaciones de violencia: bloqueos de carreteras y vías urbanas, ataques a la propiedad pública y privada, enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Otra más peligrosa será la de los saqueos a mercados y supermercados, a vehículos de transportes de alimentos y otros bienes, etc.
Y el aumento exponencial de la delincuencia, que recurrirá métodos cada vez más violentos para sus propósitos.
Un adelanto de lo que va a suceder es el incremento de los robos desde principios de abril en Lima. (Perú21, 23/5/20). Al comienzo de la cuarentena los delitos disminuyeron drásticamente por la imposibilidad de circular, el toque de queda y la fuerte presencia de las fuerzas del orden en las calles. Pero aún en cuarentena, durante abril y mayo los delitos han ido creciendo y probablemente seguirán aumentando hasta dispararse exponencialmente cuando finalice la inmovilización obligatoria.
¿Cómo debería enfrentar esta ola delictiva el Estado? A estas alturas ya debería estar planificándose una respuesta que incluya algunos asuntos básicos. En primer lugar, determinar geográficamente los lugares más afectados por la catástrofe económica y los grupos más perjudicados –jóvenes por ejemplo que puedan ser propensos a realizar actos delictivos, para desarrollar programas que den ocupación y alivien la pobreza.
En segundo lugar, en lo que respecta al combate al delito, el Gobierno tendría que concentrarse en los delitos menores, que son los que más afectan al grueso de la población: robos callejeros, arrebatos, asaltos a las viviendas, etc. Eso es lo más difícil de hacer. Para ello hay que fortalecer las comisarías, usualmente lo menos importante en las prioridades del Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional. Eso implica reentrenar a los efectivos que laboran en las comisarías para que brinden una atención adecuada y eficiente a los ciudadanos, de tal manera que se incrementen las denuncias por delitos. Es sabido que la gran mayoría no hace las denuncias porque lo considera una pérdida de tiempo y porque es engorroso. Si no hay denuncias no se puede construir mapas del delito, que son indispensables para una respuesta adecuada.
En tercer lugar, hay que reforzar la investigación criminal a nivel de las comisarías, cosa hoy completamente abandonada. La investigación criminal en la práctica solo existe en las grandes unidades como la Dirincri, y no donde es más necesaria, en los distritos, en las comisarías. A lo único que se le ha dado relativa importancia es al otro elemento indispensable, el patrullaje, pero solo adquiriendo miles de vehículos – muchas veces inadecuados para esa labor- , pero sin distribuirlos donde son necesarios y, sobre todo, sin una planificación precisa de su desplazamiento. Para un patrullaje eficaz se requiere tener un mapa del delito actualizado, lugares, horas de mayor incidencia, etc.
Y junto con eso, en cuarto lugar, se necesita un Centro de Comando y Control (C4) que es increíble que no exista hoy día en Lima, una ciudad de más de diez millones de habitantes. Un Centro que integre cámaras de vigilancia de la policía, los distritos, las empresas privadas, que tenga comunicaciones apropiadas y que sea capaz de reaccionar rápidamente ante las emergencias. Las comunicaciones policiales, por ejemplo, son hoy día muy deficientes, y no por falta de dinero –en años anteriores el Mininter tuvo miles de millones de soles para invertir- sino por corrupción y malas compras, en particular en el nefasto gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia.
En quinto lugar, se requiere aliviar el hacinamiento en los penales, diferenciar a delincuentes primarios de avezados, poner en práctica leyes que ya existen para castigar pequeños delitos con trabajo comunitario, etc.
Estas son algunas ideas que habría que poner en práctica de inmediato. Puede hacerse.
El asunto es que probablemente la respuesta será otra. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que los políticos suelen recurrir a medidas artificiosas que solo empeoran la situación. Por ejemplo, apelarán al populismo penal, aumentar las penas –que en general ya son altas- , cosa que se hace fácilmente y no sirve para nada. Porque primero hay que atrapar al delincuente, luego acusarlo, después probarle el delito y finalmente tener una cárcel donde ponerlo. Nada de eso se hace con rapidez y eficiencia en el Perú de hoy y lo único que se logra es sobrecargar al sistema de justicia inoperante y corrupto, y seguir atiborrando las cárceles que son escuela de delincuentes.
La otra respuesta facilista –y muy popular- es involucrar a los militares en la lucha contra la delincuencia, tarea para la que no están preparados y que, en la experiencia de muchos países de la región, se ha demostrado errada, provocando más problemas que los que resuelve.
Esas son las opciones, habrá que observar el desempeño de las autoridades.
(Publicado en El Reporte, periódico digital dirigido por Mijael Garrido-Lecca, 31 de mayo de 2020)
La estrategia del Gobierno ante la crisis del coronavirus ha arruinado la economía y no ha detenido los contagios ni las muertes. Ha sido un fracaso completo. Y una de las consecuencias será el desborde social que sobrevendrá, en particular un incremento descomunal de la delincuencia y la violencia.
La impresionante cifra de la pérdida de 1 ´216,000 empleos solamente en Lima durante el trimestre de febrero a abril (El Comercio, 16/5/20), es solo un pequeño adelanto de lo que va a ocurrir en el país a consecuencia del desastre que está provocando la absurda cuarentena impuesta por el Gobierno. Millones de peruanos que vivían precariamente, al borde de la pobreza, caerán ahora en la miseria absoluta. Muchas empresas van a quebrar.
El desborde social se va a expresar de diversas maneras. Una de ellas será el incremento de los conflictos sociales y las protestas de diversa naturaleza, que irán acompañadas de manifestaciones de violencia: bloqueos de carreteras y vías urbanas, ataques a la propiedad pública y privada, enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Otra más peligrosa será la de los saqueos a mercados y supermercados, a vehículos de transportes de alimentos y otros bienes, etc.
Y el aumento exponencial de la delincuencia, que recurrirá métodos cada vez más violentos para sus propósitos.
Un adelanto de lo que va a suceder es el incremento de los robos desde principios de abril en Lima. (Perú21, 23/5/20). Al comienzo de la cuarentena los delitos disminuyeron drásticamente por la imposibilidad de circular, el toque de queda y la fuerte presencia de las fuerzas del orden en las calles. Pero aún en cuarentena, durante abril y mayo los delitos han ido creciendo y probablemente seguirán aumentando hasta dispararse exponencialmente cuando finalice la inmovilización obligatoria.
¿Cómo debería enfrentar esta ola delictiva el Estado? A estas alturas ya debería estar planificándose una respuesta que incluya algunos asuntos básicos. En primer lugar, determinar geográficamente los lugares más afectados por la catástrofe económica y los grupos más perjudicados –jóvenes por ejemplo que puedan ser propensos a realizar actos delictivos, para desarrollar programas que den ocupación y alivien la pobreza.
En segundo lugar, en lo que respecta al combate al delito, el Gobierno tendría que concentrarse en los delitos menores, que son los que más afectan al grueso de la población: robos callejeros, arrebatos, asaltos a las viviendas, etc. Eso es lo más difícil de hacer. Para ello hay que fortalecer las comisarías, usualmente lo menos importante en las prioridades del Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional. Eso implica reentrenar a los efectivos que laboran en las comisarías para que brinden una atención adecuada y eficiente a los ciudadanos, de tal manera que se incrementen las denuncias por delitos. Es sabido que la gran mayoría no hace las denuncias porque lo considera una pérdida de tiempo y porque es engorroso. Si no hay denuncias no se puede construir mapas del delito, que son indispensables para una respuesta adecuada.
En tercer lugar, hay que reforzar la investigación criminal a nivel de las comisarías, cosa hoy completamente abandonada. La investigación criminal en la práctica solo existe en las grandes unidades como la Dirincri, y no donde es más necesaria, en los distritos, en las comisarías. A lo único que se le ha dado relativa importancia es al otro elemento indispensable, el patrullaje, pero solo adquiriendo miles de vehículos – muchas veces inadecuados para esa labor- , pero sin distribuirlos donde son necesarios y, sobre todo, sin una planificación precisa de su desplazamiento. Para un patrullaje eficaz se requiere tener un mapa del delito actualizado, lugares, horas de mayor incidencia, etc.
Y junto con eso, en cuarto lugar, se necesita un Centro de Comando y Control (C4) que es increíble que no exista hoy día en Lima, una ciudad de más de diez millones de habitantes. Un Centro que integre cámaras de vigilancia de la policía, los distritos, las empresas privadas, que tenga comunicaciones apropiadas y que sea capaz de reaccionar rápidamente ante las emergencias. Las comunicaciones policiales, por ejemplo, son hoy día muy deficientes, y no por falta de dinero –en años anteriores el Mininter tuvo miles de millones de soles para invertir- sino por corrupción y malas compras, en particular en el nefasto gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia.
En quinto lugar, se requiere aliviar el hacinamiento en los penales, diferenciar a delincuentes primarios de avezados, poner en práctica leyes que ya existen para castigar pequeños delitos con trabajo comunitario, etc.
Estas son algunas ideas que habría que poner en práctica de inmediato. Puede hacerse.
El asunto es que probablemente la respuesta será otra. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que los políticos suelen recurrir a medidas artificiosas que solo empeoran la situación. Por ejemplo, apelarán al populismo penal, aumentar las penas –que en general ya son altas- , cosa que se hace fácilmente y no sirve para nada. Porque primero hay que atrapar al delincuente, luego acusarlo, después probarle el delito y finalmente tener una cárcel donde ponerlo. Nada de eso se hace con rapidez y eficiencia en el Perú de hoy y lo único que se logra es sobrecargar al sistema de justicia inoperante y corrupto, y seguir atiborrando las cárceles que son escuela de delincuentes.
La otra respuesta facilista –y muy popular- es involucrar a los militares en la lucha contra la delincuencia, tarea para la que no están preparados y que, en la experiencia de muchos países de la región, se ha demostrado errada, provocando más problemas que los que resuelve.
Esas son las opciones, habrá que observar el desempeño de las autoridades.
